OPINIóN
EE.UU.

Acción afirmativa: todos pierden

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Protesta. La educación que vendrá ahora, en un entorno menos diverso, será peor. | cedoc

Entre 1948 y 1992 rigió en Sudáfrica un régimen conocido bajo el nombre de apartheid, que significa “separación” en afrikáans. Este es un sistema de opresión por el que la minoría blanca ejerció el sojuzgamiento de la mayoría negra nativa de ese país por medio de la segregación de las razas en escuelas, transporte, playas, hospitales y otros establecimientos públicos.

Estados Unidos también contó con un régimen de apartheid por el que, en este caso, una minoría negra vivió sojuzgada y segregada durante siglos y continúa sufriendo las consecuencias de ese trato hasta el día de hoy. Entre 1526 y 1867, alrededor de 450 mil africanos fueron capturados y trasladados por la fuerza desde su continente hasta lo que hoy son los Estados Unidos para trabajar bajo un régimen de esclavitud sobre todo en el sur del país. Luego de la Guerra Civil, en 1865, la esclavitud fue abolida. Poco tiempo después, se introdujo en la Constitución Federal la famosa Enmienda 14 que establece que todas las personas son iguales ante la ley. Pese a este enorme avance, la opresión de la minoría negra continuó bajo un sistema de segregación racial introducido por medio de un conjunto de leyes denominado “Jim Crow” que establecía la separación de las razas en escuelas, baños, autobuses y establecimientos de acceso público. Este sistema de segregación racial fue legitimado por la Corte Suprema cuando en 1896 sostuvo que la separación de las razas no violaba la Enmienda 14, pues mientras todos pudieran ejercer sus derechos, la igualdad estaba asegurada. La doctrina se llamó resumidamente “separados, pero iguales”. No fue hasta 1954, que el propio Tribunal modificó su criterio, determinó que la segregación era inconstitucional y ordenó desmantelarla del sistema escolar por medio de la decisión tomada en el famoso y central caso Brown v. Consejo de Educación.

La abolición de la esclavitud y, luego, la extinción del sistema de Jim Crow, no impidieron que la minoría negra siguiera padeciendo un régimen de sojuzgamiento y exclusión, a veces, por medio de leyes estatales y muchas otras como consecuencia de prácticas sociales. Los efectos de años de exclusión y sometimiento se hacían y se hacen sentir en la vida cotidiana. Por ejemplo, hasta la década de 1960, era prácticamente imposible para una persona negra ingresar a las mejores universidades del país, ya sea por los efectos individuales de la desigualdad estructural que la dejaban en inferioridad de condiciones, o el racismo incrustado en las prácticas y decisiones de quienes gobernaban esas instituciones. Frente a este hecho, universidades como Harvard implementaron políticas denominadas de acción afirmativa, por las cuales un cupo mínimo de ingresantes debían ser personas de raza negra. La finalidad de este tipo de medidas, avaladas por la Corte Suprema en 1978, consistía en revertir las consecuencias de siglos de exclusión, los efectos de una estructura social de castas y las prácticas racistas. Son miles los que alcanzaron posiciones de relieve gracias al impacto de esas políticas, como algunos de los jueces de la actual Corte Suprema o el expresidente Barak Obama, algo imposible de lograr en ese contexto sin las acciones afirmativas.

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El 29 de junio pasado la Corte Suprema decidió en dos casos, contra las universidades de Harvard y Carolina del Norte, que esas políticas de acción afirmativa violaban el principio de igualdad ante la ley, perjudicando a aquellos que no eran comprendidos por ellas. La decisión es un golpe al corazón de años de trabajo realizado con el objeto de revertir siglos de opresión a la comunidad negra y otras minorías históricamente sojuzgadas. Las consecuencias de estas decisiones son aún imprevisibles, pero seguramente serán negativas para las minorías beneficiadas por esas políticas. No es difícil imaginar que, en el corto plazo, en muchas universidades del país, como sucedía antaño, ya no encontremos afroamericanos o latinos en sus aulas y corredores. Pero no son solo los miembros de estos grupos los que se verán perjudicados, sino que la educación que recibirán los estudiantes finalmente admitidos en un entorno menos diverso y rico en perspectivas será claramente más o pobre y seguramente peor.

*Profesor de Derecho Constitucional y Director de la Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.