Desde Madrid
En el capítulo más negro de la monarquía española del siglo XXI, la infanta Cristina ingresará hoy al juzgado de Palma para declarar ante el juez José Castro, como imputada ante las sospechas que tiene el magistrado de que ha podido “cometer fraude fiscal y blanqueo de dinero”. Esa imagen representará un golpe demoledor para la marca España en el exterior.
Así lo aseguró el propio ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en abril pasado, cuando la infanta fue imputada por primera vez, y luego desimputada. ¿Cómo podrá la infanta persuadir al magistrado de que no estaba enterada de los negocios presuntamente ilícitos que hacía su esposo, Iñaki Urdangarin, responsable del Instituto Nóos, una organización sin fines de lucro a través de la que se embolsó, malversándolos, casi 6 millones de euros de dinero público junto a su socio?
La Zarzuela trabajó muy duro para recomponer la imagen del rey e intentar revertir la aversión que mostraban las encuestas, cuando en plena crisis los españoles se enteraban por la prensa de que su Majestad había sufrido una rotura de cadera divirtiéndose en medio de una excéntrica cacería de elefantes, en Botsuana, Africa, junto a la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Y en cierta forma lo habría revertido, pero el caso Nóos fue un “martirio” para la Casa del Rey.
Entre las estrategias desplegadas para intentar lavar su imagen y despegarse del escándalo Nóos, la hija menor del monarca fue separada de las obligaciones protocolares, y a Palma no la acompañó ningún representante. Sólo sus abogados.
Pero hay más para que la monarquía tenga un poco de alivio. Dentro de la estrategia de transparencia, la reina Sofía y la princesa Letizia hicieron públicos sus salarios. Sin embargo, cualquier cifra que faciliten siempre parecerá descomunal ante las necesidades que están pasando los 6 millones de desocupados que hay en España.
Una imagen vale más que mil palabras, se dice. Y la hija pequeña del rey de España ingresando al tribunal de Mallorca dará la vuelta al mundo: 350 periodistas de 94 medios se acreditaron para la cobertura del caso que sacude a la monarquía española. Se trata del primer miembro de la familia real que es investigado en un proceso penal e interrogado por un juez.
Esta semana, la Casa Real citó a unos cuarenta corresponsales extranjeros, PERFIL, entre ellos, a los que sentó cara a cara con el jefe del Palacio de la Zarzuela, Rafael Spottorno, en un ejercicio de transparencia en el que respondió preguntas sobre la monarquía y recordó que la infanta no toma ya parte en los actos de la Corona.
Los medios españoles se hacen eco de cómo desde Hacienda o la Fiscalía se intentó impedir la comparecencia de Cristina en el Juzgado de Palma, y de lo poco o nada que ayuda esto a revertir la imagen de la institución, consiguiendo todo lo contrario: irritar más aún a los ciudadanos que no pueden llegar a fin de mes. También se habla de cómo, en los últimos años, la ciudadanía comenzó a dar la espalda a la institución monárquica, afianzada en su momento por el papel del rey Juan Carlos en la transición española y, sobre todo, en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
La cuestión es que la infanta no se sentará sola frente al juez. Con ella, estará la imagen de la institución monárquica para dar respuesta no sólo a un juez, sino a toda una sociedad que ha desarrollado un nivel de tolerancia cero a la corrupción que afecta al país. Las últimas encuestas dan cuenta de lo inevitable: la caída en picada de la imagen de la monarquía y la falta de confianza en ella. El 62% de los españoles, por ejemplo, cree que el rey Juan Carlos debe abdicar. Es de imaginar que la foto de la infanta Cristina declarando en tribunales traerá un mayor dolor de cabeza para la realeza.
Esa es la contraimagen que tanto el rey Juan Carlos como Sofía se esforzaron por forjar; el resultado que las encuestas señalan como “un gran golpe en la esperanza de que los españoles apoyen de nuevo a la Corona en la forma en la que lo hacían antes” y “un obstáculo” en el camino del príncipe Felipe hacia la jefatura de Estado