Este 6 de noviembre se cumplen 45 años de la misión que Amnistía Internacional envió a la Argentina para investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el último gobierno militar. La misión estaba integrada por Lord Avebury, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, Robert Drinan, diputado del Congreso de los Estados Unidos, y Patricia Feeney, representante del Secretariado Internacional con sede en Londres.
La conclusión de los delegados, registrada en el informe que se publicó al año siguiente, fue que el gobierno militar había incurrido en cientos de detenciones ilegales, asesinatos y deportaciones de exiliados que se refugiaban en el país. También se comprobaron ejecuciones en masa, uso extendido de la tortura y desaparición forzada de personas. Lejos de negar las acusaciones, varios funcionarios del gobierno las reconocieron de manera implícita. Creían que sus crímenes estaban justificados en el contexto de la “guerra” que estaban librando contra la “subversión”. Una guerra contra sus propios ciudadanos.
En su conjunto, el informe de Amnistía brinda un escalofriante testimonio de los horrores que sobrevienen cuando se suprimen la democracia y el Estado de derecho. Pero es también una muestra del enorme poder del activismo y la solidaridad a través de las fronteras. En perspectiva histórica, la misión de Amnistía inició un proceso de condena internacional del que participaron muchos otros organismos internacionales y varios gobiernos. Si bien la presión externa no fue decisiva para la caída del régimen, contribuyó a mitigar los abusos, salvando miles de vidas. A partir de 1977, los asesinos sabían que el mundo los vigilaba. Poco a poco, el trabajo de cientos de personas dentro y fuera del país fue abriendo camino para el retorno de la democracia. Confrontada con sus propios horrores, la sociedad argentina estaba preparada para decir “Nunca Más”.
Campaña. La misión de Amnistía a la Argentina no fue un hecho aislado ni casual. El Secretariado Internacional venía siguiendo con atención la situación en el país desde hacía tiempo. En 1977 Amnistía cursó varias comunicaciones a las Naciones Unidas sobre el tema y, poco antes de la visita, lanzó una campaña internacional para presionar a la Junta Militar. Como parte de esa “Acción Urgente” el gobierno argentino recibió una avalancha de cartas enviadas desde todo el mundo solicitando la liberación de presos políticos y el fin de los abusos. Todo esto hizo que los expertos se preguntaran por qué el gobierno militar aceptó una visita oficial de esta organización. Es posible que la Junta quisiera mejorar su imagen frente a la comunidad internacional, pero la hipótesis más firme al día de la fecha es que esperaba obtener información sobre las fuentes del “enemigo”. Los caminos del mal son infinitos.
La visita de los delegados duró nueve días y estuvo plagada de dificultades. Desde su llegada misma, los investigadores debieron soportar el acoso de supuestos agentes de seguridad fuertemente armados que los escoltaron de manera permanente, interfiriendo en sus actividades y amedrentando a los testigos.
El informe resultante se divide en ocho secciones que analizan los cambios en la legislación, las torturas y desapariciones, la situación en las cárceles y el tratamiento de los refugiados extranjeros que habían buscado asilo en el país. Además de esto, contiene una extensa lista de personas desaparecidas entre marzo y diciembre de 1976 y varios apéndices que abordan asuntos particulares, como el accionar de los Consejos de Guerra, la situación en el Penal de Villa Devoto y la actividad de las fuerzas de seguridad uruguayas en el territorio argentino. En sus recomendaciones finales, Amnistía realiza varias solicitudes al gobierno y exhorta a las Naciones Unidas a enviar una misión oficial al país de manera urgente.
Aunque el informe se ocupa mayormente de los crímenes del gobierno militar, los sitúa en un contexto de violencia más amplio que se retrotrae a 1966.
El poder del activismo. El aniversario de la misión de Amnistía brinda una excelente ocasión para reflexionar sobre la importancia del activismo y la solidaridad internacional. En efecto, a pesar de las persecuciones y el terror, hubo varios grupos locales que denunciaron los crímenes de Estado, tanto dentro como fuera del país. Las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que reclamaban la aparición con vida de sus familiares son las más emblemáticas, por supuesto. Pero muchas otras instituciones jugaron un papel importante. Una mención especial merecen la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), liderado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. El activismo de estos grupos y la repercusión de sus reclamos resultaron cruciales para romper el cerco de silencio impuesto por los asesinos. Fueron muchas las personas que arriesgaron su vida para que las víctimas no estuvieran solas y los crímenes no cayeran en el olvido.
La comunidad internacional también hizo su aporte. Además de las misiones de Amnistía y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre 1976 y 1979 Argentina recibió visitas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, del Comité de Abogados por los Derechos Humanos, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Asociación de Abogados de Nueva York y del Parlamento de Canadá. En Francia y Holanda se organizaron protestas en apoyo a las Madres y la financiación internacional para apoyar a las organizaciones de derechos humanos que trabajaban en el país fluyó desde instituciones públicas y privadas. Bajo la administración Carter, y dando un giro de 180 grados respecto de su política previa, el gobierno de los Estados Unidos ejerció presión activa sobre el régimen, igual que lo hicieron los gobiernos de Francia, Suecia y Holanda. Y aunque la URSS, aliada de la Junta Militar, bloqueó sanciones más severas, las Naciones Unidas pasaron dos resoluciones de condena contra el Estado argentino en 1976 y 1978 y establecieron un Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en 1980.
A través de las fronteras. Más allá de sus obvias limitaciones, el poder de la solidaridad internacional nunca debe subestimarse: según la información disponible, la atención internacional provocó que las violaciones de derechos humanos se redujeran drásticamente en 1979, tras la visita de la Comisión Interamericana.
La adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un evento profundamente revolucionario a nivel del derecho y las relaciones internacionales. Legalmente, puso fin al paradigma soberanista que acompañó al sistema de Estados moderno desde su surgimiento en 1648. Pero, además de un cambio en el orden institucional, la Declaración Universal propició una nueva consciencia sobre las obligaciones que los derechos humanos imponen a través de las fronteras. Como dicen los documentos internacionales, la realización universal de los derechos humanos es un objetivo común de todos los pueblos. Todos los abusos, todos los crímenes y todas las dictaduras deben condenarse siempre y en todas partes, no importa cuáles sean sus banderas ni su signo ideológico. Negar este imperativo es despojar a los derechos humanos de su esencia misma y anular su razón de ser. Por eso, los gobiernos y los activistas de la región no deben callar, disimular ni disculpar las atrocidades que en este mismo momento se cometen en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ninguna causa puede estar por encima de la dignidad humana. Videla, Pinochet y Stroessner fueron asesinos abominables; Díaz Canel, Ortega y Maduro también lo son. No abandonemos a sus víctimas. La vela de Amnistía arde por ellos.
*Doctor en Filosofía, Consejero académico de CADAL y ex presidente de Amnistía Internacional Argentina (2007-2011).
