La relación del dinero con la política es y ha sido siempre conflictiva. El politólogo italiano Gianfranco Pasquino escribió: “La democracia nació para que los votos tengan más poder que el dinero”. Sin embargo, esta manifestación aspiracional debe reconocer su límite: la democracia electoral y la política del siglo XXI dependen cada vez más de recursos para funcionar y expresarse.
Por esta razón, el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales constituye aspectos centrales para la democracia. Como afirma la reconocida especialista Delia Ferreira Rubio: “La transparencia en el financiamiento político no es la respuesta a una especie de curiosidad malsana de los ciudadanos, sino que hace a la calidad misma de la democracia”.
En Argentina se inicia un año electoral en el que en todo el país se elegirán los representantes más importantes a escala nacional (presidente y vice, legisladores nacionales) y subnacional (gobernadores, legisladores provinciales y municipales). Según la Ley 26.571, la campaña electoral de las PASO se inicia 50 días antes de los comicios (que serán el 13/8).
¿Quién financia la publicidad electoral anticipada? ¿Cuál es el origen de los fondos?
Es decir, técnicamente no estamos en el período de campaña previsto en la legislación electoral. Sin embargo, la campaña ya se inició con publicidad encubierta: spots publicitarios, afiches, actos partidarios públicos, etcétera. Como ha dicho la Cámara Nacional Electoral (CNE): “Fuera de los referidos plazos se encuentra prohibido realizar campañas electorales”. Pero más allá de esta transgresión legal, la cuestión tiene relevancia sobre la preocupación que adelantábamos: el financiamiento y la (falta de) transparencia: ¿quién financia la publicidad electoral anticipada? ¿Cuál es el origen de los fondos? ¿Qué rendición de cuenta se hace y ante quién? ¿Son fondos públicos o privados? ¿Quién controla en ese período de campaña de hecho al margen de la legislación vigente? En el caso Partido Nueva Izquierda/2013), la CNE precisamente afirma: “La publicidad electoral anticipada no solo implica un factor de desigualdad entre quienes postularán sus precandidaturas y candidaturas en los comicios, sino que también conlleva un alto grado de opacidad respecto de la identidad de las fuentes de financiamiento de las campañas, en la medida en que no se declare, para conocimiento público, quiénes aportan los recursos económicos –en dinero o en especie– con los que se financia la promoción de dichos postulantes ni qué cantidades se destinan a ese objeto”.
En realidad, estamos en presencia de un punto “ciego” y más allá de los esfuerzos que al tema le dedica la CNE sugiriendo medidas, su competencia es nacional y no en las provincias, y la realidad indica que solo si existe una denuncia concreta se puede investigar y, eventualmente, sancionar la violación legal.
El debate está abierto: si creemos que debe haber una mayor flexibilidad o se entiende que los plazos de las campañas electorales son exiguos o no debieran existir (la tendencia generalizada ha sido el acortamiento de las campañas y de la publicidad), debemos promover la reforma de las leyes electorales pertinentes, y esta es una tarea legislativa, tanto a nivel nacional como provincial.
Mientras, las leyes están vigentes y hay que cumplirlas. En esta cuestión, como en muchas otras, prima la hipocresía: todos abogan por la necesidad del control sobre el financiamiento y el origen de los fondos, pero pocos están dispuestos a cumplir las normas y rendir cuentas. Más aún, la transgresión consentida por la mayoría permite la opacidad y la falta de transparencia.
El tema no es menor: porque el sistema no puede, por un lado, admitir dos términos que son incompatibles: democracia y origen incierto o ilícito de financiamiento de la política, y por otro, porque la mencionada opacidad erosiona aún más la percepción negativa y la desafección ciudadana para con los dirigentes, los partidos y la política. No debemos darle más “oportunidades” a la antipolítica: para ello debe prevalecer una política que, además de democrática, esté basada en la ética pública.
* Doctor en Derecho. Docente. Director de la Diplomatura en Derecho Electoral y político de la Facultad de Derecho de la UNR. Exdirector de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe.
