Esta semana comienza el programa de capacitación e inclusión laboral para víctimas rescatadas del delito de trata promovido por el Ministerio de Trabajo de Nación. También se dio media sanción a una ley provincial en Catamarca que incentiva a las empresas a contratar a sobrevivientes y se votó hace poco una ordenanza que establece un cupo de reinserción laboral en el municipio de Tucumán que otros están replicando. En los ámbitos nacionales, provinciales y municipales comienzan a multiplicarse las iniciativas para asegurar trabajo digno y restitución de derechos.
Desde principios de año hasta el 31 de agosto se recibieron 1.081 denuncias a través de la línea 145 y directas a la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas). La mayoría de ellas fueron por trata con fines de explotación sexual (480), mientras que 216 fueron con fines de explotación laboral. Han crecido mucho las denuncias de tentativa de captación mediante ofertas laborales engañosas, sobre todo en el ámbito virtual (151). En al menos 313 denuncias se registraron personas menores de edad.
La mayor parte de las denuncias provienen de los grandes centros urbanos: Buenos Aires, Caba, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, en ese orden. Sin embargo, en el primer semestre fueron recibidas denuncias desde todas las provincias de la Argentina. Según las características, estas denuncias fueron judicializadas por la PROTEX tanto en el fuero federal como en los fueros provinciales por delitos conexos, de acuerdo a los casos.
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Según los registros del Programa Nacional de Rescate dependiente del Ministerio de Justicia, al 31 de agosto de este año se habían rescatado y/o asistido a un millar víctimas de esos delitos. Los mayores porcentajes de víctimas rescatadas corresponden a trata con fines de explotación laboral (68 %) y en menor medida a trata con fines de explotación sexual (21 %) y se rescataron en procedimientos en 20 provincias.
La trata de personas sigue siendo el tercer delito más rentable a escala mundial entre los delitos del crimen organizado y por eso sigue siendo un tema de agenda prioritario en la agenda global de los organismos multilaterales. Es una grave violación a los derechos humanos que afecta la vida, la libertad y la dignidad de las personas buscando maximizar ganancias en términos mafiosos. Está directamente conectada con el lavado de activos que se utiliza para que esas ganancias surgidas del delito ingresen al circuito financiero legal.
El primer desafío de nuestra gestión es promover la investigación a fondo de la dimensión económica de la red delictiva a fin de desmantelar su base económica al servicio de la reparación a las víctimas. Para ello trabajamos con la AFIP, que ha creado una división contra el trabajo ilegal y la Unidad de Información Financiera. Ambos organismos colaboran en la investigación preliminar como auxiliares de la justicia y se presentan como querellantes en causas iniciadas desde el Ministerio Público Fiscal. Por estas razones está en estudio la posible incorporación de ambos organismos al Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas.
Tras 32 años, encontraron en Bolivia a una argentina víctima de una red de trata
El Estado ha rescatado más de 16 mil víctimas de trata sexual o laboral desde el 2008 a la fecha. Sin embargo, apenas el 20 % de las y los sobrevivientes de este delito han tenido efectivo acceso a una vivienda, empleo digno o acompañamiento terapéutico. En el 80 % de los casos han permanecido en situaciones de extrema vulnerabilidad y no pocas veces han vuelto a ser revictimizados.
El segundo desafío del Comité, expresado en el plan bienal 2020-2022, es promover políticas públicas que garanticen la efectiva reconstrucción de un proyecto de vida para las y los sobrevivientes del delito de trata. Esto significa, capacitación y programas de inclusión laboral, estatutos especiales de acceso a la vivienda, acompañamiento terapéutico todo el tiempo que fuera necesario, reparación con los fondos de los bienes decomisados, entre otras medidas.
En esta dirección estamos avanzando con pasos concretos: el “Programa Nacional de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias laborales para las y los afectados por los delitos de trata y explotación de personas” que comienza a ejecutarse hoy 23 de setiembre incluye a decenas de sobrevivientes a las que se capacitara en oficios, se promoverá su inclusión laboral en el ámbito privado o público y durante todo este proceso percibirán una asignación básica no remunerativa.
En el ámbito provincial y municipal también se registran avances concretos, como la ordenanza que sancionó el municipio de San Miguel de Tucumán para crear un cupo de inclusión laboral a víctimas rescatadas del delito de trata de personas o la media sanción que la legislatura provincial de Catamarca le dio por unanimidad a un proyecto de ley que establece un cupo de reinserción laboral de sobrevivientes del delito de trata en el ámbito de las empresas privadas con apoyo del Estado provincial. También se ha avanzado con el Ministerio de Desarrollo y Hábitat en un Convenio Marco para crear un “Estatuto Especial de acceso a la vivienda para personas afectadas por el delito de trata” y en otro Convenio Marco con el Ministerio de Salud de la Nación para garantizar acompañamiento terapéutico todo el tiempo que fuera necesario para las víctimas.
Los dos convenios esperan ser refrendados en los consejos federales de la vivienda y salud mental respectivamente para comenzar a ser ejecutados. Además, el Ministerio de Justicia anunció que en el mes de noviembre se pondrá en marcha la Unidad Ejecutora del Fondo Fiduciario que administrará todos los bienes decomisados judicialmente para reparar a las víctimas del delito de trata.
El tercer desafío es sentar las bases de una profunda articulación federal mediante mesas interinstitucionales que funcionen regularmente en todo el país en la que cooperen organismos provinciales, nacionales, judiciales y de la sociedad civil en materia de prevención, persecución y restitución de derechos según las competencias.
Fue víctima de una red que vendía bebés y no sabe su identidad
Las redes de trata operan en todo el territorio nacional e incluso trasnacionalmente. Se desplazan de un país a otro y de una provincia a otra organizadamente. El Estado no puede combatir estas redes si no estructura una fuerte articulación federal donde cooperen los estados provinciales, municipales y el Estado nacional de Ushuaia a la Quiaca. Por eso ya son 20 las provincias donde funcionan mesas interinstitucionales de trabajo coordinado. Además se avanza en generar o enriquecer convenios de cooperación con los gobiernos de Bolivia, Perú y Paraguay, entre otros, para crear vínculos eficaces de trabajo en común.
El Estado argentino debe avanzar en la registración de medio millón de trabajadores/as en el ámbito rural que en muchos casos son sometidos a explotación inhumana y para eso trabajamos activamente con Trabajo, Afip, Renatre e incluso el SENASA en la prevención e investigación. También debe combatir a la trata en el terreno virtual donde se han desplazado en gran parte con fines de captación, reclutamiento e incluso explotación. Junto con las áreas de ciberdelitos y cibercrimen, debe mejorar la investigación y persecución y junto con el Ministerio de Educación debe trabajar fuertemente la prevención sobre el uso responsable de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes. También impulsamos en el parlamento la tipificación legal del delito de compra y venta de bebes, niños, niñas y adolescente acorde a las recomendaciones de la CIDH para la Argentina y en la prevención del tráfico de órganos, tejidos y fluidos donde comenzaran capacitación conjuntamente con el INCUCAI.
Estos son los principales desafíos que desde el Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas, estamos abordando en la ejecución del plan bienal 2020-2022.
* Gustavo Vera. Director del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Titular de la Alameda. Ex Legislador.
