Se escuchan cada vez menos voces disonantes sobre la necesidad de replantear los planes sociales y transformarlos en puestos de trabajo. El arco político y la calle están de acuerdo con cambiar el destino de los subsidios y ocupar en actividades productivas a los 5 millones de beneficiarios que los reciben sin contraprestación laboral.
Los dirigentes de algunas de las organizaciones identificadas como de “piqueteros”, que encabezan las marchas de protesta por estos días, reclaman la universalización e incremento de los programas sociales de trabajo y que se resuelva el problema de los alimentos.
El desafío estructural que deberá acometer la dirigencia argentina, tanto pública como privada, consiste en modificar la matriz de la clase económicamente activa a través de una política de empleos.
Los últimos datos muestran que por cada desocupado hay 2 trabajadores informales, 3,5 “planeros” y más de 10 empleados registrados, mitad sector estatal y mitad sector privado.
Pero que, además, la generación de nuevos puestos en el sistema productivo nacional se encuentra en los niveles de 2011, al no haber crecido desde entonces la economía real ni la inversión bruta interna y mucho menos externa.
La recuperación de los efectos que tuvo la pandemia del coronavirus en esa “normalidad” del estancamiento, con el auge del empleo público y las actividades independientes para compensar el quedo privado, deja poca tela para cortar en cuanto a las posibilidades generales de la industria y los servicios registrados de expandir las plantillas de personal.
Al comenzar 2022, con la novedad de las consecuencias globales que está teniendo la guerra en Europa del Este, nuestra tasa de desocupación, que había descendido al 7%, contrasta con un nivel de pobreza del 37,3% que marcó el segundo semestre de 2021.
La que sí cobró relevancia ha sido la llamada economía social y popular, que en la Ciudad de Buenos Aires abarca a unas 413 mil personas (casi 1 de cada 5 trabajadores) y está compuesta por unos 1500 emprendimientos que integraron cadenas solidarias de producción.
Fomentar su desarrollo para que esas fuentes de trabajo crezcan y se vayan incorporando al sistema productivo institucionalizado requiere principalmente de inversión en maquinaria, digitalización e inserción a las cadenas de valor.
El escalón intermedio de este impulso ha sido la creación de un fondo de financiamiento público-privado (Fondes) que lanzó la Ciudad de Buenos Aires y para el que el Banco Ciudad formó un fideicomiso, y por otra parte aporta líneas de crédito destinadas a cooperativas y microemprendedores.
La expansión de estas 1500 unidades productivas que ya figuran en el Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social (Rupepys), más el surgimiento de 2 mil nuevos emprendimientos que el proyecto del Gobierno de la Ciudad prevé que se agregarán para cuando finalice el 2022, configuran un multiplicador nada desdeñable de potenciales empleos para el medio millón de personas que viven dentro de este universo en el ámbito porteño: un tercio son desocupados, la cuarta parte asalariados informales, otro tanto cuentapropistas no profesionales; y en menor medida prestadores de servicio doméstico; asalariados no profesionales que hacen sus propios aportes y trabajadores familiares.
Además de los programas de capacitación en curso y de la asignación de mentores para ampliar las herramientas de comercialización a los canales institucionalizados, se presenta una enorme oportunidad de que el crecimiento de los emprendimientos de la economía social redunde en más y mejores puestos de trabajo que contribuyan a absorber los planes sociales. O sea, que empleos sustentables absorban planes. Por supuesto, es necesario un marco de factores fundamentales, que siguen siendo: la estabilidad, el incremento de las inversiones, el crecimiento sostenido y la mejora en las expectativas generales.
*Vicepresidente del Banco Ciudad.
