La nueva masacre se produjo ayer por la madrugada en una cárcel de Boa Vista, capital del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana, por un supuesto ajuste de cuentas de integrantes de la facción Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor del país, con la organización Familia do Norte (FDN), según explicó el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes.
La matanza en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo (PAMC), la mayor de Roraima, ocurrió cinco días después del sangriento motín en en el Complejo Penitenciario Anisio Jobim de Manaos, en Amazonas, que dejó al menos 56 muertos. En aquella oportunidad, la FDN, aliada del Comando Vermelho, segunda organización criminal de Brasil, con base en Río de Janeiro, buscaba diezmar al PCC, con gran poder en San Pablo. Tras la reyerta, las autoridades separaron a los integrantes de ambos clanes, que rompieron sus lazos en 2016 tras un pacto de no agresión que funcionó durante años.
Pero ayer el horror volvió a apoderarse del norte de Brasil, cuando se conoció que el PCC se vengó de la matanza del 1º de enero. Según O Globo, treinta de las víctimas fatales fueron decapitadas, algunas cuando aún estaban con vida. Los crímenes fueron grabados por los presos y, luego, difundidos a través de WhatsApp. “Esta es la respuesta para ustedes. Mataron a nuestros hermanos en Manaos y ahora van a pagar por eso”, afirmó uno de los asesinos hablando a cámara.
Otro de los detonantes de la tragedia habría sido la sobrepoblación carcelaria. La cárcel de Roraima alojaba a 1.700 personas, pero sólo contaba con capacidad para 700 plazas.
Crisis. Tras la tragedia en Manaos y Boa Vista, la segunda y tercera más grande de la historia, el presidente de Brasil, Michel Temer, puso a disposición del estado de Roraima “todos los medios federales” para “auxiliar” en las labores de seguridad. Con 622 mil presos –un 67,3% más que su capacidad para alojar detenidos–, Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia.
Para contener el colapso carcelario, el Gobierno presentó este jueves un Plan Nacional de Seguridad Pública, que fue detallado ayer por el ministro de Justicia y comenzará a ser aplicado a partir de febrero. El plan busca reducir los homicidios, combatir el crimen organizado y modernizar el sistema penitenciario, que sufre graves problemas de hacinamiento.
En el marco de la iniciativa, De Moraes anunció la creación de una base de datos con informaciones sobre el número de presos que hay en cada cárcel y por qué fueron condenados, así como un banco de ADN y de huellas digitales. “No soluciona nada construir presidios si no hay equipamientos de seguridad”, dijo.
Según datos de Human Right Watch, la población carcelaria creció un 85% entre 2004 y 2014, y el 40% de los presos está a la espera de un juicio y convive junto a reos ya condenados. La situación en las cárceles amenaza con lesionar aún más la deteriorada imagen del presidente Temer.
