Hace tiempo hemos comenzado a ver en las páginas especializadas (revistas, diarios, webs) cuáles fueron los pros y contras del año 2018 en materia de gobierno abierto e integridad corporativa. Pero también ya comenzamos a visualizar que las tendencias 2019 sobre el cambio y la innovación en las administraciones públicas y privadas no ha cambiado favorablemente en ese sentido.
Como las administraciones públicas estuvieron encorsetadas en procesos electorales y en arduos escenarios de modernización, por cierto, lentos pero que muestran cambios al menos en el ámbito nacional, nos circunscribiremos en este caso sólo a resaltar la falta de proactividad del sector privado en materia probidad, buen gobierno corporativo y Responsabilidad Empresarial Social, en aquello que se denomina Transparencia Activa.
En este sentido, aquí hablamos de RES o RCS y no de RSE porque entendemos que es la responsabilidad en particular de la empresa y su administración la que afectará de manera positiva o negativa en el contexto social. Creemos en este sentido, que es necesario el cambio de perspectiva conceptual en el que se ordene las acciones corrigiendo el error ampliamente extendido de Responsabilidad Social (ambigua e inexacta) por el de Responsabilidad Empresarial y/o Corporativa que impacte en la Sociedad.
A partir de esto, la Transparencia Activa es una propuesta de valor para el mercado que no está extendido en la Argentina. Sólo un par de preguntas nos permitirían ver la opacidad con que el sector privado aún hoy opera: ¿Son transparentes en sus procesos de producción de bienes y servicios?, ¿Son transparentes en las relaciones con sus proveedores?, ¿Son transparentes en sus procesos de resolución de conflictos en el área de recursos humanos? ¿Son transparentes a la hora de solucionar las problemáticas de conflicto de interés, ética corporativa, incentivos y relaciones con el Estado?, ¿Son transparentes en la comunicación y publicidad (packaging) de los productos y servicios que ofertan? En especial, ¿son transparentes los actores del sector de combustibles, informática y big data, minería, textiles, etiquetado informativo en alimentos y bebidas? Entre otras preguntas posibles.
¿Cómo podríamos definir a la Transparencia Activa de Empresas o Corporaciones? Como el set de información pública de carácter administrativo, productivo y de recursos humanos que facilita el conocimiento sobre el gobierno y la administración de una organización privada sin que sea necesaria la solicitud o reclamo de un ciudadano o ente de la administración estatal. Esta información no es información sensible de las personas, ni aquella protegida por secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad ni debe afectar intereses de terceros. Es información pública alineada al core del negocio.
Una Oficina Anticorrupción sin transparencia ni acceso a la información
Entendido esto, es claro que hasta hoy la Transparencia Activa no es una propuesta de valor que las empresas impulsen o al menos no es un común denominador en algún sector productivo reconocible, y lo más importante, no es un reclamo exigido y extendido por parte de los consumidores o potenciales consumidores. ¿Cuánto más colaboraría en la elección de los consumidores el obtener información sobre la empresa a la hora de consumir o incluso a la hora de hacer valer sus derechos ante Defensa del Consumidor? Bastante, sin lugar a dudas.
Si miramos a este fenómeno desde una perspectiva de prácticas internas corporativas desde las áreas de recursos humanos, de un oficial de cumplimiento, de un área de asuntos públicos o área de RSE, lo que más podemos avizorar hoy es que en el mejor de los casos el norte está enmarcado en hacer cumplir normativas y en alcanzar algún grado de política anticorrupción pero lejos aún estamos de establecer una cultura corporativa de probidad 360º.
Resumiendo, estamos a medio camino e insertos en un cambio de época y de prácticas en las administración estatales y privadas en el que las pymes y multinacionales aún transcurren por escenarios de cambios legales – anticorrupción- pero que no alcanzan a un desarrollo de culturas éticas en la que cada persona integrante de una organización sea un embajador y comunicador de la marca teniendo como soporte reputacional a la Transparencia Activa de su empresa.
En contextos de crisis económicas, como se avizoran durante todo el 2020 y 2021, lo informacional y lo intangible son valores actitudinales que requieren de grandes esfuerzos no materiales sino de pura administración de consensos y disensos. Ojalá este camino de apertura dé inició durante este proceso de cambio e inicio de una nueva década a la transparencia como un valor propio organizacional y de sus partners, stakeholders y la comunidad.
*Analista de Asuntos Públicos
