En Argentina contamos desde 2009 con la Ley 26.571 que estableció las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Se trata de una reforma que, acompañando procesos similares en otros países de la región, buscaba abrir los partidos políticos a la participación ciudadana amplia al momento de elegir los candidatos.
Si bien las PASO no han cumplido plenamente con todos sus objetivos debemos pensar cómo mejorarlas en vez de suspenderlas o reemplazarlas por mecanismos de dudosa legitimidad. Es que lamentablemente, como ya es habitual, a las puertas del proceso electoral, algunos dirigentes políticos comenzaron a cuestionar la conveniencia de alterar las reglas electorales.
Al igual que en 2021, los gobernadores que responden al oficialismo nacional solicitan la suspensión de las primarias nacionales bajo el argumento de su costo económico. Lo llamativo es que esos mismos gobernadores frenan la sanción de la boleta única de papel en el Congreso Nacional, que permitiría bajar el gasto electoral y al mismo tiempo, aumentar la transparencia.
Si bien las PASO han permitido ordenar la oferta electoral alrededor de coaliciones y en muchos casos democratizar la competencia interna, es cierto que no ha sido lo habitual en la categoría presidencial. Pareciera que si hay competencia dentro de una agrupación sería indicio de una ruptura, cuando en realidad la ley está justamente pensada para fomentar la democracia interna y que las candidaturas se diriman con el voto de la ciudadanía. De hecho, otros países más entrenados en el ejercicio de la democracia interna como Chile, Estados Unidos y Uruguay, demuestran que se puede hacer uso de las primarias sin dramatizar. Así sucedió también en las primarias de Cambiemos en 2015. Pero en todo caso, deberíamos pensar en reformas que fomenten la competencia, como la fórmula presidencial abierta, de forma que la candidatura a la vicepresidencia pueda integrar por ejemplo, a alguien derrotado en las primarias de la agrupación.
Suspender o derogar abruptamente las PASO, a sólo meses de que comience el proceso electoral generaría un vacío normativo e incertidumbre sobre cómo las agrupaciones seleccionan a sus candidatos, aspecto regulado por prácticamente todas las democracias de la región. Si observamos lo que sucede en las provincias con mecanismos de selección alternativos, el panorama es más sombrío. En San Juan, por ejemplo, este año se suspendieron las PASO para reemplazarlas por el sistema de doble voto simultáneo, conocida popularmente como “ley de lemas”. Se trata de un claro retroceso, porque es un mecanismo que ha mostrado su fracaso en la década del 90. En primer lugar, porque tergiversa la voluntad popular, ya que la ciudadanía no sabe a quién está votando en última instancia. Y también porque se fracciona la oferta en la elección general generando confusión en el cuarto oscuro y faccionalismo partidario. Estos problemas fueron detectados por la propia Corte Suprema de Justicia. Basta con observar a las provincias donde la ley de lemas aún sigue vigente para darnos cuenta de que no son precisamente ejemplos de calidad democrática.
El ámbito de discusión para cualquier reforma debe ser el Congreso Nacional, con el consenso de las distintas fuerzas políticas. Así fue en 2021 cuando, a pesar de algunos impulsos de suspensión unilateral, se acordó una prórroga para celebrar las primarias en un mejor contexto sanitario. Ahora nuevamente debemos pensar, en todo caso, cómo mejorar las PASO y evitar falsos argumentos que solo nos llevan a caer nuevamente en reglas engañosas que ya han fracasado. No es una suspensión a las apuradas ni mucho menos la ley de lemas el camino para un voto informado y un sistema de partidos institucionalizado.
* Ex Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación (2015 -2019).
