OPINIóN
Reforma Judicial I

La inoperatividad de los jueces

Justicia
Justicia | Pixabay

Un ejemplo dramático de falta de operatividad puede verse en el femicidio de Úrsula. Había una perimetral que se amplió horas antes de que la mataran. En abstracto, la Justicia había hecho bien su “trabajo“. Pero ese trabajo no sirvió de nada. Y esta chica fue asesinada pese a las denuncias y las medidas de protección dictadas para protegerla. Esto no es una novedad. El Poder Judicial juega con las abstracciones, con las declaraciones y con el formalismo. Se contenta con eso porque a veces no tiene las herramientas para hacer “justicia” más allá de los papeles. Pero esto tiene poco impacto en la vida real de las personas. No es capaz ni de resguardar lo básico: su vida.

Esta falta de eficacia es la causante de la enorme desconfianza que existe en nuestro país respecto de este poder del Estado, cuyas estructuras están copadas por familiares y amigos de los jueces, lo cual genera un sector cerrado, poco eficaz, alejado de cualquier vocación de servicio. Se convierte en una estructura de clientelismo encubierto para amigos, conocidos, amantes, parientes. El clientelismo es la exacta contracara de la Justicia. El Poder Judicial no es ajeno a este flagelo que degrada a nuestro Estado. Decir esto no es ser liberal, es reconocer que el Estado tiene una misión central y que para ello requiere de los mejores profesionales.

Hablar de la “reforma” de la Justicia es muy rimbombante y no sirve. Tal vez pequeños cambios puedan ayudar más que grandes “reformas”. Dar un paso modesto puede ser mucho más difícil que anunciar grandes cambios.

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Luego existen discusiones teóricas: ¿para qué un Poder Ejecutivo, en una república con plena división de poderes, necesita un Ministerio de Justicia? Segundo, si tiene sentido que sea el presidente el que envía esa reforma. Esto esconde otro defecto: la incapacidad de nuestros legisladores de ponerse de acuerdo en temas trascendentales. Lo lógico sería que el propio Poder Judicial, tan rápido para autoaumentarse los sueldos, hiciera desde adentro una autocrítica realista, proponiendo un camino de recuperación de prestigio y legitimidad, hoy menguados. Hay pocas cosas que funcionan en nuestra Justicia. Lo saben desde los pasantes hasta los jueces de la Corte. La necesidad imperiosa de la reforma judicial es un tema que trasciende la “grieta” política. Pero falta honestidad en la discusión. Vivimos en un país donde todo es un River-Boca. La reforma de la Justicia no puede caer en ese maniqueísmo.

El formalismo con el que se conforma la Justicia esconde la inoperatividad. Se cumplen las “formas”, pero no se logra nunca ningún “objetivo”. La muerte de Úrsula es una cachetada que dice mucho sobre la eficacia judicial y sus medidas de protección. No es el único ejemplo. Pero es el más cercano y más vivo. En cientos de casos, la Justicia “falla“ de la misma manera. Dictamina medidas que no tienen cumplimiento. Reconoce derechos que los argentinos solo tienen en los papeles. Nunca en la realidad. El cambio verdadero pasa por ahí: por un Poder Judicial modesto, comprometido, que pague impuestos, que predique la igualdad (en serio) y que haga valer los derechos sociales. Un Poder Judicial que no hace valer la operatividad es un formalismo. Una pantalla de juridicidad, como el Palacio de Justicia de Lima, copia del palacio belga, pero que poco y nada tiene que ver con la realidad social de los peruanos.

Nos debemos una discusión seria sobre el formato y el funcionamiento que queremos para nuestra Justicia. Hoy no tenemos un Poder Judicial. Tenemos un sistema que alimenta el formalismo, con jueces millonarios en países pobres, impartiendo “justicia“ desde el escritorio, mientras a las mujeres las siguen matando y cientos de miles de chicos revuelven la basura para vivir en la cara de nuestros jueces. Plaza Lavalle es una muestra. Más que una reforma de la Justicia, hay que recuperar un poco la vergüenza.

P34.

Úrsula. Su muerte es una cachetada que dice mucho sobre la eficacia judicial y sus medidas de protección.

 

*Director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado Argentino.

 

Producción periodística: Silvina L. Márquez.