En los primeros meses de 1981, la dictadura militar instalada en 1976 empezaba a evidenciar signos de agotamiento, con una severa crisis económica y un atisbo de apertura política que se interrumpiría meses después, abruptamente. En poco tiempo, se resquebrajaba la Argentina clausurada y acallada por la represión, y se prefiguraban desembocaduras posibles, más o menos traumáticas. La disputa soterrada entre “halcones” y “palomas” era inocultable. El 29 de marzo asumía la presidencia el general Roberto Viola, designado por la Junta Militar, y el economista Lorenzo Sigaut, nombrado como ministro de Economía, anunciaba “el que apuesta al dólar, pierde”. Días más tarde se anunciaba una devaluación del peso del 30%. La inflación de 1981 alcanzaría el 131% interanual y la pobreza afloraba en el Gran Buenos Aires, dejando ver las secuelas de las políticas aperturistas implementadas por José Alfredo Martínez de Hoz.
“Los desaparecidos: que digan dónde están”. A partir de mayo empiezan a registrarse conflictos gremiales de mayor intensidad en importantes plantas industriales, como Mercedes Benz y Perkins. Hubo ocupaciones de empresas en Santa Fe, paros de Smata y una Jornada Nacional de Protesta, paros de trabajadores con adhesión de pequeños y medianos empresarios. Lideraban la convocatoria sindical los dirigentes de la Comisión de los 25, que tomaron el nombre de CGT-Brasil. Los gremios y protestas vuelven a la calle, mientras los organismos defensores de los Derechos Humanos, acompañados por dirigentes políticos y gente que empezaba a vencer el miedo, levantan su voz en marchas y peticiones públicas reclamando la “aparición con vida” de los miles de desaparecidos.
En ese contexto social y económico, la Conferencia Episcopal daba a conocer el 8 de mayo, al término de su XLII Asamblea Plenaria, un extenso documento en el que afirmaba los principios republicanos, la opción de la Iglesia por la democracia y su vinculación con los crecientes reclamos de la sociedad. La Iglesia cobraba un protagonismo especial y era ostensible su distanciamiento con el régimen militar, al que había acompañado hasta entonces con apoyos y silencios.
Diputados: Suárez Lastra comparó a Gildo Insfrán con Videla y Gabriela Cerruti lo cruzó
Documento. El documento titulado Iglesia y comunidad nacional sentaba posición sobre temas destacados de la realidad nacional. Fuentes eclesiásticas explicaron en su momento que se trataba del documento más extenso en la historia del Episcopado local, resultado de un trabajo minucioso de redacción. Lo anunciaron el titular de la CEA y arzobispo de Córdoba, Raúl Francisco Primatesta, y el vicepresidente monseñor Vicente Zazpe, también obispo de Santa Fe. El obispo de Morón, Justo Laguna había tenido una participación especial en la redacción. Primatesta subraya que se trata del “trabajo más profundo y comprometedor” y destaca que “el tema de la prioridad pastoral sobre juventud (…) va a marcar la acción de toda la Iglesia y en la Argentina a través de todos sus organismos, este año y parte del que viene”.
Por su parte, Zazpe señala que “El Episcopado se ha comprometido ya hace un año a difundir un documento magisterial (…) que podemos llamar histórico, se mira hacia el pasado y se dice que la Argentina actual es fruto de un pasado que ha ido acumulando, a través de acontecimientos muy fuertes, esta Argentina de hoy”. También inscribe este documento en la línea de las grandes encíclicas sociales que celebran ese año sus aniversarios: la Rerum Novarum, a noventa años de su promulgación, la Quadragesimo Anno, que cumple cincuenta, y la Mater et Magistra, que cumple veinte.
Entre otras cosas, el documento destaca: “La Iglesia ve en la juventud una enorme fuerza renovadora (que) aparece actualmente como un nuevo cuerpo social con especiales características, con sus propias ideas, valores y con una acción particularmente dinamizadora de la sociedad”. El tenor del documento Iglesia y comunidad nacional, del que trascienden solo algunos conceptos generales, hace que el Episcopado se tome su tiempo y difunda su contenido completo recién a fines de junio. Los obispos se permitían decir cosas que hasta entonces no habían hecho públicas, pero no dejaban de estar atentos a su repercusión en las esferas oficiales y de sostener posiciones fuertemente conservadoras en materia de derechos civiles, educación y cultura. El vespertino La Razón titulaba “Convocatoria de la Iglesia a la Reconciliación nacional”, su edición del martes 30 de junio.
Día de la memoria | Rodríguez Larreta recordó la desaparición de su papá
La Multipartidaria. Entretanto, los principales partidos políticos conformaban la Multipartidaria, y en su presentación en sociedad, el 14 de julio, anuncian que “de esta manera, damos iniciada la etapa de transición a la hacia la democracia, objetivo que constituye nuestra decisión intransferible e irrevocable. Lo hacemos –agregaban– bajo el lema del Episcopado argentino: la reconciliación nacional”. Uno de sus principales animadores, el veterano líder radical Ricardo Balbín, fallece en septiembre a los 77 años, y su despedida, con amplia repercusión pública marcará también un clima de “fin de ciclo”.
