El encuentro “A 30 Años de la Convención. El interés superior del niño” (a realizarse el jueves 8 en el Salón Auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) nos convoca a pensar en los logros alcanzados en la consecución de los derechos de la infancia y la adolescencia y a reflexionar respecto al camino que resta recorrer para que todos los niños, niñas y adolescentes ejerzan y disfruten por igual de esos derechos sin que nadie se quede atrás.
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de los Derechos del Niño que marcó un cambio de paradigma a través del abandono del sistema tutelar, la promoción del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y con ello, el reconocimiento de los mismos como sujetos de derecho.
Esta convención ha sido aprobada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, 196 países a excepción de Estados Unidos y, por lo tanto, es el instrumento más ratificado en el mundo. En Argentina, a partir de la reforma constitucional de 1994, el interés superior del niño representa un principio con jerarquía constitucional de acuerdo al artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna.
Los derechos vulnerados de los niños
Con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño se inauguró una nueva etapa de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Un camino que dio comienzo a un sistema de justicia juvenil de los que se deben desprender servicios, instituciones y recursos humanos especializados.
Más allá de los beneficios y logros alcanzados, a 30 años de la Convención, nos encontramos frente a múltiples desafíos. Hoy en día, los niños, niñas y adolescentes conforman uno de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), cerca de 186 millones de personas comprenden el universo de los “jóvenes” (entre los 10 y 29 años de edad) en América Latina, El Caribe, España y Portugal, lo que representa alrededor del 37% de la población total de esta región. Este grupo aún recibe por parte del resto de la sociedad una valoración que lo estigmatiza como disruptivo, inconsecuente o riesgoso.
En Argentina, esta situación toma tintes particulares dado que los cambios sociales, culturales y económicos acaecidos en la región durante las últimas décadas, han conducido al incremento de la violencia social afectando fuertemente a los grupos juveniles. Para miles de niños, niñas y adolescentes de Argentina la vida cotidiana se caracteriza por una sistemática dificultad para el acceso a la justicia, la educación, a servicios de salud, diversión, entre otros aspectos. Dichas condiciones restringen sus posibilidades para acceder a una mejor calidad de vida. Este contexto de vulnerabilidad termina por involucrar a muchos niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia, siendo una clara muestra del deterioro del capital social.
La ONU interpeló al Gobierno por la situación de la niñez
Esta situación se recrudece aún más cuando los niños, niñas y adolescentes entran en conflicto con la ley ya que suelen encontrarse con un sistema de justicia centrado en la punición con poca capacidad y carencia de recursos especializados para trabajar la responsabilización desde la diferenciación entre la conducta y la persona. Todo ello -sumado a la falta de instituciones que trabajen brindando respuestas pedagógicas articuladas- conduce a la vulneración de derechos, el cercenamiento de oportunidades, la estigmatización e -incluso- la aceleración de posibles carreras delictivas.
Las infracciones cometidas por los niños, niñas y adolescentes representan una problemática compleja que tiene diversos orígenes, requiriendo una respuesta integral, interdisciplinaria, multidimensional y normativa que articule políticas públicas de manera que se vincule la justicia juvenil con otras de carácter social, educativo, cultural, étnico, y económico. Dicho de otra manera, se busca propiciar la prevención, detección temprana y tratamiento a fin de garantizar el acceso a justicia de los niños, niñas y adolescentes promoviendo el valor personal, la contribución social de los mismos y el fortalecimiento de la cultura de la paz.
Así las cosas, se vuelve necesario potenciar estrategias de gestión que otorguen respuestas restaurativas desde abordajes territoriales tempranos con alto involucramiento de la comunidad, como primera respuesta hacia los jóvenes en conflicto con la ley, buscando posicionar la desjudicialización y priorizando el enfoque restaurativo a fin de reservar las acciones penales como última fase del procedimiento de la justicia juvenil.
Para lograr este accionar preventivo y potenciar acciones integradoras que apunten a construir cohesión social, se requiere salir del mundo de la unidisciplinariedad incorporando una mirada multidimensional que aborde y contenga a los niños, niñas y adolescentes desde las múltiples dimensiones que hacen al desarrollo de su vida. Por regla general, el monopolio de la unidisciplina suele entender a los niños, niñas y adolescentes desde una mirada acotada: un ser social o biológico o histórico; en definitiva un ser fragmentado.
El camino iniciado con la Convención de los Derechos del Niño ha permitido que de apoco los modelos tutelares, punitivos o eminentemente proteccionistas vayan cediendo el paso a un nuevo modelo de Justicia Juvenil que desarrolla el paradigma de la protección integral con finalidad esencialmente responsabilizadora, reintegradora y reparadora incorporando diversos niveles de desjudicialización, desprocesalización y diversificación de las medidas, preferiblemente de carácter comunitario poniendo el foco en la escucha y el diálogo para la generación de espacios de crecimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos en formación.
Este nuevo paradigma de justicia evidencia mejores resultados en el respeto del intereses superior del niño, la reparación del daño a la víctima, la responsabilización del ofensor y la reintegración de ambos en la comunidad, lo cual se da a través de procesos voluntarios y deliberativos como, por ejemplo, los círculos restaurativos, las conferencias familiares o la mediación, antes que por procesos coercitivos o sanciones reparativas aplicadas dentro de un proceso judicial.
* Directora Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
