En la década de 1990, cuando no se permitía la reelección para gobernador, a Orestes Quércia se le atribuyó la frase: “Quebramos el Banespa, pero elegimos a Fleury”. El ex gobernador se refería a Luiz Antônio Fleury, ex secretario de Seguridad, su sucesor en el gobierno del estado. Banespa era uno de los bancos estatales, junto con Caixa Econômica, y su vaciamiento fue investigado por el Ministerio Público e incluso llevado a los tribunales.
Después de 32 años, en un país que se encamina hacia los 200 años de su independencia con destacadas figuras del medio político ensalzando con entusiasmo el nepotismo como política pública de excelencia, en especial, el líder del gobierno en la Cámara; con el diputado líder del mismo gobierno capturado con 33 mil reales con billetes insertados en sus glúteos (hasta ahora impune), el Senado acaba de aprobar una propuesta de enmienda constitucional (PEC) llamada Kamikaze, que autoriza, contrariando a la Constitución, la práctica de actos de irresponsabilidad fiscal, obviamente de carácter electoral.
Parece que la lógica de Quercia está de vuelta, en un ámbito mucho más amplio y dañino. Incluso un estudiante universitario puede ver que el presidente Jair Bolsonaro, extremadamente mal posicionado en las encuestas en la campaña de reelección, quema los últimos cartuchos de poder que tiene para cooptar votantes en situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, producto de una situación crítica surgida de la crisis producida por la propia mala gestión del gobierno, que desde el primer día se dedica al proyecto reeleccionista prácticamente como una política pública.
La perspectiva de la derrota lleva al presidente y sus seguidores a difundir la narrativa de la desconfianza hacia el Tribunal Superior Electoral (TSE), el Supremo Tribunal Federal (STF) y las máquinas de votación electrónica. Cuando ganaba mandatos, en cinco de las siete elecciones que participó, por voto electrónico, nunca cuestionó el sistema. Y, contrariamente a sus expectativas, la encuesta “A Cara da Democracia”, que acaba de ser divulgada, señala que hubo un crecimiento en la credibilidad del TSE y del STF, así como del Congreso, a pesar de la inaceptable prédica defendida por seguidores del presidente. Por su parte, las Fuerzas Armadas, que han sido elogiadas por el presidente, quien incluso sugirió que realicen un conteo paralelo de las elecciones, también algo contrario a la Constitución, tuvieron un aumento de más del 30% en el nivel de desconfianza, de 21 % al 29%.
La irresponsabilidad fiscal aprobada por el Senado casi por unanimidad, –solo votó en contra el senador José Serra (PSDB-SP)–, llama la atención porque toda la construcción jurídico-constitucional que protege la responsabilidad fiscal y presupuestaria fue sumariamente fulminada, autorizando el uso de más de 40 mil millones de reales de dinero público durante el período electoral, en los 90 días previos a las elecciones.
Esta arquitectura jurídica fue diseñada para preservar el orden presupuestario, la ética pública, la legalidad, la moralidad administrativa. Para que la disputa por el voto de campaña respete los límites establecidos por el cerco de responsabilidad fiscal. El cerco fue destruido, pero el abandono y la renuncia a estos valores es explícito y no es un fenómeno de hoy. Un ejemplo es cuando el vicepresidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara elogia la propuesta de reforma de la Constitución que propone una reconfiguración humillante del STF, transformándolo en un foro improvisado de quinta categoría, subordinado a los diputados federales en todas las decisiones no unánimes.
Esto viola la independencia judicial protegida internacionalmente, pero el vicepresidente de la CCJ, donde se debe examinar la constitucionalidad, ensalza la aberración, cuyo conductor es compañero de partido del presidente. El PL (Partido Liberal), presidido a nivel nacional por un ex reo conocido como “Boy”, condenado a 7 años y diez meses de prisión en régimen cerrado, por practicar corrupción pasiva y lavado de dinero.
La ley de responsabilidad fiscal es una pieza de museo de historia natural. Los pragmáticos, especialmente de Centrão, dirán: la PEC fue aprobada por hambre. Después de todo, hay 33 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria. El hambre es un hecho incontrovertible, así como la desigualdad social, nuestro mayor drama y desafío a enfrentar. Pero esta misma hambruna existía hace dos, tres, cinco, seis meses. Hace años. ¿Por qué no se atendió a esta gente antes?
Lo que realmente quiere el gobierno es cooptar esos votos que le faltan, una práctica que está muy cerca de comprar votos. Los opositores no quieren ser acusados de insensibilidad en vísperas de las elecciones. Al fin y al cabo, muchos son candidatos, ¿y cómo pueden justificar un voto congruente con la responsabilidad y la ética fiscal, como el de José Serra, que no responde a la supuesta “emergencia política”?
Narrativas y más narrativas destinadas a dar apariencia de legalidad a una maniobra populista, irresponsable desde el punto de vista fiscal e indefendible desde el punto de vista moral y constitucional. ¿Qué tal anestesiar a todos con estas ayudas, disfrutar hasta el último momento del baile de la isla fiscal, como si nada, y renovar las nefastas prácticas del presupuesto secreto? ¿Cómo lidiar con la futura pesadilla del déficit? Que el presidente que asuma en 2023 se prepare.
*Fiscal penal de la Justicia brasileña, preside el Instituto Não Aceito Corrupção.
Publicado originalmente en el portal Poder360.com.br
