El 8 de mayo de 2020 Alberto Fernández declaró en diversos medios que el reinicio de clases no era “prioridad”. Hoy el debate es el mismo, cuándo vuelven las clases. La convicción del gobierno, apoyado por los gremios docentes afines parece mantener la clausura de las aulas.
La Real Academia Española define la “estrategia” como un “arte o traza para decidir un asunto” y la “táctica” como un “método o sistema para ejecutar o conseguir algo”. La táctica y estrategia de la Casa Rosada para afrontar la pandemia fue cerrar todo lo posible, incluso las escuelas.
El Poder Ejecutivo, es decir Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ha tenido en numerosas oportunidades la posibilidad de establecer prioridades que, en su decisión final, reflejan sus verdaderas convicciones. Con el flagelo del Covid-19 había algunas oportunidades para elegir: primero nos quisieron hacer creer que se trataba de ese falso dilema que sentenciaban cuando decían que era “la economía o la salud”, cuando en realidad terminaron sin proteger ni uno ni lo otro.
También así fue la metodología y el criterio a la hora de efectuar “aperturas”. Decidieron abrir los casinos, pero no las escuelas. No necesariamente lo primero está mal, pero lo segundo es imperdonable. Condenar a una generación entera de estudiantes a no gozar de la posibilidad de transcurrir el año en clases equivale a quitar una gran porción de esa gran dicha en la que creemos los que entendemos que un país posible es diferente: la igualdad de oportunidades.
Seguramente el gobierno nacional entienda que la educación es una de las tantas aristas respecto a las cuales hay que tomar una decisión de “abrir o cerrar”. Otros creemos que la educación es la verdadera oportunidad de ofrecer un mecanismo de igualdad y equidad a los argentinos.
No es entonces la educación un dispositivo disponible a utilizar por el gobierno que circunstancialmente esté, sino que es un derecho sustancial del que todos los ciudadanos podemos gozar.
En la restricción del derecho a la educación, el gobierno nacional tuvo un aliado incondicional: el sindicalismo organizado que -lejos de promover mejores condiciones para los docentes- es cómplice del cercenamiento de los derechos de miles de niños y adolescentes. Claramente el populismo ha determinado el rol que entiende deben tener los sindicatos: la complicidad. La culpa de la falta de clases es compartida entre quienes deciden que la educación no es prioridad y quienes son los cómplices lógicos de esa estrategia.
El Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918 decía que “la autoridad en un hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando”. Nuestro país necesita priorizar a la gran mayoría de docentes que desde su actividad cotidiana son fieles a esos preceptos que implican dar importancia a la tarea de educar, entendiendo que aquello implica mejorar no solo el futuro circunstancial de cada estudiante, sino de toda la sociedad.
Alberto y Cristina Fernández siguen sosteniendo y mostrando en sus actos de gobierno que la educación no es prioridad. Los Argentinos tenemos la obligación de alzar nuestra voz y seguir construyendo alternativas distintas para continuar trabajando y construyendo en el sentido que las generaciones más prósperas de nuestro país nos señalaron.
La educación es un derecho, no un privilegio. La Argentina del progreso y el desarrollo se construye desde las aulas. Abran las escuelas!
* Presidente del Comité Nacional de la UCR y ex gobernador de Mendoza
