Sergio Massa sabe que la luna de miel terminó. En un trágico loop, la inflación y el dólar –esos inefables percutores de los ministros de Economía– regresaron a la discusión pública. El 6,6% que marcó el IPC en febrero, el panorama del 7% para marzo y ahora la inminencia de los efectos de la gran sequía sobre el flujo de dólares y la recaudación por retenciones resultan un combo altamente inflamable para la fragilidad sistémica de la economía argentina.
La gestualidad, la agilidad en la gestión y la buena comunicación, fundamentales en las primeras horas del incendio que se avizoraba en julio pasado (el helicóptero que esperaba al Gobierno, según el ahora interventor de Edesur, Jorge Ferraresi), ya no serán activos tan relevantes a la hora de enfrentar las turbulencias financieras, y quizás hasta sociales y políticas, de los próximos meses.
Todo costará más: administrar la brecha cambiaria, colocar deuda, renovar acuerdos (inefectivos) de precios, sostener el gasto primario, reducir la inflación. En tiempos preelectorales las tensiones se amplifican, y el humor inversor se pone en stand-by, excepto que descuente que lo mejor está por venir. La expectativa de 2015, que contribuyó a suavizar la transición política, no se repetirá. La Argentina de 2024 demanda, en el mejor escenario posible, el inicio de un camino de reformas que pongan la estabilización de los precios en el centro de la escena. El qué hacer, con ciertos matices, es claro. El cómo hacerlo, el gran déficit de la política y de los decisores económicos privados.
Por ello, el “esperar y ver” y el “ver para creer” serán los modos habituales de esta transición al nuevo gobierno. Con un oficialismo disfuncional para decidir, con internas de todo tipo y sin candidatos potentes, y una oposición aún fragmentada y sin liderazgos claros, los que todos los días toman decisiones extremarán la cautela de costumbre. Las conductas precautorias dominarán la formación de precios en las empresas, las inversiones financieras buscarán refugio en activos dolarizados, y la perenne asincronía entre los pesos excedentes y los dólares escasos obligará al Gobierno a llevar al límite sus medidas, con bajas chances de éxito.
El escenario es transparente. Este año faltarán entre 15 y 20 mil millones de dólares por la gran sequía. El mercado cambiario a partir de abril sentirá la ausencia de forma muy marcada. Admitiendo lo inevitable, el equipo económico apela a la caja de “cuasi dólares” de las agencias estatales, en un intento de evitar una nueva crisis cambiaria. Los detalles están por verse, pero se estima que unos US$ 10 mil millones de títulos podrían ofertarse hasta junio, cifra considerable dado el modesto tamaño de los mercados de los dólares financieros.
La señal es clara. Massa evitará todo lo posible la devaluación para corregir el desequilibrio en el mercado cambiario. Con la nueva alquimia, el objetivo es contener el techo de la brecha (“pisando” el CCL) y mantener la política de minidevaluaciones diarias del tipo de cambio oficial. Sabe que estos niveles de brecha desestabilizan las expectativas privadas, impiden reducir la tasa de inflación y ponen aún más en alerta a los pesos excedentes que, aun con restricciones, siempre encuentran una puerta disponible de salida para dolarizarse. Esa puerta, paradójicamente, estará más abierta por algún tiempo. Naturalmente, la venta de bonos en dólares contra pesos contribuirá a calmar, aún imposible saber cuánto, la avidez de salida de los pesos excedentes en el mercado. El Gobierno apuesta a que la operación absorberá $ 2 billones sobre un total que, estimamos en Analytica, alcanza a unos $ 15 billones.
En tanto, un acceso temporal más fluido, menos restrictivo, al CCL podría realimentar la tasa de inflación. Si las empresas saben que no habrá “dólares oficiales para todos y todas” por la gran sequía, la conducta racional –más allá de las penalidades vigentes– es no esperar los plazos del régimen de control de importaciones (SIRA) y pagarlas con dólares financieros, lo que claramente supone un costo de reposición más alto que se trasladará a los precios finales.
Sin dólares suficientes, el ajuste externo provendrá, con certeza, de un mayor control importador, léase a través de una recesión. Inflación y caída del PIB resultan un cóctel amargo en tiempos de elecciones. Cuánto de ese cóctel está el Gobierno dispuesto a beber es difícil saberlo. Y aquí entra en escena el FMI. El acuerdo firmado por Martín Guzmán establece que en 2023 no solo habrá que realizar pagos netos al organismo (a diferencia del año pasado) sino que también se tendrán que acumular dólares en las reservas del Banco Central. Con menos divisas disponibles que el año pasado, alcanzar esas metas abonaría a una mayor recesión. ¿Se incumplirá el acuerdo entonces? ¿Qué efectos generaría sobre las expectativas? Gran parte de la eclosión interna en el oficialismo pasa por este punto.
Gestionar una actividad en caída con alta inflación y elecciones es de alto riesgo. Sin anclas sobre las expectativas, con chances reales de incumplir con el FMI y un cuadro internacional que se vuelve todavía más complejo, las alternativas se estrechan. Sin dudas, Sergio Massa, en esta coyuntura, hubiese querido ser aquel Juan Perón que en 1948 se preguntaba, en pleno auge de la sustitución fácil de importaciones, quién había visto alguna vez un dólar. Pero, como dijo algún cantautor alguna vez, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
*Economista y presidente de Analytica Consultora.
