El discurso presidencial en el inicio del año legislativo es una oportunidad para marcar el ritmo del año que se inicia, repasar la gestión anterior (en este caso, todavía incipiente) y dar señales del curso que tomará la agenda impulsada por el Poder Ejecutivo en el futuro.
El presidente Fernández compartió en la Asamblea Legislativa un discurso que se extendió por 90 minutos en los que ofreció su diagnóstico de la situación económica, social y política del país; las prioridades que impone la necesidad de renegociar la deuda pública; las urgencias de la situación social y de profunda inequidad social de la Argentina. Durante los primeros 60 minutos de su presentación, no nombró a las mujeres y apenas mencionó la perspectiva de género entre los principios que estarán incluidos en una modificación de la Ley de Economía del Conocimiento para sectores como software, biotecnología y robótica, que adelantó será enviada al Congreso. La equidad de género fue también mencionada como uno de los “valores esenciales” que guiarán el trabajo regional, junto con la defensa de la paz y la seguridad, el apoyo al multilateralismo, el respeto al derecho internacional, los derechos humanos y la protección del medioambiente.
No hay dudas que la Argentina enfrenta enormes desafíos. Abordarlos es indispensable para mejorar las condiciones de vida de grandes sectores de la población. Hacerlo con la igualdad de género como uno de los principios fundamentales, es un imperativo ético y político.
El discurso completo de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa
Fue en el último tercio del discurso que llegó el anuncio tan esperado: el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para la legalización del aborto. El presidente enmarcó correctamente el tema como una cuestión de democracia y de derechos, que compromete la igualdad y la libertad, y no solo como un tema de salud pública - que de por sí ya es un aspecto de gran relevancia. La decisión del Poder Ejecutivo de presentar un proyecto que propone la legalización de la práctica durante la primera etapa de la gestación, sumado al compromiso de garantizar el acceso al sistema de salud para las mujeres que deciden la interrupción del embarazo, implica un avance enorme en las posibilidades de poner fin a las amenazas que se derivan de un uso arbitrario del poder punitivo del Estado. Si bien hoy el aborto es legal en las condiciones que establece el Código Penal, toda la evidencia muestra que la amenaza de la criminalización (que muchas veces trasciende la amenaza y se transforma en una persecución muy concreta y que incluye la inadmisible vulneración del secreto profesional) tiene un impacto desigual en el acceso a la salud de las niñas, adolescentes y mujeres en todo el país.
La actual regulación del aborto no lo prohíbe por completo, pero la arbitrariedad con la que se aplica en los distintos territorios determina situaciones de enorme desigualdad, incompatibles con un estado de derecho. Entrados en el silgo XXI, la propuesta del Poder Ejecutivo es avanzar admitiendo la ineficacia de la respuesta penal, vigente desde hace casi 100 años. En 2020, ya es tiempo de avanzar.
El discurso presidencial brindó algunas señales respecto de hacia dónde avanzará. En primer lugar, con la legalización de la práctica en la primera etapa de gestación garantizando el acceso al sistema de salud para quien tome la decisión de acceder a un aborto. En segundo lugar, estableciendo un “contundente programa” de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado. Como se ha afirmado desde la militancia feminista desde hace años: la legalización del aborto es una política necesaria para garantizar el acceso a un derecho y una práctica de salud, pero es insuficiente para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en su conjunto y desde una perspectiva integral. En los países en que se avanzó en el derecho al aborto se logró también reducir la cantidad de abortos practicados debido a una mayor difusión y disponibilidad de información y de métodos anticonceptivos, que en este país tiene un alcance sumamente heterogéneo en el territorio federal y frente a las distintas etapas y circunstancias de vida de las personas.
Aborto legal: se debe conversar y estimular la reflexión para que se vote en favor de la ley
Sin brindar por el momento mayores definiciones sobre el proyecto de legalización del aborto, el Presidente hizo referencia a otra política que también impulsará para que el Estado esté más presente para las mujeres en situación de vulnerabilidad social cuando más lo necesitan: durante el embarazo, nacimiento y primeros años de crianza.
Para todas las familias, en sus distintas conformaciones, el acompañamiento durante la crianza (en particular en la primera infancia, pero no exclusivamente) es de suma importancia. No fue mencionado en esta oportunidad, pero en su primer mensaje a la ciudadanía al asumir la presidencia de la Nación, Fernández ya había hecho referencia a la desigual distribución social del trabajo cuidado, que sobrecarga a las mujeres y tiene un impacto en sus posibilidades de inserción, crecimiento o reinserción laboral, con las consecuencias conocidas en relación con la feminización de la pobreza.
En una referencia más velada a las políticas de cuidado y su impacto en las desigualdades de género, el discurso frente a la Asamblea Legislativa mencionó la necesidad de contar con un “Estado activo, con fuerte presencia, capaz de articular políticas públicas sustentables” y que pueda asistir a las familias que necesitan su apoyo. Reconoció, asimismo, “que existen ya numerosas políticas públicas para entender estas necesidades”, pero es imprescindible avanzar en “una coordinación más efectiva para optimizar sus beneficios”.
La deuda es con las trabajadoras
Las violencias contra las mujeres y por razones de género tuvieron también un lugar en el discurso: se anunció la continuidad de las capacitaciones de los agentes del Estado en cumplimiento de la Ley Micaela; la presentación de un proyecto de Ley para la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia por razones de género y acoso en el mundo del trabajo; y la formalización de un nuevo Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Razones de Género (para el período 2020-2021.
Instituciones que se anuncian como centrales para un plan de mediano y largo plazo, como la creación del Consejo Económico y Social y de la Agencia Federal de Evaluación de Impacto de las Políticas Públicas, deberán garantizar no solo la perspectiva de género en su trabajo sino también la equidad de género en su conformación. A estos proyectos habrá que prestarles atención. Los espacios de poder y lugares de decisión no pueden ser ajenos a la diversidad y pluralidad de voces que deben representar. Este es un punto en el que la leyes, aún cuando han avanzado, también han dejado en claro la necesidad de contar con la indispensable voluntad política para su cumplimiento.
Con derechos y mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento, se va fortaleciendo la democracia.
