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INTERNACIONAL / Crisis en Nicaragua
domingo 19 agosto, 2018

“No creemos que el presidente Ortega reabra el diálogo; anda cazando gente”

Azucena Castillo, feminista y comunicadora, denuncia que cientos de mujeres fueron detenidas ilegalmente, tras participar de las manifestaciones. “No sabemos donde están”.

por Agustina Grasso

RECHAZO. Hace cuatro meses que los nicaragüenses salieron a las calles por la libertad de los presos políticos. Foto: cedoc perfil
domingo 19 agosto, 2018

“Hay una buena cantidad de mujeres detenidas como si fueran de alta peligrosidad. Las tienen aisladas, y hasta algunas no sabemos dónde están”, denuncia Azucena Castillo López, periodista reconocida de Nicaragua, con especialidad en género.
Hasta hoy, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) registró 2 mil denuncias por detenciones ilegales desde que comenzaron las revueltas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, el 18 de abril; 448 son las personas fallecidas (315 comprobadas por la CIDH), y más de 2 mil los heridos.
La periodista Azucena Castillo cuenta con más de treinta años de experiencia y asegura que es la primera vez que ve un nivel de violencia como el que se está viviendo en su país en este momento. “La gente no deja de marchar, de reclamar, sobre todo en la Nicaragua profunda, donde hay muchos plantones y presos políticos”. Los procesos arbitrarios se realizan más que nada en las zonas de Managua, Estelí, Masaya, Jinotega, Carazo, León y Chinandega.

Feminismo. “Las mujeres tenemos nuestra propia demanda. Siempre pedimos el derecho al aborto seguro, políticas contra la violencia de género y femicidios. Estamos en una demanda permanente contra todo tipo de violencia. Y tenemos a nuestra representante, Azahalea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua que integra la mesa de diálogo nacional con el gobierno de Ortega. Ella continuamente denuncia las condiciones de las presas políticas, que las tienen aisladas”, aclara Castillo.

Caza. La periodista pone como ejemplo el caso de una docente, que la semana pasada fue convocada a una reunión en la zona de Masatepe (sudeste del país), “pero esa reunión no era tal y la secuestraron. No sabemos dónde está. Por eso, no creemos que se abra el diálogo; Ortega anda cazando a la gente”, remarca con angustia, y relata que hay muchos líderes de los movimientos sociales que están saliendo de Nicaragua rumbo a Costa Rica, pero en la frontera los identifican: “Tienen un sistema de organización territorial, llamado CPC, y detectan a los líderes de los movimientos para que los detengan”.

Divorcio histórico. La periodista cuenta que el enfrentamiento del presidente con las mujeres no es nuevo. “Ortega tiene un divorcio histórico con nosotras ya que apoyamos las denuncias de su hijastra, que lo acusa de abusos sexuales reiterados. Nos tiene marcadas a las feministas. Todas las leyes que logramos siempre las modificó. A los violadores en Nicaragua, bien, gracias. No se cumplen los procesos. Pone y quita jueces”.

Poder eterno. “Ortega no quiere irse del poder. El lo ha expresado. Si bien todo surgió hace cuatro meses por la crisis de la seguridad social, ahora el panorama es más generalizado y se evidencia que la gente se cansó de su abuso de poder, de las reformas en la Constitución que hizo para poder ser reelegido y el control absoluto que tiene del sistema judicial y electoral”, concluye Castillo.

Se cumplen cuatro meses de protestas

Nicaragua cumplió ayer 120 días de protestas. Por eso, el movimiento campesino, junto a otras organizaciones, volvió a copar las calles para manifestar su rechazo al gobierno de Daniel Ortega y exigir la liberación de los presos políticos.
Los autoconvocados denominaron la jornada de protestas “Nada está normal”, como forma de rechazo al discurso oficial, que asegura que Nicaragua ha recuperado “la normalidad” cuatro meses después del estallido social. Los autoconvocados denuncian que las personas que portan la bandera nacional son encarceladas por paramilitares o policías, que merodean las calles encapuchados y armados.
Los organismos internacionales responsabilizan al Gobierno de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, maltratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”.

 


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