Estamos ante una nueva Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –en este caso, la número 27– que pasa casi sin novedades. Celebrada en Egipto, tuvo una organización previa relativamente cuestionada, al conocerse algunas proyecciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que genera una Cumbre cuyo principal objetivo es coordinar las acciones de la humanidad contra el cambio climático. En resumen, se generó mucha contaminación para poder celebrar el encuentro. Pochoclo para Greta Thunberg.
Una Cumbre que también deja algunos sinsabores con respecto a cómo vamos a organizarnos como sociedad global en torno a los mecanismos para reducir y compensar nuestra huella de carbono (en pocas palabras: el equivalente a las emisiones de gases de efecto invernadero generados por una persona, organización o Estado-gobierno). Una brecha que comienza a notarse con cada vez más fuerza entre los Estado–Naciones que han abierto la posibilidad de aunar esfuerzos públicos y privados, frente a aquellos que todavía permanecen expectantes, cuasi-inmóviles, hasta que las reglas de juego estén un poco más claras. Parece que no les avisaron que el precio de no hacer nada es más alto que adoptar algún tipo de mecanismo, aunque no sea perfecto, en un momento de la Historia en el que lo importante es poner la cosa en movimiento.
En ese sentido, la agenda de reducción y mitigación de gases de efecto invernadero tuvo un rol secundario, nuevamente postergada frente otros temas relevantes como el financiamiento para una transición justa, y la creación de impacto social positivo en los procesos de lucha contra el cambio climático.
Pareciera, a priori, que el escaso abordaje que tuvieron las políticas de compensación y acciones de reducción no fue casual y guarda vinculación con la proliferación de iniciativas privadas, a nivel global, para ofrecer soluciones de net zero. Frente a la anomia global de cómo estructurar soluciones globales, el sector privado ha comenzado su propio desarrollo de esquemas de compensación para aportar activamente en la lucha contra el cambio climático, y por qué no, aggiornar su propuesta empresarial a lo que sus consumidores finales demandan: más sustentabilidad.
El mercado de carbono es relativamente simple de explicar. Se ofertan unidades de Carbono Secuestrado (siendo los proyectos forestales o de energías renovables, los más comunes), para compensar el carbono generado –gases de efecto invernadero–, producto de la operación de una determinada organización. Simple, sencilla, lineal y que, además, requiere de poco esfuerzo. Bajo determinadas condiciones, una empresa puede ser carbono neutral, simplemente compensando la totalidad de sus emisiones; incluso, hasta podría ser carbono positivo.
En este contexto se han multiplicado las empresas con programas de compensación como parte de sus estrategias de sustentabilidad, pero que tienden a olvidar que sus esfuerzos no deberían estar orientados a neutralizar, sino a crear impacto positivo, que el principio, lejos de “no hacer daño”, es crear valor compartido.
No se puede compensar el camino hacia el impacto positivo. Valga esta breve reflexión para animarnos a transicionar la agenda hasta la COP 28 por una búsqueda genuina en crear valor ESG (ambiental, social y corporativo). Por incluir programas de compensación que sean coherentes con nuestras acciones de reducción; por integrar comunidades y los tejidos sociales en donde operamos como parte de la solución a los desafíos de nuestra cotidianidad, y del largo plazo que buscamos construir; por darnos reglas de juego y objetivos claros con respecto a cómo construir ese camino.
Valga esta reflexión para animarnos a seguir construyendo una agenda de impacto positivo, que realmente persiga impacto positivo. Valgan estas líneas para seguir desarrollando una articulación público–privada más fluida, que impulse una agenda de desarrollo sostenible para toda nuestra Argentina.
*Licenciado en Ciencia Política.
