La percepción de los laboratorios multinacionales, responsables del 27% de la inversión privada en I+D, es entusiasta en relación a la potencialidad de la Argentina como polo de atracción de investigaciones biomédicas. Los expertos coinciden en señalar que hacia 2023 la inversión en este rubro podría alcanzar los mil millones de dólares.
Entre las ventajas comparativas que ofrece la Argentina en relación a otros países de la región, se destaca la calidad de sus recursos humanos, una larga tradición en investigaciones biomédicas y reconocidos centros de investigación con infraestructura de punta. Si esta inversión privada fuera acompañada por una decidida política pública de promoción, se registrarían múltiples beneficios para el país.
En primer lugar, los pacientes accederían en forma temprana y gratuita a nuevos medicamentos. En segundo lugar, la comunidad científica local podría estar a la vanguardia para dar respuesta a algunos de los mayores desafíos globales en el campo de la salud. Los propios hospitales públicos y laboratorios universitarios, no siempre tenidos como prioridad en los presupuestos, podrían beneficiarse de la asociación con el sector privado, con un esquema tributario que les permitiera participar de los beneficios de esta actividad. Así, potenciarían sus áreas de investigación, abriendo nuevas posiciones a talentos médicos, y mejorarían su infraestructura de atención a los pacientes, en otras palabras, una oportunidad de progreso general para todo el sistema de salud pública. Por último, un dato no menor, es que esta inversión podría representar uno de los factores críticos para un crecimiento económico sostenible, como ha demostrado serlo para otros países, entre ellos, Australia, Corea del Sur, Bélgica y España.
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Sin dudas, la administración que surja de las urnas en los próximos meses jugará un rol fundamental para crear un ambiente de negocios adecuado que permita posicionar al país como un destino atractivo para este tipo de inversiones. Con este objetivo en mente, resulta importante destacar que la mayoría de las compañías que lideran a nivel global el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos cuentan con oficinas y plantas en la Argentina.
En los últimos años se han dado pasos importantes. La ANMAT adoptó formalmente en 2016 una posición proactiva para favorecer el desarrollo de las investigaciones clínicas, encuadrando éstos como “un paso básico para que los medicamentos, y los nuevos tratamientos, lleguen a quienes lo necesiten”. Consecuentemente, entre principios de 2017 a fines de 2018, según se desprende de un estudio de CAEME, los plazos de aprobación para la conducción de ensayos clínicos se redujeron notablemente en un 60%, pasando de 167 a 63 días promedio.
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En otras áreas, sin embargo, los avances han sido limitados o incluso nulos. En lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual, el ranking de la International Property Right Alliance ubicó a la Argentina en el puesto 79 entre 125 países. No resulta sencillo estimar los costos de no estar incluidos en el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) pero éste será uno de los ejes claves a modificar en aras de generar mayor confianza y reglas claras.
La oportunidad de duplicar las inversiones en las investigaciones biomédicas en un plazo acotado basados en indicadores concretos no debe ser tomada a la ligera. Requiere un compromiso de todos los actores involucrados para que el país recupere índices históricos de participación a nivel global, cuyo pico fue en el 2006 con un 2,6%.
