Cuando presentó su proyecto para abrir el sector energético al capital privado luego de 75 años de monopolio estatal, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto se encargó de aclarar que no estaba inventando nada. Petróleos Mexicanos (Pemex) era la única empresa estatal con control total de la producción que quedaba en Latinoamérica.
En los últimos veinte años, la necesidad de inversiones privadas y acceso a la tecnología desplazó al nacionalismo petrolero de las décadas previas y todas las compañías públicas de la región adoptaron modelos de asociación con firmas multinacionales.
Peña Nieto propuso la semana pasada al Congreso una reforma constitucional para permitir que Pemex, símbolo de la soberanía de México desde la nacionalización del petróleo en 1938, celebre contratos de utilidad compartida con capitales privados para la actividad extractiva. El Ejecutivo mexicano se basó en el “aprendizaje exitoso de otros países” como la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela que se asociaron con empresas extranjeras.
¿Por qué las petroleras estatales latinoamericanas tienen esa necesidad? “Lo que ocurre en esta etapa histórica es que se acaba el petróleo barato –explicó a PERFIL el investigador Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad–. Hace más de diez años que no se descubren megayacimientos convencionales en la región y la frontera hidrocarburífera se va corriendo hacia los no convencionales, como Vaca Muerta en la Argentina o el pre sal en aguas profundas en Brasil. Estos recursos requieren enormes inversiones que son difíciles de sostener para las empresas estatales, ya que en su mayoría no cotizan en Bolsa como las multinacionales”.
No es sólo un tema de know how. En Brasil, por ejemplo, Petrobras tiene la tecnología necesaria para la explotación offshore, pero igual necesita el dinero de los inversores privados. Es un fenómeno que no se repite en otras regiones productoras: en el Golfo Pérsico aún abundan las reservas en yacimientos convencionales, lo que permite un mayor control de las petroleras estatales.
Las cosas tampoco fueron siempre así. Inspirados en las ideas de Lázaro Cárdenas y Enrique Mosconi, casi todos los países latinoamericanos crearon empresas del Estado que monopolizaron el sector hidrocarburífero durante la segunda mitad del siglo veinte. En Brasil, el capital privado quedó fuera de la explotación desde la creación de Petrobras en 1953 hasta 1995. En Venezuela, Pdvsa tuvo el monopolio desde su fundación en 1975 hasta 1991. La Argentina es un caso aparte, ya que YPF nunca llegó a tener el control total sobre el sector.
Hoy, las formas de asociación con el capital privado varían entre concesiones, joint ventures y contratos de utilidad o producción compartidas. Gigantes multinacionales como Chevron, Exxon, Shell y British Petroleum operan en la región. “Ya nadie dice que firmar contratos con empresas extranjeras lesiona la soberanía nacional –sostuvo Bronstein–. La discusión ahora pasa por cómo se reparten las ganancias, cuánto le corresponde al Estado y qué regalías les cobra a los privados. Lo que hay que ver es lo que se firma en cada contrato”.
