El desarrollo de generación de energía a partir de fuentes renovables aparece como un fenómeno irreversible a escala global. La Argentina adhiere a dicho fenómeno, a partir de compromisos internacionales reflejados en la Ley 27.121, que prevé un aumento gradual de la participación en el consumo de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, comenzando por el 8% para este año hasta llegar al 20% en 2025.
Este compromiso se asume en un contexto en el que el 65% de la energía eléctrica se genera a partir de la quema de hidrocarburos, en particular de gas natural.
En pos de alcanzar los objetivos previstos, la actual administración lanzó el exitoso programa Renovar. Mediante dicho programa se licitaron tres rondas de proyectos (en julio y noviembre de 2016 y en noviembre de 2017), que adjudicaron 169 proyectos, por 3.832 megavatios de potencia. Estos proyectos se instrumentan a partir de contratos en dólares a veinte años, administrados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista eléctrico (CAMMESA).
Alcanzar la meta del 20% implica el ingreso de aproximadamente 10.000 megavatios adicionales de potencia. Equivalen a una inversión aproximada a 10.000 millones de dólares.
Un mundo 100% renovable para 2050
En este contexto, se vuelve necesario analizar la inserción de la energía renovable en el marco de una planificación energética integral. Este plan debe ponderar las ventajas comparativas representadas por la disponibilidad de gas natural a precios competitivos, en un escenario global en el cual el cumplimiento de los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero de los grandes centros de consumo globales de energía pasa por la sustitución de carbón mineral por gas.
En este punto aparece la necesidad de una política pública de consenso, que exceda los tiempos de una administración. Debe entregar certidumbre y reglas claras de largo plazo, capaces de permitir el arribo de inversiones a un sector que genera rentas y que debe ser debidamente regulado.
En la coyuntura, la Argentina enfrenta un escenario macroeconómico inestable, que pone al costo del capital y al desarrollo de infraestructura de transporte eléctrico como los principales limitantes para el desarrollo de algunos de los proyectos ya adjudicados.
En este sentido, el programa Renovar, que consiste en la aplicación de subastas competitivas a repetición, si bien logró bajar sustancialmente el costo de generación, podría en el futuro adjudicar proyectos de dudosa sustentabilidad.
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La implementación de precios mínimos o bandas que impidan adjudicar a precios “demasiado bajos” debería ser tenida en cuenta en el futuro. También, la incorporación de márgenes de renegociación de los contratos de abastecimiento, que no alteren la ecuación económico-financiera del inversor, pero que tampoco condenen a los usuarios a pagar precios de energía exageradamente altos en el futuro.
El desarrollo de energías renovables, finalmente, aparece como un fenómeno de rápido crecimiento y de alto contenido tecnológico. Debería ser aprovechado por la región para el desarrollo endógeno de tecnologías y de bienes de capital, que complementen la disponibilidad de recursos naturales e impulsen el crecimiento económico regional.
*Por Alejandro Einstoss, director del Centro de Estudios para la Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Belgrano
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