La historia de un país se escribe a partir de los hechos relevantes de carácter político, social, económico y cultural. El fenómeno popular ocurrido hace 75 años en la Argentina reúne todas esas condiciones, de ahí el enorme impacto que tuvo en la vida de nuestro país, más allá de las diversas valoraciones ideológicas. Políticamente, el empoderamiento del movimiento obrero, génesis del peronismo, no significó sin embargo su evolución hacia la “dictadura del proletariado”. Por el contrario, a partir de su concepción filosófica de la “comunidad organizada”, Perón propuso el pacto social como su política de gobierno, para superar el clásico conflicto entre capital y trabajo. La tercera posición del justicialismo, como modelo alternativo al capitalismo y al comunismo, coincidente con la Doctrina Social de la Iglesia, se adelantó cincuenta años a las propuestas de la tercera vía formuladas a fines del siglo XX. El Pacto Social estuvo presente en el Consejo Nacional de Posguerra de 1944, en los dos Planes Quinquenales, en el Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional de 1973, y en el Diálogo Argentino de 2002, con el apoyo de Raúl Alfonsín y el protagonismo central de la Iglesia.
Las instituciones diseñadas para el diálogo y la concertación social en las democracias representativas son los Consejos Económicos y Sociales, órganos consultivos compuestos por representantes de la sociedad civil organizada, sindicatos, empresarios y académicos, cuya finalidad es orientar e influir con sus opiniones en las políticas públicas, dando mayor viabilidad a las decisiones del gobierno. Las Naciones Unidas, la Unión Europea y la mayoría de los países que la integran cuentan con Consejos Económicos y Sociales desde antes y después de la Segunda Guerra Mundial. En 1946, el primer gobierno peronista crea el Consejo Económico y Social, y en el Modelo que Perón presenta en 1974 como su testamento político, propone la creación de un Consejo para el Proyecto Nacional, no solo ya para un acuerdo económico y social de corto plazo, sino para construir un proyecto consensuado de Nación. Luego de la restauración democrática solo hubo intentos de concertación de poco alcance y duración, en particular frente a las crisis recurrentes de nuestra historia reciente: la Mesa de Concertación de 1984, la Conferencia Económica y Social de 1985 y el Diálogo Argentino de 2002. Y en 1994 se perdió la oportunidad de darle categoría constitucional a un Consejo Económico y Social. Sin embargo, numerosas provincias los han incorporado en sus Constituciones reformadas a partir de 1986.
Al asumir en 1987 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero afirmaba que “la riqueza y la diversidad representativa de una sociedad no se agota en los partidos políticos, sino que requiere de la participación de las entidades y organizaciones del pueblo, que necesitan ser reconocidas en una estructura de poder como uno de los engranajes básicos de la democracia moderna”. Considerando que la sociedad debe buscar a través del diálogo los caminos para su desarrollo integral, incorporó como herramienta de su gobierno a la planificación, pero señalando que la misma no debe ser ni el puño compulsivo del Estado ni la mano invisible del mercado, “sino la mano guiada por una planificación indicativa, que tampoco puede quedar simplemente asignada a las decisiones de la burocracia, sino que tiene que discutirse con los agentes de la producción y del trabajo, o sea una planificación concertada”. Con tal propósito, se creó el Consejo para el Desarrollo y la Participación Provincial, integrado por todas las fuerzas protagonistas del quehacer social y económico de la Provincia, los Consejos de Escuela, los Consejos de Seguridad, el Consejo Provincial de la Mujer, los Consejos Municipales de Salud, y también de manera participativa se construyó el Plan Trienal de Gobierno, con diversos ámbitos de participación ciudadana. La gestión provincial de Antonio Cafiero fue un modelo de avanzada en la idea de una democracia deliberativa, donde lo esencial no es solo la libertad de elegir los gobernantes, sino de opinar, de manifestarse pacíficamente, de participar en las decisiones que nos afectan, entendiendo a la democracia como un modo de vida, y no solo como una forma de gobierno.
