El pasado jueves 22 de abril, en el Día de la Tierra, el presidente Alberto Fernández participó de la Cumbre de Líderes sobre Cambio Climático, a la que fue invitado por el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La Cumbre reunió a 40 líderes mundiales que reconocieron la urgencia de la crisis climática que atravesamos, “la crisis existencial de nuestro tiempo”, como la llamó Biden. A principios de esta semana, la ONU publicó un nuevo informe alertando sobre la tragedia climática y afirmando que en el año 2020, sumado a la crisis ocasionada por el COVID-19, el calentamiento global siguió aumentando, así como los desastres naturales que este conlleva. Ya es de público conocimiento que el incremento de emisiones de gases invernadero liberados en la atmósfera están incrementando la temperatura del planeta e impactando directamente en las condiciones de vida de los seres humanos. Lo que no todos reconocemos es que estos fenómenos no impactan de manera uniforme en la población.
Se estima que más de 130 millones de personas viviendo en economías en vías de desarrollo podrían ser empujadas a la pobreza extrema como consecuencia del cambio climático para el 2030. En un país donde 42% de la población vive en contextos de vulnerabilidad y 10.5% de la población bajo la línea de indigencia, identificar la conexión entre cambio climático y pobreza es cada día más importante.
En el primer día de la Cumbre Alberto Fernández declaró: “La crisis ecológica y la crisis social son dos caras de la misma moneda”. Esto se evidencia cuando las sequías, las inundaciones y los incendios resultan cada vez más recurrentes y de esta manera afectan desproporcionadamente a las personas de bajos recursos que viven en contextos vulnerables, como asentamientos informales o zonas rurales que están más expuestas a desastres naturales. Sumado a esto, las disrupciones en el acceso y en los precios de los alimentos generados por estas catástrofes influyen negativamente en la economía familiar de estos sectores, aumentando el hambre y acelerando el ciclo de la pobreza.
Ahora, si reconocemos que la relación entre ambas variables es tan directa, es también nuestro deber reforzar el compromiso de incluir a estos sectores en la lucha contra el cambio climático. En el caso de la Argentina, esto debe ser una de las prioridades del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación que se presentará en la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP 26), a realizarse en octubre de este año en Glasgow, Escocia.
Todos los programas sociales y estrategias de reducción de pobreza deben incluir una óptica ambiental para que sean realmente inclusivos en el corto, mediano y largo plazo.
Para dar un poco de contexto, cuando hablamos de respuesta al cambio climático, hay dos tipos de acciones a seguir. Mitigación, que implica evitar y reducir la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos en la atmósfera que generan el calentamiento global, y adaptación, que significa cambiar prácticas, sistemas y comportamientos para que las personas puedan justamente adaptarse a aquellos impactos del cambio climático que resultan inevitables. Es necesario apoyar a los sectores vulnerables en la planificación e implementación de acciones de adaptación a estos efectos, y asegurar que una mayor proporción de los fondos asignados lleguen a las comunidades locales para fomentar su resiliencia.
En segundo lugar, debido a que quienes sufren la pobreza a diario están desproporcionadamente afectados por la crisis climática, son estos sectores quienes también han adquirido un mayor conocimiento de sus impactos y consecuencias. Incluso, en algunos casos, ya han desarrollado métodos de adaptación sumamente admirables ante las amenazas del calentamiento global. Hay mucho para aprender y replicar de movimientos de base y comunidades indígenas en América Latina que se han organizado colectivamente para adaptarse a los efectos del cambio climático, desde el incremento de las temperaturas, el derretimiento de los glaciares o la dificultad de acceso al agua, y mejorar así su bienestar.
Por último, es esencial apoyar a estos sectores para que puedan acceder a empleos dignos y actividades productivas que tengan un impacto positivo en el ambiente y que no contribuyan directamente al empeorar la situación del cambio climático, o en el mejor de los casos, tengan un rol en mitigar emisiones de gases de efecto invernadero.
Todos los programas sociales y estrategias de reducción de pobreza deben incluir una óptica ambiental para que sean realmente inclusivos en el corto, mediano y largo plazo. Según la Organización Internacional del Trabajo, América Latina es la región con más empleos perdidos como consecuencia de la crisis del COVID-19. En Argentina, los datos del INDEC muestran que la tasa de desempleo subió a 11% en el cuarto trimestre de 2020 frente al 8,9% registrado en el mismo período del año anterior. Si queremos trabajar para recuperar el empleo de calidad y reducir los niveles de pobreza, solo vamos a ser exitosos haciéndolo de una manera sustentable. En este área hay mucho para aprender de emprendedores sociales que desarrollan modelos de negocios innovadores, que buscan reducir la pobreza y tener un impacto positivo en el planeta. Desde promover técnicas de agricultura regenerativa que se centra en mejorar y revitalizar la salud del suelo, a vender productos accesibles que dependen de energía solar descentralizada y permiten que estas comunidades puedan acceder a electricidad, agua y saneamiento, entre otros.
Si queremos reducir la pobreza en Argentina y el mundo, vamos a tener que aumentar drásticamente nuestros esfuerzos para atacar al cambio climático. Y si queremos responder con éxito a este desafío, va a ser necesario incluir a los sectores más desfavorecidos en las estrategias nacionales e internacionales para responder al cambio climático. Según el Banco Mundial, la crisis ocasionada por la pandemia causó que entre 119 y 124 millones de personas cayeran en la pobreza extrema a nivel global durante el año 2020. Tenemos hoy la oportunidad y urgencia de evitar que la crisis climática acentúe esta desigualdad.
* Magíster en Administración Pública y Desarrollo Sustentable de la Universidad de Columbia. Especial desde Nueva York.
