Se supone que una constitución encarna la “voluntad del pueblo”. En teoría, el poder constituyente originario –bajo el ideal de una asamblea de libres e iguales– da origen al marco jurídico, creando los principios fundamentales de la vida política, social y económica de una comunidad. Está claro que esto no es más que un mito fundante. Los Estados Unidos de 1787, la Suiza de 1848 o la Argentina de 1853 elaboraron sus constituciones con la participación de unas pocas personas influyentes de los territorios que conformarían la nación. En Estados Unidos, los 55 constituyentes eran varones, blancos y propietarios, con sobrerrepresentación de juristas (32, más 11 comerciantes, 4 políticos, 2 militares, 2 médicos, 2 educadores, 1 inventor y 1 agricultor). Eran otros tiempos. En pleno siglo XXI, cada vez son más los contextos en que surgen demandas por nuevas constituciones y el reclamo de que su elaboración sea participativa. Está pasando en Chile y ocurrió en 2011-2013 en Islandia. Hubo demandas de este tipo en muchos países desde fines del siglo pasado, como Brasil en 1988, Colombia en 1991, Venezuela en 1999 y Bolivia en 2006-2009, entre tantos otros.
Un problema que suele surgir cuando se quiere reemplazar una carta magna es que la constitución no suele regular su propio reemplazo. Esto ha sido objeto de múltiples debates en la doctrina jurídica. La introducción de criterios de reforma rígidos busca evitar cambios permanentes moldeados por el poder de turno y, en el extremo, impedir que liderazgos autoritarios puedan cambiar la estructura institucional para concentrar poder (algo que está pasando en la actualidad en países tan dispares como El Salvador y Hungría, y muestra los límites del marco jurídico para contenerlo). A su vez, la rigidez normativa –y la incapacidad o ceguera política– puede provocar que el sistema se muestre incapaz de canalizar las demandas de cambio y su acumulación conduzca a situaciones críticas. Ocurrió en Chile con el estallido de 2019.
Unas cuantas voces se alzan en estos días en Perú pidiendo un cambio constitucional inspirado en el proceso chileno. Podría ser una salida a la profunda crisis institucional. En mi opinión, sin embargo, hay varios elementos diferenciales que alertan contra las prisas e invitan a construir a fuego lento (algo para lo que la arena electoral peruana no parece estar especialmente preparada). En Chile se construyó un consenso social en torno a la demanda de una nueva constitución y la necesidad de superar el legado de la dictadura. La élite política no lo promovió (lo intentó Michelle Bachelet durante su segundo gobierno sin éxito) pero lo aceptó cuando el estallido de 2019 no dejó otra alternativa pacífica y democrática. Los partidos políticos chilenos no estaban enraizados, pero sí controlaban la gestión de los asuntos públicos.
En Perú el escenario es otro: no hay una fuerte y cohesionada demanda social dirigida al cambio constitucional, es más, la sociedad está dividida frente al legado del fujimorismo. No se puede siquiera hablar de elite política, con partidos y liderazgos efímeros (el más longevo y estructurado es Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori). Resulta difícil imaginar pactos orientados al bien común donde no hay una agenda común, ni suficiente respaldo social, ni actores políticos orientados a construir acuerdos. El mito constitucional tiene una función legitimante y cohesionadora, pero no es una fórmula mágica de resolución de problemas. El fracasado proceso islandés muestra que las buenas intenciones no bastan y el proceso venezolano indica que se pueden crear problemas todavía mayores a los preexistentes. Chile está en la senda del cambio constitucional. Perú antes de embarcarse en una empresa semejante debería fortalecer las reglas del juego y la confianza.
*Albert Hirschman Centre on Democracy - Red de Politólogas - #NoSinMujeres
Producción periodística: Silvina L. Márquez.