En una democracia moderna, el Acuerdo Social debe definirse como una política de Estado, que haga de la concertación una herramienta central de la gestión política de cualquier gobierno, y de la participación ciudadana, no solo política sino también social, su principal elemento de control y de realimentación con la realidad. Esto significa una concepción estratégica de transformación del Estado, desde un modelo burocrático de poder hegemónico instalado a partir de un triunfo electoral más o menos mayoritario, a un Estado promotor y articulador de todos los intereses sociales. A diferencia de la clásica “reforma del Estado”, que siempre fue sinónimo de ajuste, Cafiero propuso la “transformación” hacia un Estado verdaderamente democrático, institucionalizando formas de democracia participativa en las distintas áreas del Estado provincial.
Desde el punto de vista político, la gobernabilidad democrática requiere del diálogo social y formas de decisión colectivas que permitan la participación, la negociación y regulación de los conflictos entre actores con diferentes intereses. Por eso la dirigencia política no puede hacerlo sin la participación de los actores sociales reales de la vida económica y social, ya que para alcanzar acuerdos es necesario a partir del diálogo identificar valores, intereses y necesidades comunes, y también poner sobre la mesa los inevitables conflictos de intereses, sin negar las diferencias, sino abordarlas, procesarlas y solucionarlas. Esto significa que la participación social es también un proceso político, por cuanto significa ejercicio y distribución del poder dentro de una sociedad. Pero a diferencia de los acuerdos entre partidos políticos, entre oficialismo y oposición, que son difíciles porque compiten por el poder, el acuerdo social se realiza entre actores sociales con intereses permanentes que trascienden a los gobiernos.
El Acuerdo Social debe construirse en el marco de un proceso de planificación estratégica concertada que contemple ciertos principios éticos irrenunciables para una sociedad democrática: la libertad, el bienestar y la justicia social. Como dice el Papa Francisco, es necesario recrear una cultura del encuentro, lo que en materia política se traduce en la evolución hacia una cultura de diálogo social, de la deliberación, en la búsqueda del acuerdo, del sentimiento de ser parte de un proyecto colectivo solidario, y no en el debate, en la confrontación, en la competencia por el poder.
En su mensaje inaugural ante el Congreso, el Presidente Alberto Fernández anunció la convocatoria a un amplio acuerdo político, económico, social y federal, y la próxima presentación de un proyecto de Ley para la creación del Consejo Económico y Social, iniciativa que se supone tendrá el amplio apoyo de todo el espectro político y social, a juzgar por las manifestaciones de diversos dirigentes empresariales, sindicales y de los partidos políticos, incluso de la oposición. Frente al desafío de la pandemia el gobierno logró convocar a un acuerdo político inédito, entre el gobierno nacional y todos los gobiernos provinciales y municipales, independientemente de su pertenencia partidaria. Esto demostró que frente a objetivos comunes son posibles los acuerdos políticos, si se postergan los intereses partidarios para las vísperas electorales. Ahora, el Acuerdo Social es la herramienta que se requiere hoy más que nunca para la urgente reconstrucción del país en el marco de la pandemia y para la elaboración de un proyecto estratégico nacional de desarrollo para el futuro.
En síntesis, el fundamento político del Acuerdo Social es la necesidad de enriquecer la democracia representativa con la democracia social participativa. La participación de los grupos organizados de la sociedad civil a nivel del Estado en las decisiones públicas, sin necesidad de irrumpir en manifestaciones para hacer valer sus derechos, como tuvieron que hacerlo los obreros aquel 17 de octubre de 1945, es la base ética y política del Acuerdo Social. La democracia debe evolucionar, del actual paradigma político basado en la confrontación para alcanzar la concentración del poder, hacia un nuevo paradigma basado en el diálogo y la concertación, para lograr una mayor distribución del poder dentro de la sociedad. La verdadera democracia, o sea “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” es aquella donde todos los ciudadanos, y los grupos sociales, se sienten representados en el poder, participan, deliberan y acuerdan en la búsqueda del bien común.
(*) Profesor universitario. Miembro del Instituto Antonio Cafiero.