En estas semanas estamos siendo partícipes de situaciones de una gravedad institucional nunca vista: un gobierno local que interpela las competencias del Poder Ejecutivo Nacional y se niega a compartir políticas sanitarias y de cuidado con la provincia de Buenos Aires.
Es este mismo gobierno que, en nombre de priorizar la educación, calificó el año pasado a sus docentes como fracasados, que en 2017 intentó cerrar 29 instituciones de formación docente, que en 2019 propuso el cierre de 14 escuelas secundarias nocturnas y que acaba de desmantelar una escuela del nivel inicial. Es la misma que, en 2019, publicitó de 54 edificios escolares nuevos, muchos de los cuales permanecen en la realidad virtual. El año pasado, además, tuvo la menor inversión en infraestructura escolar de la última década.
Es la misma gestión que, en medio de una pandemia sanitaria sin precedentes, ubica la presencialidad entre la vida o la muerte.
En el centro de esta escena están los chicos, que contentos han retornado a las escuelas bajo diversas modalidades, están sus familias y docentes, quienes suman al esfuerzo realizado el año pasado la alegría del encuentro y el trabajo conjunto. Estamos todos mirando absortos este ping-pong de argumentos y contraargumentos donde la discusión va por otro lado que no es precisamente el educativo, aunque bajo esa bandera logra confundirnos y cierra posibles debates.
Y pareciera que es necesario aclarar una y otra vez que nadie puede sostener que es lo mismo ir a la escuela que no ir, que las clases presenciales no son equivalentes a las no presenciales, que a los chicos les importa, les afecta esta situación, que no les da lo mismo y que los maestros quieren dar clases. Lo que parece que se olvida es la situación sanitaria que nos lleva, casi sin opciones, a pensar y anticipar otras formas de escolaridad al menos de acá a fin de año.
La gestión porteña, especialista en el marketing político, que ahora ha elegido poner el foco en lo educativo, desconoce los impactos de estas medidas en la vida cotidiana escolar y apuesta a la judicialización de las medidas en pos de garantizar orden y acatamiento. Una vez más, descarta construir acuerdos, escuchar y construir participación responsable.
Proponen, en síntesis: “divide y reinarás” y “cada uno se arregla como puede”. Esto ha generado que las familias discutan con la dirección, que los docentes lo hagan entre ellos, que la directora imagine cómo organizar la escuela y que los niños que concurren a la escuela privada tengan garantizada “su presencialidad” aunque algunas familias la cuestionen por la situación sanitaria. Mientras, en las escuelas estatales, los docentes sienten un déjà vu agudizado por la situación epidemiológica, pero en la misma soledad frente a la toma de decisiones. Chats de padres que estallan, maestros que de un día para el otro deben rediseñar la propuesta de trabajo y traducirla en “clave virtual”, familias preocupadas por la conexión a internet y los pocos dispositivos con los que cuentan y otras dudosas sobre si sus niños deben concurrir a la escuela. Más aún, cuando las autoridades usan al miedo para presionar y culpabilizar al afirmar su preocupación por los “daños irreparables” que puede causar en los niños la no presencialidad. En el medio, están los chicos.
Ante esta situación caótica, cabe preguntarse si era necesario fomentar la grieta al interior del sistema educativo, en las escuelas. Tensar situaciones de modo tal que los de un lado y los del otro estemos discutiendo no sabemos muy bien qué.
¿Era necesario profundizar la grieta entre Ciudad y Provincia en esta situación sanitaria? ¿En la propia comunidad científica? ¿Abonar a profundizar la grieta en el Poder Judicial? Todas estas situaciones están lejos de promover mejores y diversas soluciones para que los chicos estén en la escuela lo más pronto posible en condiciones sanitarias seguras.
*Pedagoga, Mag. en Educación, ex secretaria de Educación CABA (2003-2006).
