La desarticulación entre niveles educativos en la Argentina no es novedad. Aunque, la política pública y universitaria apunte a morigerarla, bajo un modelo de apertura, expansión e incentivos a trayectorias estudiantiles. Una apertura que no logra aún traducirse en chances efectivas para revertir la desigual distribución de oportunidades y poder social.
Algunos datos recientes revelan el crecimiento de la matrícula universitaria con <33,5% inscriptos y cambios en su composición, hoy con mayoría de mujeres. Es alentador y se explica por la mayor presencia de universidades en los territorios (hoy contamos con al menos una universidad nacional por provincia). No obstante, subsiste una deuda honda con el modo en que se distribuyen las oportunidades educativas: concentración de la matrícula en universidades –y ciudades- grandes y bien dotadas, y dentro de éstas en carreras tradicionales (Abogacía, Medicina, Contador Público) y sociales. Sumado a otra característica que arroja una tasa de graduación de 25,7% para 2019-2020, 4 puntos menos que 2018.
Según el último informe de la Unesco, la educación a nivel mundial está marcada por la exclusión, especialmente de los pobres, las mujeres y las minorías ya sean étnicas, sociales o culturales. Para 2018; cerca de 258 millones de niños/as y adolescentes estaban fuera de la escuela. En la Argentina, donde la pobreza socava a más del 50%, esto se hace especialmente visible. El 86 % de los sectores con mayor necesidad económica no tiene chances de acceder a recursos educativos de apoyo familiar e institucional para alcanzar resultados educativos deseables. Mientras que el 98 % de los quintiles de ingreso más alto alcanza a finalizar el nivel medio, porque tienen recursos disponibles (tiempo libre u ocioso, económicos, sistemas de colaboración instituidos, etc.).
Esta inversión de recursos es mayor si se trata de carreras “estratégicas”, así llamadas por su relevancia para el desarrollo productivo futuro (Ciencias de Datos, Ingenierías, Programación, entre otras), donde también opera la desigualdad por género, puesto que se trata de carreras tradicionalmente vinculadas a varones.
La política de las últimas décadas acompaña activamente las trayectorias estudiantiles a partir de apoyo a carreras “prioritarias” y becas de fortalecimiento (Progresar, Becas para carreras de Enfermería e Ingeniería, etc.). Pero con una mirada que focaliza en la universidad y excluye las dinámicas segregativas de las trayectorias previas, igualando puntos de partida en un contexto de creciente pluralismo y diversidad.
Los indicadores exponen que la inclusión no sustancia la democratización en torno a la apropiación de conocimientos socialmente significativos. Se produce así una brecha entre la intención de incluir, que si bien es positiva, choca con los modos o mecanismos para efectivamente ponerla en marcha.
Las carreras “del futuro” requieren dominio del pensamiento lógico (matemática, uso de la estadística, tecnología) de base matemático. Precisamente, un problema transversal, que piden atención a gritos por parte de la agenda educativa. Su debilidad en niveles pre-universitarios y universitarios, la convierte en una disciplina para “pocos”. Atento a ello, la Unipe comenzó a ofrecer formación para la enseñanza de la matemática bajo modelos innovadores. Una práctica plausible de escalar para modelar tempranamente preferencias estudiantiles.
Los obstáculos que hoy jaquean la formación, están representados en el desigual uso y apropiación de recursos (bibliotecas, conectividad, calidad docente) antes que con los grados de apertura. Los problemas para re-organizar lo instituido (las reglas que ordenan el modo en que se produce el conocimiento) están definidos por una trama de inequidad que excede lo organizacional y se asocia redes de enforcement en el ámbito socio-territorial. Estas restricciones simbolizan las dos caras de Jano (dos caras que miran en sentido opuesto) porque si bien la expansión universitaria permite mayor inclusión, la ausencia de cooperación, comunicación entre actores de un mismo sistema y la evaluación como método para ponderar objetivos de política, afecta la retención matricular y perpetua o institucionaliza circuitos de desigualdad. La deuda es con nuestros jóvenes. Si bien conciliar inclusión y calidad supone esfuerzos progresivos, instalar esta cuestión en la agenda educativa, es urgente.
*Doctora en Educación e investigadora en Conicet.
