La sociedad se asemeja cada vez más a un terreno de experimentación. ¿Dónde están los límites entre la experimentación y la vida real?¿Cuál es la legitimidad de la aplicación orbe et orbi del conocimiento no verificado? ¿Cómo se adjudica la responsabilidad por los riesgos subsiguientes?
Vivimos una época donde es difícil distinguir entre la experimentación por vía de la prueba y el error asistemáticos, y la vida real. La sociedad se ve sometida a tratamientos experimentales de diseño no científico en forma permanente. En la medida que los ciudadanos no dispongan de acceso a buena información ni a mecanismos consultivos y participativos efectivos es inevitable que se sientan desempoderados.
Tres son los factores explicativos principales de esta singular situación. Primero, la pandemia y sus urgencias. Segundo, la crisis de los modelos de política (tanto los ortodoxos como los heterodoxos), con la resultante falta de guías confiables para los policymakers. Tercero, la creciente incertidumbre que nos rodea -- la cual no debe confundirse con ignorancia (https://www.perfil.com/noticias/opinion/francisco-sercovich-vacuna-no-es-una-bala-de-plata.phtml)
Vivimos una época donde es difícil distinguir entre la experimentación por vía de la prueba y el error asistemáticos, y la vida real
Como resultado, quienes están a cargo del diseño y la aplicación de las políticas públicas, especialmente las vinculadas a la salud y a la economía, se han convertido en algo así como zares decisionales que transfieren discrecionalmente a la sociedad los costos y los riesgos de su propio proceso de aprendizaje. Y a mayor discrecionalidad y mayores riesgos para la sociedad deberían corresponder mayores requisitos de legitimización, verificación y accountability.
La necesidad de trascender los límites del laboratorio para experimentar con la sociedad no justifica la extrapolación de los criterios de legitimidad propios de la ciencia experimental. La experimentación extra-muros puede exponer a la población a riesgos imprevisibles de modo que, aún en caso que esos riesgos sean justificados, los estándares de diseño, ejecución y responsabilidad deban ser debidamente adaptados.
Un caso práctico actual es el de las idas y venidas respecto de si, ante la escases de vacunas, es recomendable alargar los tiempos entre la primera y la segunda inoculación anti-covid-19. ¿Qué conviene más, administrar la primera aplicación de las vacunas disponibles a la mayor cantidad posible de gente, o bien, reservar la mitad por dos o tres semanas para hacer así posible segunda aplicación a los ya vacunados dentro de los tiempos recomendados por la mejor experiencia?
Obviamente, no ha habido tiempo para obtener respuestas a nivel de laboratorio al respecto. Ni siquiera se han difundido modelos que permitan hacer los cálculos relevantes en una computadora, posiblemente porque mucho de la información primaria necesaria simplemente no está disponible. Esto hace necesario descansar sobre la fase IV de farmaco-vigilancia y asumir los riesgos consiguientes, lo cual nos refiere de una vez al caso de la experimentación social.
Quienes están a cargo del diseño y la aplicación de las políticas públicas, especialmente las vinculadas a la salud y a la economía, se han convertido en algo así como zares decisionales que transfieren discrecionalmente a la sociedad los costos y los riesgos de su propio proceso de aprendizaje
La razón es que hay que lidiar con excesivas incógnitas (vgr. duración exacta de la inmunidad conferida por las varias vacunas en su primera inoculación y, por tanto, consecuencias precisas de alargar los tiempos entre la primera y la segunda vacunación: cambios en la disponibilidad de vacunas durante las próximas semanas; inminente emergencia de nuevas vacunas mejoradas; etc.).
Prueba de lo difícil del desafío en cuestión es que, mientras que los principales exponentes del lobby farmacéutico en EE.UU. y la U.E. recomiendan no modificar los intervalos de inoculación, un ejecutivo de AstraZeneca ha indicado que el alargamiento de esos intervalos puede contribuir positivamente a la eficacia de las vacunas.
Lo anterior ilustra las dificultades que se interponen a la medición de los riesgos y al recurso a modelos estadísticos que los simulen. Se hace así preciso exponer a la sociedad a las consecuencias de adoptar decisiones de incierto impacto. Y ello clama por una redistribución de responsabilidades respecto del caso canónico de los experimentos de laboratorio.
Mientras que los principales exponentes del lobby farmacéutico en EE.UU. y la U.E. recomiendan no modificar los intervalos de inoculación, un ejecutivo de AstraZeneca ha indicado que el alargamiento de esos intervalos puede contribuir positivamente a la eficacia de las vacunas
Hubo una época cuando se consideraba que las experimentaciones sociales realizadas con vistas al progreso de la ciencia exceptuaba a sus ejecutores de toda responsabilidad moral y/o jurídica. En el siglo XVII ello era validado mediante la concesión de privilegios reales. Sin embargo, esto es hoy relativizado por la emergencia de protocolos que establecen estándares precisos para los diseños experimentales dentro y fuera del laboratorio, con la subsiguiente carga de responsabilidades a quienes conciben y ejecutan esos diseños en caso de impactos sociales negativos.
A partir de todo ello no es de extrañar que algunos países que han aplicado políticas de relativo éxito en la contención de los contagios (por caso, Corea del Sur) prefieran darse el lujo de adoptar de una política de "wait and see" hasta tanto comprobar la suerte corrida por los países pioneros en las campañas de vacunación.
