En un artículo publicado en el diario Clarín con motivo del 189º aniversario de la usurpación británica de nuestras islas Malvinas, Andrés Cisneros, afirma –y propone– como verdad revelada la misma política que él siguió con el gobierno británico cuando fue vicecanciller de Carlos Menem.
Cisneros propone que “podríamos trabajar cooperativamente explotando conjunta o coordinadamente los recursos y suspender todo enfrentamiento, con el acuerdo de que dentro de 15 o veinte años ambas partes evaluarán el comienzo de la discusión sobre la soberanía”. Los resultados de tales políticas, cuando se intentaron avanzar, solo sirvieron a una sola de las partes en la controversia mientras mantenía sus actos unilaterales contrarios a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La propuesta de Cisneros de esperar a que la Argentina, en algún futuro incierto, se transforme “en un país con un PBI importante, aliada con potencias que se nos parezcan y, sobre todo, cuando el mundo verifique que somos un país civilizado” no se condice con los hechos históricos. A fines del siglo XIX, cuando la Argentina tenía una de las primeras economías y era un jugador de peso mundial, ofreció resolver la cuestión de la disputa de soberanía al Reino Unido cuatro veces, por medio de arbitraje internacional. El Reino Unido se negó sistemáticamente tal y como la hecho siempre desde 1833. Con impostado lenguaje anticolonialista, Cisneros favorece la política que conviene al Reino Unido y que es mantener el estatus quo hasta que la potencia colonial acepte por su sola voluntad cumplir con sus obligaciones internacionales.
Sin lugar a duda, la propuesta de Cisneros es cómoda y no tiene costo alguno para quien la realiza y goza de cierta simpatía en aquellos sectores que creen que nuestro país es un ejemplo de todo lo malo del mundo. Sin embargo, se trata de una propuesta irresponsable porque traslada el peso de su posible resolución hacia las generaciones futuras. Este año se cumplen cuarenta años de un conflicto armado que truncó la vida de miles de jóvenes y sus familias. No podemos permitir, ni por su sacrificio, ni por su memoria, no hacer nada concreto para avanzar en la solución de la controversia. Una política responsable es hacer frente a los problemas buscando soluciones, no dejándolos para un futuro incierto.
Cisneros critica de forma velada la estrategia histórica que ha permitido a la Argentina, aun después de 189 años de haberse visto violada su integridad territorial y de innumerables avatares internos, nunca haber consentido el despojo británico y haber mantenido incólume nuestros derechos. La posición argentina está fundada en sólidos argumentos jurídicos. Si las Malvinas son argentinas es porque el derecho le dá la razón. Quitar el eje de la cuestión jurídica para llevarlo al ámbito de lo político o de lo práctico ha sido la posición que el Reino Unido ha mantenido históricamente para evitar resolver la cuestión de soberanía.
La postura de Cisneros es funcional a la seguida por el gobierno británico a lo largo de la historia. Cabe recordar lo dicho por el propio embajador británico en la Argentina en 1928: “En cuanto a las islas Malvinas, siempre he considerado que nuestra reivindicación de las islas era muy débil. En realidad, se basa en la fuerza y nada más” o al propio historiador británico autor de la historia oficial del conflicto del 82: “Lo que siempre ha sido el caso con las Falklands (sic) es que el derecho ha importado mucho menos que el poder y la determinación a la hora de decidir su dueño”.
La política de la República de Mauricio que tiene una controversia con el Reino Unido comparable a Malvinas (el archipiélago de Chagos) también es catalogada de “juridicista”. Este pequeño Estado del océano Indico, que alcanzó su independencia en 1968 apela a todas las herramientas que el derecho internacional le ofrece. Ha logrado que la Asamblea General de la ONU, la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar reconozcan su soberanía sobre el archipiélago de Chagos y ha dejado al Reino Unido aislado como un Estado en flagrante violación del derecho internacional. Está en mejores condiciones para lograr la restitución de su territorio.
El ex vicecanciller menemista sostiene que sobre Malvinas no tenemos “una política de Estado” y que esto genera una “absurda división entre los argentinos e impide formar un frente común ante el peligro extranjero”. Olvida que se ha dado un paso histórico en la conformación de tal política que dotará a la posición argentina de una fortaleza sin precedentes: en 2020 se aprobó por unanimidad del Congreso la Ley 27.558 que creó el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, órgano plural y multidisciplinario donde se encuentran presentes representantes de los principales partidos políticos, del mundo académico, de los ex combatientes y de la provincia de Tierra del Fuego.
Finalmente, el respeto del modo de vida de los habitantes y sus intereses son parte esencial de la solución de la disputa de soberanía, pero sin necesidad de disminuir nuestro reclamo mientras atendemos los mismos. Que los habitantes actuales de las islas Malvinas no constituyan un pueblo separado titulares del derecho de libre determinación no quiere decir que no gocen de otros derechos. La Argentina se ha comprometido con ellos en variadas oportunidades: el año pasado se cumplieron cincuenta años del Acuerdo de Comunicaciones que contribuyó significativamente a la prosperidad de los isleños, y promovió el establecimiento de vínculos sociales, culturales y económicos que perduran en la memoria de un lado y otro del mar. En esta misma línea, en el contexto creado por la pandemia, y contrariamente a la indiferencia de Londres y de la elite británica de las islas, la Argentina ha ofrecido vuelos humanitarios con aerolínea de bandera para transportar residentes de las islas Malvinas que necesiten viajar a otros destinos para atender trámites personales o visitar a sus familiares.
Todas estas acciones fueron realizadas con el firme compromiso de cumplir con el objetivo central e irrenunciable fijado por la Constitución Nacional: la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, respetando el modo de vida de los habitantes y en el marco del Derecho Internacional.
Cisneros propone convivir con la disputa. Lo que es tanto o más irresponsable que la acción de negarla, como lo realiza el Reino Unido, o como aquellos que se oponen a cualquier tipo de acción que pueda romper el estancamiento en el que se encuentra la controversia desde 1982. Debemos perseguir concretamente su solución como lo hacen los Estados que confían en su posición jurídica y en la justeza de sus reclamos.
*Abogado en derecho internacional y docente universitario (UBA-UP-ISEN). Es co-autor junto a Marcelo Kohen del libro Las Malvinas entre el Derecho y la Historia.
