domingo 05 de febrero de 2023
OPINIóN reparto II

La indomable coparticipación

22-01-2023 01:08

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió hacer lugar a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenando que el Estado Nacional le devuelva a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548 y disponer que dicha transferencia deberá realizarse en forma diaria y automática. También le ordenó a la Nación que durante la tramitación del proceso se abstenga de aplicar la ley 27.606.

Los principales aspectos del fallo se centran en las normas sobre la coparticipación de impuestos nacionales, la transferencia de competencias y servicios entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires y su autonomía fiscal. Temas que no lograrán subsanarse definitivamente hasta tanto se sancione la nueva ley de coparticipación.

Uno de los puntos relevantes que definirá el fondo de la cuestión es la concurrencia en el porcentaje de distribución, ya que la decisión unilateral de la Nación en dicha distribución forjó el conflicto. Sin embargo, el Decreto 705/2003 citado por los magistrados, supone la necesaria concurrencia de voluntades entre la Nación y la Ciudad.

Otra cuestión velada que es materia de prueba en la demanda y definirá el porcentaje al momento de la distribución de la Nación a la Ciudad, es el de la transferencia de competencias, servicios o funciones y la aplicación de las previsiones del artículo 8° de la Ley. Este punto revela la controversia en la relación entre el nivel de transferencias dinerarias y el costo de los servicios de la seguridad pública transferidos. La Nación cuestiona que el gasto es excesivo y la Ciudad que es escaso. El desacuerdo entre las partes los instó al ofrecimiento de medios de prueba que se encuentran pendientes de producción.

Parecería que es un fallo favorable para la Ciudad, sin embargo, la Corte deja algunos interrogantes y una afirmación: el urgente tratamiento de una nueva ley de Coparticipación Federal.

Hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, la Ciudad de Buenos Aires seguirá siendo hija de un sistema de reparto precario, cuyos recursos provendrán exclusivamente de la cuota que corresponde a la Nación.

No es menor el considerando décimo del fallo. La CSJN expresa que la participación discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias. En efecto, los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota se detrae únicamente de los fondos que le corresponden a la Nación en la distribución primaria. Pero, ¿hasta qué punto no afecta en la masa a distribuir al resto de las provincias si la Nación reduce su propia masa en beneficio de la Provincia de Buenos Aires? No nos olvidemos que el recorte en la coparticipación porteña fue decretado para brindarle un aumento a la Policía Bonaerense en 2020.

Si el porcentaje que hoy tiene que transferirle nuevamente a la Ciudad es soportado por la Nación ¿por qué no reaccionarían las demás provincias por el trato desigual que se les ofrece con relación a la Provincia de Buenos Aires?

¿El Estado Nacional reduciría su masa primaria para sostener el porcentaje transferido a la jurisdicción bonaerense? ¿O le quitará a la Provincia lo que oportunamente le concedió? En caso de no reducirlo, ¿las demás provincias no deberían reclamar igualdad de trato si mantienen su ideal de federalismo fiscal?

De hecho, en su momento algunos gobernadores manifestaron su preocupación en una solicitada cuyos firmantes fueron los representantes de la provincia de Buenos Aires, Catamarca, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chubut, Chaco, Formosa, Salta, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santa Fe. ¿Qué dirán ahora?

La beneficiaria fue y sigue siendo la Provincia de Buenos Aires (si antes fue en desmedro de la Ciudad, ¿será ahora en menoscabo de Nación?). Será cuestión de tiempo comprobar si el Estado Nacional sostendrá su propia quita luego del revés (provisoriamente) judicial y demostrar si el actual gobierno sostiene un sistema federal.

*Abogada. Docente UBA

En esta Nota