Luego de pensar, decidí contestar por este medio y en forma personalizada. Resulta inconcebible que alguien que firma como “investigador” se lance a la escritura sin fundamentos, sin método, plagado de falacias, sin rigor histórico y afincado en prejuicios. Ninguna academia sostendría a un escriba que realice una publicación de este tipo.
Nada de lo que afirmo en mi nota “Torturas en Malvinas: en favor de la Justicia o cómplice de los hechos” es falso. El primer punto, que usted minimiza, es la existencia de la causa 1.777/07 que tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. En dicho expediente hay radicadas más de 120 denuncias. ¿Puede usted afirmar sin sonrojarse que incitamos a más de 120 personas a denunciar? De hacerlo estaría usted insultando a la inteligencia más elemental.
Las denuncias en cuestión, Sr. D´Angelo, son por estaqueamiento y otras torturas (aplicación de tormentos). Cada uno de ellas es la historia viva de un padecimiento real, de una experiencia abominable: “...me deforman la cara de los golpes, me golpean con el fusil FAL [...], me quiebran tres costillas y la clavícula, casi pierdo el ojo derecho, me hacen caminar por la zona minada ida y vuelta [...] me manda a estaquear, a desvestir, me sacan todo el equipo, el armamento, [...], me pone una granada en la boca…”. Este, junto con otros testimonios similares van configurando la compleja trama de la investigación. ¿Conversó usted con las víctimas? No lo creo. Dudo que pueda sostener la mirada frente a un colectivo de más de un centenar de personas que 37 años después aguardan por Justicia.
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En ningún momento me burlo de nadie. Hace 9 años que intervengo como letrado del CECIM La Plata en una causa que lleva 12 de vida. El hecho de afirmar que las víctimas hace cuatro décadas que anhelan que el Estado brinde respuestas, tiene mucho que ver con la naturaleza de los delitos denunciados. En efecto, la circunstancia de que durante 1982 la República Argentina estuviese bajo el gobierno de un Estado terrorista (probado en la causa 13/84, Juicio a las Juntas ¿Va a negar el Plan Sistemático allí acreditado Sr. D´Angelo?), acrecienta los padecimientos, dado que implica como definición, la imposibilidad de acceder a la tutela judicial efectiva, a la posibilidad de denunciar y obtener respuestas.
Para muestra basta un botón, Sr. D´Angelo. De los archivos relativos al conflicto bélico del Atlántico Sur, desclasificados en 2015, surge una orden, fechada el 30 de diciembre de 1982 y firmada por el entonces Comandante en Jefe del Ejército, Cristino Nicolaides. ¿Va a negar la existencia de un documento oficial? ¿Sabe qué dice? Transcribo: “En los casos del anterior punto 1. [habla de las torturas], en que se acreditare alguna infracción, las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva…” y añade que “[c]uando excepcionalmente, se apreciara que el hecho no se puede resolver en el ámbito disciplinario, deberá informarse tal circunstancia dándose debidamente razón de ello, al Comandante en Jefe del Ejército, quien decidirá sobre el particular”. ¿Cuántos casos fueron tratados y/o resueltos? ¿No le parece extraño?
La prohibición de la tortura se encuentra legislada. ¿Lo sabía Sr. D´Angelo? Parece que no. Además, el Estado se encuentra obligado a investigar. No puede omitir hacerlo ni declarar prescritos los hechos. No lo digo yo, lo afirma la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le recomiendo leer el precedente “Herzog y otros contra Brasil”, del 15 de marzo de 2018. Allí encontrará los estándares y alcances que los Estados deben aplicar frente a este tipo de casos. Utilice su carácter de investigador para buscar fuentes e informarse. No hay caprichos ni interpretaciones maniqueas. El sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos trasciende por mucho el rol de una organización local.
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En otro orden, en el expediente 1.777/07 no hay cosa juzgada. Evidentemente le vendieron pescado podrido. La resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia de fecha 1° de julio de 2019 es clara, al afirmar que: “Por lo demás cuadra señalar que el pronunciamiento al que hace referencia el recurrente y que concluyó en el sobreseimiento al imputado [...] – respecto de los hechos allí investigados no resulta extensivo a los hechos que no fueron objeto de aquella sentencia, ni a las personas que no fueron alcanzadas por la misma. Es decir que sus efectos no han de propagarse a los hechos que no integran tal resolutorio, ni claro está a los imputados distintos a [...]” (Expte. FCR 63001777/2007/6/CA3).
Según su lógica, el CECIM convenció a más de 120 denunciantes, a un fiscal federal, tres jueces federales, tres camaristas y a un Procurador. Si eso fuera cierto, estaríamos frente al acto de simulación y lobby más grande de la historia. Parece, a esta altura, que lo que le molesta es que pidamos justicia con apego a las garantías contempladas en nuestra Constitución Nacional. Esas que negaron a los soldados que denuncian haber sido estaqueados.
Por último, la construcción de una épica de guerra se desvanece en el aire luego de leer las conclusiones del Informe Rattenbach. Las cuestiones tácticas y estratégicas que puedan haber generado alguna situación límite se inscriben dentro de esa “aventura militar”. La dictadura fue a una guerra sin planificación, con intención manifiesta de revitalizar un proceso político que venía en franco declive. A esa guerra improvisada llevaron a los soldados conscriptos, quienes además denuncian haber sido torturados. Lo que para usted es un aliciente, para mí es un agravante que explica un sistema de crueldad que imperó en nuestro país desde 1976. Yo no miento D´Angelo. Lucho por la justicia, que sin dudas llegará.
*Abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. @jerogi
