Las redes sociales son parte de nuestra cotidianeidad, habilitan el acceso a la información en tiempo real y la posibilidad de difundir datos, opiniones y noticias sin intermediarios. A su vez, juegan un rol clave para amplificar las voces de defensoras de derechos humanos. El #MeeToo, #NiUnaMenos y La Marea Verde, son claros ejemplos de cómo los movimientos feministas se sirvieron de la potencialidad de las redes sociales para expandir sus voces y concientizar a audiencias en todos los rincones del país y del mundo sobre las diversas modalidades en que se manifiesta la violencia de género.
Actualmente nos encontramos ante un contexto de fuerte reacción de sectores conservadores al reconocimiento de derechos humanos de las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, y quienes escapan a las normas hegemónicas de género.
En el mundo digital se reproducen muchos de los patrones sociales de comportamiento que vivimos en el mundo offline y ello incluye la violencia de género. Pero no solo eso, la virtualidad ha transformado profundamente las dimensiones de la violencia, y abre un nuevo espacio para contenidos y comportamientos agresivos y violentos nunca vistos.
En particular, desde la consagración del derecho al aborto en la Argentina vemos un recrudecimiento de los discursos que incitan a la violencia y a la discriminación hacia periodistas especializadas en género, activistas y defensoras de los derechos de las mujeres y personas Lgbti+ con el propósito de deslegitimar y silenciar a las principales voceras de estas agendas, generando un profundo deterioro del debate público.
La libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestra democracia, pero como todo derecho, no es absoluto. Sus contornos se trazan cuando las expresiones incitan o legitiman la discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia las personas en función de su género u orientación sexual.
Los discursos que incitan a la violencia de género adquieren características específicas: tienen un marcado sesgo hacia aspectos relacionados con el género, son generalmente de naturaleza misógina y de contenido sexualizado. A veces se manifiestan como agresiones coordinadas, otras a través de la difusión de imágenes íntimas no consentidas, o bien mediante la divulgación de información de carácter personal sobre una mujer con la intención de exponerla al mundo “real”con fines de acoso. Otras veces llegan a ser amenazas de agresión física o violación.
Este tipo de agresiones tiene un grave impacto en materia de derechos humanos. Por un lado, la libertad de expresión de las destinatarias se ve gravemente afectada, que en algunos casos optan por la autocensura como medida de protección personal, en otros limitan sus interacciones en el debate público y en algunos supuestos abandonan las redes sociales ya que no se garantiza un espacio seguro en el que puedan expresarse sin temor a represalias.
Hace tiempo que desde Amnistía Internacional venimos analizando la necesidad de atender a estas consecuencias. En nuestro estudio sobre Twitter relevamos que el 39% de las mujeres que sufrieron este tipo de violencia sintió que su seguridad física estaba amenazada, un 36% tuvo ataques de pánico, estrés o ansiedad y un 34% dijo haber sentido miedo a salir a la calle. Además, los mensajes abusivos tienen un grave efecto aleccionador dirigido a censurar y silenciar ciertas voces o disuadirlas de abordar ciertos temas, lo que representa un ataque directo contra la libertad de expresión de las mujeres y su plena participación en la vida pública.
En este escenario, es indispensable que el Estado produzca datos y estadísticas que permitan conocer la naturaleza y la dimensión de la violencia basada en género cometida, asistida y/o agravada por el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Esto debe ser acompañado por campañas públicas de sensibilización y prevención que contribuyan a desnaturalizar y combatir la violencia de género online y por políticas educativas. Asimismo, se debe exigir la rendición de cuentas de los gigantes tecnológicos en materia de derechos humanos, para prevenir, mitigar y combatir la amplificación de estas expresiones que incitan a la discriminación y la violencia de género.
En el mes de la lucha contra todas las formas de discriminación contra las mujeres, el Estado ya no puede mirar para otro lado: tiene la responsabilidad de impulsar leyes, planes de acción y políticas adecuadas de protección integral y erradicación de la violencia de género online.
*Directora de Género y Diversidad Amnistía Internacional Argentina.