Paz, Pan y Trabajo. Si bien hasta el momento el descontento social y la conflictividad latente en el frente gremial iban en aumento, aún no se habían producido grandes movilizaciones contra la dictadura. El acto con mayor repercusión hasta el momento había sido la Jornada Nacional de Protesta, el 27 de abril de 1979, dos años antes, sin manifestaciones en las calles. Lo mismo que los paros nacionales del Smata, con gran adhesión, pero casi nula movilización.
La Argentina subterránea volvió a la superficie el 7 de noviembre del 81, con la marcha por “Paz, Pan y Trabajo” a la Iglesia de San Cayetano, empujando a otros sectores a pasar a la oposición en forma más activa. La marcha fue organizada por la CGT Brasil y contó con el apoyo de algunos partidos políticos. Convocó a más de treinta mil personas y fue descripta por los cronistas como “marcha de la bronca”. Por primera vez, se escuchaba a una multitud corear: “Se va a acabar, la dictadura militar”.
Los manifestantes marcharon desde el estadio de Vélez Sarsfield hasta la iglesia de San Cayetano, patrono del trabajo, coreando consignas contra el régimen y, en menor medida, reclamando por los presos y detenidos-desaparecidos, que aún se suponían con vida. Se vieron expresiones de protesta popular al finalizar la demostración, cuando algunos de los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas policiales, desafiando el vasto operativo policial que incluyó miles de efectivos y el uso de helicópteros.
En otros puntos del país hubo manifestaciones similares. En las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada se organizaron concentraciones para marchar a San Cayetano, lo que fue impedido por el despliegue de policías uniformados y de civil. También en Rosario los trabajadores acudieron al llamado en medio de un severo dispositivo policial.
De Viola a Galtieri. El 21 de noviembre de 1981 la Junta Militar declaró a Roberto Eduardo Viola incapaz de ejercer sus funciones de presidente de la Nación argentina debido a “problemas de salud”. En su lugar fue nombrado frente al Poder Ejecutivo el ministro del Interior Horacio Tomás Liendo. La intención de Viola era reasumir. Pero su retiro ya estaba decidido por quienes allí lo habían puesto.
Para fines de 1981, “no habrá aumentos de sueldos para la administración pública ni para los organismos y empresas del Estado”, afirmaba el nuevo ministro de Economía, Roberto Alemann, con lo que ponía fin al plan de mejoras trimestrales que estaba en vigencia; el último aumento se había concedido en septiembre de 1981 durante la gestión de Sigaut, bajo la efímera presidencia de Viola (una gestión de nueve meses), depuesto en diciembre de 1981 por el jefe del Ejército, Leopoldo Galtieri, que lo sucede en el cargo.
Los sindicatos repudian abiertamente las nuevas medidas económicas, de marcado tinte ortodoxo, y el obispo de Viedma monseñor Miguel Hesayne, afirma que “la política económica y la economía de este Proceso son anticristianas”. La CGT, liderada por Saúl Ubaldini, se declara en sesión permanente en “la lucha contra la desocupación, los salarios de hambre, la entrega del patrimonio nacional y por el restablecimiento del estado de derecho”.
El 30 de marzo de 1982 se realiza otra gran movilización a Plaza de Mayo. En un clima de alta tensión, los incidentes se generalizan y convierten a esa tarde en una jornada inédita hasta entonces en los pasados seis años, con enfrentamientos violentos entre trabajadores y fuerzas de seguridad, gran cantidad de heridos y más de mil detenidos. Episodios semejantes se produjeron también en ciudades del interior del país. En Mendoza, el trabajador cementista José Ortiz muere víctima de la represión policial. Los integrantes de la cúpula de la CGT son también detenidos y el Ministerio del Interior afirma en un comunicado que lamenta lo ocurrido, aunque aclara que la convocatoria “no tuvo adhesión popular”. Horas después, en la madrugada del 2 de abril, la historia torcería su rumbo abruptamente, con el sorpresivo anuncio de la Junta Militar: el desembarco de tropas argentinas en las islas Malvinas. El protagonismo de la Iglesia volvería a ser, meses después, un factor decisivo de la posguerra y la recuperación de la democracia.
*Periodistas e historiadores.
Colaboró Vittorio Hugo Petri.
Reclamo de “verdad y justicia”
“El mal de la violencia no es extraño a nuestra historia. Se hizo presente en diversas épocas políticas, pero nunca en forma tan destructora e inhumana como en estos últimos años (…) Se debe discernir entre la justificación de la lucha contra la guerrilla, y la de los métodos empleados en esa lucha. La represión ilegítima también enlutó a la patria. Si bien en caso de emergencia pueden verse restringidos los derechos humanos, estos jamás caducan y es misión de la autoridad, reconociendo el fundamento de todo derecho, no escatimar esfuerzos para devolverles la plena vigencia. No es confiando en que el tiempo trae el olvido y el remedio de los males como podemos pensar y realizar ya el destino y el futuro de nuestra patria. Porque se hace urgente la reconciliación argentina, queremos afirmar que ella se edifica solo sobre la verdad, la justicia y la libertad, impregnadas en la misericordia y en el amor. Presupuesta la necesidad de la reconciliación de los argentinos por lo menos como intención de los gobernantes y del pueblo, será necesario ponernos de acuerdo en aceptar un estado de derecho, que el país juró hace más de un siglo, dentro de una república federal y representativa”.
*Párrafo saliente del Documento Iglesia y comunidad nacional, dado a conocer por el Episcopado en junio de 1981).
