En el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático, el gobierno argentino presentará formalmente en la COP 26 la nueva meta de reducción emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para la década 2020-2030-ya oficializada en diciembre del año pasado- y la hoja de ruta para alcanzarla. El recorte propuesto por el país implica la estabilización de las emisiones y la neutralidad de emisiones para el año 2050. De existir un compromiso real, el país debería adoptar, de forma inmediata, medidas tendientes a alcanzar esta nueva meta.
En ese sentido, el Congreso de la Nación ocupa un lugar clave. Las normas, especialmente las de presupuestos mínimos de protección ambiental, son la base más sólida de políticas públicas sostenibles en el tiempo en materia ambiental y energética. Recordemos que las principales políticas climáticas a nivel doméstico-bosques, glaciares, energías renovables- surgieron a la luz de leyes nacionales, que incluyeron un debate político y social parlamentario.
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Hay al menos tres caminos en los que el Congreso puede avanzar para contribuir a la descarbonización de la economía y la adaptación al cambio climático: modificar legislación vigente, para adaptarla a la nueva realidad; sancionar proyectos pendientes; y asegurar el cumplimiento de las leyes ya aprobadas e incumplidas por falta de normativa complementaria o de presupuesto.
El Congreso debería actualizar al menos cinco leyes: la recientemente aprobada Ley 27.520 de Cambio Climático, que consolida el diseño de una institucionalidad climática local, pero está desconectada de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional, carece de metas y de financiamiento, entre otras cosas. La Ley 27.191 de energías renovables, para incorporar un nuevo objetivo a 2030 –como base un 35% de consumo renovable, para alcanzar la carbono neutralidad a 2050–; la Ley 26.123 de promoción del Hidrógeno; el impuesto al dióxido de carbono y la Ley 25.916de gestión de residuos, para alinearla al paradigma de la economía circular.
También hay proyectos de ley que esperan su tratamiento y sanción, y que se han vuelto ineludibles ante el desafío del cambio climático: la protección de los humedales, una legislación marco y regulaciones sectoriales para la eficiencia energética y para la electromovilidad y la producción limpia para la industria, entre otras.
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Por otro lado, existen normas sancionadas por el Parlamento cuya implementación es deficiente por fallas en la ejecución, pero también por falta de presupuesto. Es el caso de la Ley de Bosques Nativos o la Ley de Fomento a la Producción Forestal.
Analizar los proyectos de ley bajo criterios climáticos es indispensable de aquí en más. Por ejemplo, el proyecto de promoción de los hidrocarburos o la recientemente aprobada Ley 27.637de ampliación de zona fría van a contramano de la reducción de emisiones de GEI.
Por último, el presupuesto que se sancione en 2022 será el primero luego que el país asumiera sus nuevas metas de reducción de emisiones de GEI. Los objetivos comprometidos implican dar un nuevo sentido a las inversiones en obra pública y a la promoción de actividades o sectores económicos y contemplar el costo de la prevención y de las consecuencias de los eventos asociados al cambio climático.
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El Poder Legislativo es el que tiene la atribución de promover regulaciones de alcance nacional que, por un lado, garanticen el derecho a un ambiente sano, y por el otro, generen certidumbre para iniciar un camino de desarrollo orientado hacia la neutralidad de carbono al 2050. Es momento para que el poder político brinde las certezas necesarias, para que Argentina avance en la dirección correcta.
* María Eugenia Testa. Directora Círculo de Políticas Ambientales.
