Mediante el mensaje 20 del presente año el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Senadores de la Nación un proyecto de ley con el objetivo de acercar las políticas de descentralización y federalización para profundizar la gestión y los asuntos de gobierno. Expresa que de este modo se reconoce el respeto a las identidades de cada provincia y las relaciones de coordinación entre los Estados Provinciales y el Estado Nacional.
Incluso, citan expresamente lo siguiente: Como afirma Juan Bautista Alberdi, "en el símbolo o escudo de armas argentinas aparece la misma idea, representada por dos manos entrelazadas formando un solo nudo sin consolidarse: emblema de la unión combinada con la independencia" (Alberdi, Juan Bautista, "Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina", La Plata, Terramar Ediciones, Pág. 146).
Para ello proponen la declaración de 24 ciudades como Capitales Alternas, la conformación de un Gabinete Federal de coordinación que la Jefatura de Gabinete de la Nación convocará cada 30 días y el Ministerio del Interior elaborará el plan de trabajo a esos efectos.
Además, los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que participen deberán llevar un registro de temas abordados que serán reportados al Ministro del Interior que tendrá a su cargo el proceso de coordinación y selección de organismos y entidades que podrán ser relocalizadas en las provincias.
Cómo es el proyecto que envió el Gobierno para declarar 24 "capitales alternas"
En líneas generales, los postulados del proyecto y el espíritu reflejan una intención de generar institucionalmente una política de proximidad de los funcionarios federales al ámbito local.
Hasta aquí entonces, podría pensarse que es un proyecto con buenas intenciones a aplicarse en Alemania, Estados Unidos, Austria o Suiza, pero no, no sería este el caso. Estamos hablando de una idea a aplicarse en tiempo, forma y de fondo en la Argentina de la cuasi cesación de pagos, déficit del gasto público, sin responsabilidad ni pacto fiscal y una acuciante inflación monetaria.
Por esto, a este proyecto declarativo de buenas intenciones no debemos dejar de verlo como corresponde: con realismo político.
En este sentido, sin ahondar en lo obvio de la problemática del gasto público, avanzaremos en clarificar cómo se invierte una idea buena en una presentación contradictoria desde el punto de vista federal. De ahí la idea de Federalismo Invertido.
Primero y ante todo, Alberdi tendría para recordarles que no fue lo único que escribió y así verían las críticas vertidas hacia Sarmiento por su gobierno del aire o parásito, al asumir competencias que no les correspondían y generar déficit y deuda.
Segundo, también les recordaría que: no puede haber ciudadano que se gobierne a si mismo, donde el Poder del Estado lo gobierna todo, en franca alusión al control de agenda y relaciones que en cada reunión alentarán y mantendrán los gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional en desmedro de sectores sociales no oficialistas.
Tercero, no les dejaría pasar que multiplicar los gobiernos, es multiplicar los gastos, sin multiplicar entradas, ni los recursos del país. Multiplicar gastos públicos es disminuir los recursos de los particulares que costean esos gastos, es empobrecer y debilitar a todos los ciudadanos para enriquecer y fortalecer a los gobernantes. Alusión obvia a la burocracia que se descentralizara pero no disminuirá.
Cuarto, finalmente, alentada por la lógica de los puntos anteriores, los gobernadores e intendentes tendrán un nuevo objetivo político que no tendrá más resultado final que: no hubo privilegio más deseado ni productivo de beneficios que el de gobernar. Cortejar al dispensador de esos beneficios, que era el soberano del pueblo, fue todo el fin de ser patriota. Ser patriota fue todo el arte de vivir.
Para sintetizar, siguiendo la lógica alberdiana, las buenas intenciones caen en un saco roto en el cual sólo se alienta más burocracia en tiempos en donde los más influyentes e importantes analistas y teóricos sobre administración pública aconsejan ir hacia una gestión pública descentralizada pero lo hacen con un sentido estratégico económico y no de pago político a cada gobernador según sus intereses corporativos.
Además, hoy las administraciones más modernas hacen gala de las nuevas tecnologías de gestión y habilitan ventanillas electrónicas únicas, como el TAD o Tramites a Distancia para el nivel nacional ya vigente en argentina, que permiten que el ciudadano haga sus tramites sin moverse de su casa y de modo directo, sin mediación, con los órganos federales del ejecutivo.
Y si a eso le sumamos que, claramente, el proyecto lleva debajo del poncho un esquema de federalismo invertido en tanto no propone de antemano, como debería corresponder a un esquema de gobernanza pública y co-creación de políticas la necesidad de que se discuta y defina un set de objetivos y metas de desarrollo estratégico por regiones, como también, la definición operativa de la transformación que se busca para avizorar la eficiencia, eficacia y cambio cultural que intuimos proyectos como estos deberían tener como finalidad.
E incluso, no cuenta con una herramienta democrática clave e ineludible como un artículo que habilite expresamente al uso o la reglamentación de una norma de participación ciudadana con algún carácter, consultivo o no, que además se sustente en la Ley de Ética Pública y en alguna normativa relativa a gestión de interés o lobby. Déficits todos estos no menores en la formulación de una ley de estas características.
Por todo ello, es un proyecto que se inicia con intenciones alternas más allá de sus capitales alternas. Cita a Juan Bautista Alberdi sin atender a su real ideario republicano y deja plasmadas muchas dudas respecto de su articulado dejando en evidencia las intenciones show-populistas del gobierno nacional antes que la promoción de un verdadero debate que instale instituciones de gobernanza pública local y estratégica atendiendo las simetrías y diferencias provinciales en donde la sociedad civil sea un actor preponderante y no la corporación política y sus militantes.
Ojala todas estas dudas sean suficientemente superadas por un debate abierto y franco sobre las definiciones, objetivos y metas de gestión pública de los asuntos comunes dentro de un país que tiene poco de común y es extenso en su geografía y en deudas históricas sin reparar desde el inicio de la democracia.
