Así como la ley de matrimonio igualitario o de Identidad de género marcó definitivamente un cambio notable respecto a lo que se entiende como “normalidad”, del mismo modo lo hará esta ley de cupo laboral para trans y travestis. Pero no solo por afectar directamente a ese colectivo sino porque también derrama sobre un gran cambio cultural que circula entre adolescentes.
No hay estadísticas oficiales pero las propias organizaciones han ido censando y calculan que son 12 mil personas trans y travestis en todo el país, 9 mil pudieron sacar DNI con su nueva identidad. El promedio de vida de travestis es de 35 a 40 años, la mitad de cualquier otra persona no trans o travesti.
El Estado es el gran ordenador de la vida social de una comunidad
La mayoría son rechazados por su familia, no tienen un trabajo formal, se ven obligadas a ejercer la prostitución y no tienen acceso a la vivienda, ni a la salud. Al ya difícil contexto diario se suma la violencia policial y crímenes de odio que viven de manera cotidiana, siendo 177 compañeras asesinadas durante el 2019.
Cuando hablamos de población vulnerable, los números de los asesinatos del odio nos tiene que poner de relevancia, el nivel de segregación que vive la comunidad travesti/trans en la Argentina.
El Estado es el gran ordenador de la vida social de una comunidad. Frente a los niveles de vulnerabilidades múltiples que atraviesan determinadas poblaciones, se hace necesario fortalecer su intervención en clave de igualador de condiciones.
La ley de inclusión laboral trans no debe ser pensada como un fin, es recién el primer paso, o el primer escalón para repensar las políticas públicas desarrolladas para las diversidades sexuales de la Argentina. Debemos pensar la educación, el modelo sanitario de atención, los acompañamientos para aquellos grupos familiares que también transicionan junto a la persona y en la excepción de los casos, siguen ahijando a ese sujetx diferente.
La ley requiere de todas las voluntades para avanzar, pero sobre todo de una fuerte definición política que ponga en tensión la necesidad de materializar derechos para todxs mediante la intervención del Estado, en este caso el poder legislativo.
La ley requiere de una fuerte definición política que ponga en tensión la necesidad de materializar derechos para todxs mediante la intervención del Estado
Acompañar una ley que mejore la vida cotidiana de un determinado colectivo, es una demostración no sólo para el grupo de personas que pueden recibir ampliación de derechos a través de la sanción de dicha ley, sino una apertura a una sociedad más inclusiva, con mejor calidad democrática, y donde nuestrxs jóvenes sientan que pueden ser de la manera que lo desean, sin condicionamientos, en una sociedad que no los persiga por su elección sexual o por definir a quien ama por fuera del modelo heteronormativo.
Sancionar la ley de inclusión laboral travesti trans seguramente nos mejore a todxs como sociedad, pero no debemos olvidar que es un primer paso en la construcción de una política pública estatal travesti/trans, porque justamente las personas somos un complejo de dimensiones, y espero como legisladora ser parte siempre de la ampliación de derechos para aquellxs que estén en condiciones de vulnerabilidad. Considero que la presencia del Estado hace la diferencia.
*Diputada nacional del Frente de Todos.
