Ningún gobierno de la Tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad”, afirmó el presidente en el discurso de apertura del período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional.
En este contexto oscuro de pandemia y sufrimiento, tienen que terminar los privilegios que tienen integrantes de todos los poderes del Estado. El esfuerzo realizado por el personal de salud, los docentes y la ciudadanía en general debe ser acompañado por un esfuerzo real y medible por parte de los integrantes de los diferentes poderes del Estado. Tenemos ejemplos importantes como el de Italia, que redujo la cantidad de parlamentarios, o más cerca a Uruguay, que bajó los sueldos de los funcionarios públicos. Los aplausos a los médicos no sirven si no van acompañados de un reconocimiento sincero materializado en un sueldo digno.
Del discurso presidencial se desprende una preocupación: el fortalecimiento de las instituciones de la república. Creo que se trata de una preocupación compartida por la mayoría de los argentinos. Sin embargo, llama la atención que, a la hora de señalar los principales problemas sobre fortalecimiento institucional, el análisis y las propuestas se centren exclusivamente en el Poder Judicial.
La crisis de legitimidad la tienen todos los poderes del Estado. La sociedad está cansada de los privilegios, y no solo del Poder Judicial, sino también del Legislativo y del Ejecutivo. Un buen punto de partida para mejorar esta situación es que se transparenten los gastos, privilegios y beneficios de todos los funcionarios públicos.
Una Justicia independiente es una condición sin la cual se acaba el Estado de derecho y queda herida de muerte la república. Todos unidos debemos velar por preservar su independencia y evitar que sufra interferencias o presiones externas o internas. De allí la gravedad de las palabras del Presidente.
El Consejo de la Magistratura se politizó en su conformación a partir de la reforma impulsada por la actual vicepresidenta de la Nación. ¿Qué nos asegura entonces que esta nueva reforma propuesta por el Presidente pueda mejorar en algo su composición? Quizás haya llegado el momento en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación asuma el liderazgo que le corresponde como cabeza del Poder Judicial para impulsar los cambios necesarios dentro del Poder Judicial con un rol más activo y un diálogo fluido con el Consejo de la Magistratura de la Nación.
La creación de un tribunal intermedio para analizar determinadas cuestiones resulta, a todas luces, innecesaria y contraproducente. No hace más que aumentar la posibilidad de dilaciones y discusiones en torno a la competencia que, en la práctica, lo único que logran es afectar el derecho de todo ciudadano a que los procesos duren un plazo razonable. El derecho a un plazo razonable en los procesos, el derecho a tener jueces independientes e imparciales, son parte del derecho a la tutela judicial efectiva que está consagrada tanto en la Constitución Nacional como en la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales.
Quizás un buen punto de partida para mejorar la Justicia puede ser preguntarnos ¿y por casa cómo andamos? A partir de un análisis sincero y profundo del funcionamiento de los tres poderes del Estado se puede avanzar en los diálogos interinstitucionales, respetuosos de la independencia judicial, tan necesarios para el fortalecimiento institucional de la república.
*Directora ejecutiva de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral.
