La posición que en los últimos días adoptó la administración del presidente Joe Biden, seguida también por la Unión Europea, y otros países; en relación con la liberación de patentes de las vacunas contra el Covid-19 ha reavivado una vieja polémica en torno a posibles tensiones entre la propiedad intelectual y el acceso a los medicamentos.
La propuesta que lanzó Estados Unidos no está carente de sustento normativo. De hecho, está expresamente prevista en el artículo 31 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPs por sus siglas en inglés). Su alcance fue delimitado por el párrafo sexto de la Declaración de Doha, haciendo especial referencia al acceso a la salud. Estas normas no son nuevas y existen antecedentes a nivel global, e incluso en América Latina sobre su aplicación.
Covid-19, propiedad intelectual, vacunas y soberanía en Cuba
Ahora bien, el punto central de la discusión; y sobre lo que parece existir poco consenso, es si una limitación a un derecho de propiedad intelectual traerá como resultado un aumento en la disponibilidad de vacunas a nivel global en el corto plazo. Recordemos que este es el principal problema que enfrentan hoy los países en vías de desarrollo. La respuesta no es para nada clara por una serie de factores.
En primer lugar, “liberar la patente” no implica un aumento en la capacidad instalada disponible para la manufactura de una vacuna. Un error común es asumir que contar con la patente implica contar con la capacidad para escalar la producción del producto patentado.
Soft power, vacunas y patentes
En segundo lugar, las vacunas son medicamentos complejos que requieren una cantidad de insumos para su fabricación. Nada garantiza que la escasez de insumos, que ya es un hecho, no vaya a aumentar por la simple liberación de la patente. Por el contrario, podríamos trasladar la puja por vacunas, a pujas por insumos para fabricar vacunas; y estaríamos en un escenario peor al actual: derechos de propiedad intelectual liberados, y un acceso a vacunas no asegurado.
En tercer lugar, hay que establecer procesos para que aquellos quienes eventualmente pudieran avocarse a la producción generen un producto eficaz y seguro. La patente poco tiene que ver con la eficacia y la seguridad, cuestión que es monitoreada por las agencias regulatorias de cada país.
Alberto Fernández celebró que Biden apoye la liberación de las patentes de las vacunas
Un argumento superior podría ser: por un lado, hacer partícipes a los laboratorios titulares de las patentes de acuerdos bilaterales o multilaterales a nivel global para poder escalar la producción garantizando la seguridad y la eficacia de las vacunas producidas por terceros no titulares de patentes; por otro lado, sumar a quienes fabrican los insumos para poder evaluar las condiciones necesarias para aumentar la disponibilidad de estos si se incrementara la capacidad de producción de vacunas a nivel global.
La solución no es simple y requiere alinear intereses de varios jugadores. Pero pareciera ser que una medida aislada, sin un plan completo de implementación, no tendría mucho efecto en el contexto actual y podría perderse una valiosa oportunidad para priorizar el trabajo conjunto del sector público y privado que ya demostró, en la fase de investigación, tener un gran potencial para brindar soluciones a problemas globales tales como la pandemia.
* Pablo A. Iannello. Profesor de Abogacía de UADE y Coordinador de la Diplomatura en Derecho y Tecnología de UADE.
