Los Estados modernos crearon derechos asumiendo que poca gente tendría paciencia para ejercerlos. ¿Los agentes eliminarán esta apuesta?
Tom Loosemore es uno de esos funcionarios que saben demasiado como para ser optimistas. Cofundador del Government Digital Service británico, la agencia que intentó modernizar Whitehall desde adentro, decidió realizar un experimento: le pidió a un agente de inteligencia artificial que evaluara si pagaba los impuestos municipales correctos por su casa.
El agente respondió en segundos: su propiedad estaba sobrevalorada respecto a todas las viviendas lindantes. Y sin que nadie se lo pidiera dos veces, propuso los pasos a seguir: consultar APIs públicas, medir extensiones de casas vecinas vía Ordnance Survey, descargar datasets del Land Registry y redactar una apelación ante el organismo que fija cuánto paga cada propietario al municipio.
Loosemore lo frenó, pero tomó nota: el agente habría presentado una apelación mejor que cualquier abogado, con un click y por doce peniques. Y concluyó con la serenidad de quien ya no se sorprende de nada: "La fricción que impedía que la gente apelara sus impuestos municipales acaba de desaparecer. Lo mismo aplica a cualquier otro servicio público".
Bienvenidos a la "inundación agéntica". El término fue acuñado por Chris Schmitz, doctorando del Centre for Digital Governance de Berlín. Los datos que encontró no son de ciencia ficción: las apelaciones de beneficios sociales ante el Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido crecieron más de un 60% desde 2022, coincidiendo con la masificación de las herramientas de IA.
Para agosto, The Economist tenía tapa con el tema y los números habían empeorado: el atraso en los tribunales laborales subió un 55% en un año, y las peticiones de medidas cautelares urgentes se multiplicaron por cien. No por dos. Por cien.
Una aclaración necesaria: lo que colapsa los tribunales hoy no son agentes autónomos enviando demandas mientras sus dueños duermen. Es gente común que le pide a un chatbot que redacte la apelación, la revisa cinco minutos y la presenta. La versión más elemental de la tecnología ya ha sido suficiente para saturar un sistema que tardó décadas en construirse.
La fase agéntica todavía no ha llegado. Loosemore calcula un par de años; podría ser antes.
Aquí viene la parte cínica de la historia.
Los Estados modernos crearon derechos con la retórica genuina de que la ciudadanía debía ser ejercida: tribunales laborales, ombudsmen, leyes de acceso a la información, sistemas de apelación para todo.
El Estado de bienestar, la "tercera vía" de Tony Blair en los noventa, las sucesivas capas de derechos procesales acumuladas durante décadas. Lo que nunca se admitió en voz alta es que estos sistemas funcionaban, en parte, porque poca gente llegaba al final del proceso.
El formulario ilegible, la oficina que cierra temprano, el abogado que cuesta más de lo que se reclama: todo eso era fricción. Y la fricción garantizaba el equilibrio fiscal del sistema. En el Reino Unido se estima que los ciudadanos dejan de reclamar hasta 24.000 millones de libras anuales en beneficios a los que tienen derecho legal, no porque no les correspondan, sino porque el proceso está diseñado para desalentar.
En Argentina un mecanismo es el amparo judicial. Entre 2011 y 2018, los amparos de salud ante la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal pasaron de 1.130 a 5.474, casi quintuplicando en siete años. En 2024 superaron los 10.000, solo contando obras sociales y prepagas, y el propio Poder Ejecutivo reconoció que ese volumen tiene al Poder Judicial "sobrepasado".
Nueve de cada diez de esos amparos pedían cobertura de prestaciones y medicamentos que ya estaban contemplados en la cobertura obligatoria: no eran excepciones, eran derechos que el sistema prometía y negaba. Y eso es lo que llegó a juicio. Iniciar un amparo en la Ciudad de Buenos Aires cuesta un mínimo de tres millones y medio de pesos solo en honorarios de abogado.
¿Cuántos no llegaron nunca? Ese número no existe. Nadie registra a los que se rindieron.
La IA acaba de hacer trampa en ese juego. No cambió las reglas. Las reglas dicen que podés reclamar. Simplemente eliminó el costo de hacerlo.
La respuesta obvia, cerrar el juego, conlleva su propio problema. Si los gobiernos responden agregando fricciones específicas contra la IA, iniciarán una carrera armamentística contra sus propios ciudadanos en la que ambos perderán.
Los funcionarios ya se quejan de la "basura" que genera la IA: alucinaciones, jurisprudencia falsa. Pero esa es la versión rudimentaria de la tecnología. A medida que mejore, el problema no será que los reclamos sean defectuosos, sino que serán perfectos.
The Economist propone tres salidas: dejar de crear derechos que sean territorio fértil para reclamos masivos, podar los sistemas de apelación laberínticos acumulados en décadas y, la más ambiciosa, rehacer el Estado con IA antes de que el Estado sea arrasado por la IA ciudadana: un sistema de planificación urbana que decida solo si una obra cumple el código de zonificación, en lugar de procesar miles de objeciones generadas por agentes; un Estado de bienestar que diseñe intervenciones personalizadas en lugar de tramitar reclamos. Es una visión seductora.
También es la visión que tienen los mismos Estados que llevan décadas sin poder digitalizar un registro o hacer funcionar un sistema de turnos médicos, no por falta de tecnología sino por la misma maraña de intereses, contratos y política de corto plazo que ahora deberían desmantelar para sobrevivir.
La pregunta que nadie responde todavía es si la IA que va a rehacer el Estado es la misma que acaba de mostrar lo que siempre fue: un sistema que sobrevivía porque confió en que sus propios ciudadanos se iban a cansar de reclamar.
Hasta que dejaron de cansarse.
