Tres personas mueren cada día en promedio en Nicaragua a manos de la Policía y grupos armados paramilitares, y la cifra va en veloz aumento. La mayoría de las victimas fueron "ejecutadas o asesinadas" por las fuerzas gubernamentales, informó Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Al cumplirse exactamente dos meses del inicio de la crisis, la peor que ha enfrentado el país en décadas, otros organismos humanitarios registraban hasta ayer 215 muertos y más de 1.400 heridos. El Gobierno apenas reconoce 46 fallecidos. "El promedio es de tres muertes por día. No paramos de contar muertos porque la familia en el poder no para de matar", afirmó Carrión.
Mientras tanto, tres comisiones de trabajo creadas en el marco del diálogo nacional entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica se reunieron para trabajar los temas de verificación y paz, asuntos electorales y democratización. La Conferencia Episcopal sirve de mediadora y testigo del proceso.
El director de las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea, Hugo Sobral, visitó el país el 15 y 16 de junio y se reunió con representante del Gobierno, de la sociedad civil y de la Iglesia. Ante la prensa, reiteró la necesidad de cesar la violencia, transmitió su pesar por las víctimas del conflicto y consideró positiva la constitución de las mesas de diálogo, encaminadas a garantizar la democratización del país.
Mientras, en Ginebra, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, dijo que “la gravedad de la situación en Nicaragua bien podría merecer la creación de una comisión de investigación internacional". El príncipe abogó por el fin de la violencia.
Como parte de los acuerdos del diálogo, el Gobierno se comprometió la semana pasada a invitar al alto comisionado de la ONU, a una misión de la UE y a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigará las muertes y sucesos violentos en el país.
La crisis comenzó el pasado 18 de abril, cuando una pequeña protesta estudiantil dio paso a la más grave crisis en la historia del país desde la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979. Se manifestaban contra una reforma al Seguro Social que afectaba a miles de trabajadores y jubilados.
Las manifestaciones se extendieron a 14 ciudades del país y cobraron fuerza debido a la violenta acción de la Policía y grupos paramilitares contra civiles desarmados, que siguen protestando a diario.
Las protestas las protagonizan estudiantes, trabajadores, comerciantes, pequeños empresarios y campesinos. Del lado del Gobierno actúan policías uniformados y de civil, activistas del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y paramilitares bajo un mando paralelo de la Policía. Este último grupo incluye a pandilleros ("maras") y francotiradores que aterrorizan a las ciudades con saqueos y ataques nocturnos.
Jóvenes, trabajadores de la ciudad y campesinos resisten los ataques del Gobierno sin armamento y sin una dirección política o militar. Sus armas son piedras y bombas caseras. Situada a sólo 25 kilómetros de Managua, la ciudad de Masaya funciona como un "territorio liberado", rodeado por "tranques" y barricadas que las fuerzas del Gobierno no han podido destruir. El jefe de la Policía no puede salir del cuartel, que permanece vigilado por los manifestantes.
Los manifestantes actúan mediante "tranques", o retenes de piedras, troncos y adoquines, colocados sobre carreteras para impedir el tráfico y bloquear fundamentalmente el comercio terrestre regional. Según dirigentes campesinos que dirigen este sector de la protesta, hay más de 140 "tranques" en las 16 provincias del país, que impidieron el paso de más de 6.000 furgones de carga de distintos países de Centroamérica.
Según el Gobierno, 46 personas murieron desde que iniciaron las protestas, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reporta al menos 127 muertos y más de 1.200 heridos. El Ejército, en tanto, aseguró que se mantendría al margen del conflicto y que sólo vigilaría "objetivos económicos estratégicos" como el aeropuerto internacional, los puertos e instituciones importantes.
