En Argentina, las políticas públicas y la institucionalidad de género se han multiplicado en los últimos años. Sin embargo, las violencias de género continúan reproduciéndose a nuestro alrededor. ¿Cómo responder ante este desafío?
La pregunta por la eficacia de las políticas públicas de género es una interrogación incómoda pero necesaria. Es incómoda puesto que nuestra autocrítica puede ser tergiversada por exponentes de la derecha al acecho de toda iniciativa que pretenda alguna alteración de lo instituido. Sin embargo, es una pregunta necesaria dada la reproducción de las violencias que atentan contra la igualdad de género.
De acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), entre 2017 y 2020 los femicidios no solo no disminuyeron, sino que aumentaron. Así, el Informe 2020 –último disponible– señala que las víctimas directas de esta forma extrema de violencia de género alcanzaron a 249 en 2017, 258 en 2018, 252 en 2019 y 251 en 2020. Si sumamos las víctimas de femicidios vinculados, las cifras ascienden a 274, 281, 268 y 287, respectivamente.
Los datos sobre víctimas de violaciones y delitos contra la integridad sexual también indican aumento. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad, en Argentina las víctimas de violaciones fueron 4.266 en 2018, 5.544 en 2019 y 5.703 en 2020. En cuanto a los delitos contra la integridad sexual (abusos, exhibiciones obscenas, entre otros), las víctimas registradas fueron 12.729 en 2018, 16.618 en 2019 y 23.213 en 2020. Aunque se tratara de un mayor registro de denuncias, los datos nos hablan de un problema urgente.
En ese sentido, la reformulación de las políticas de género es posible por dos razones. En primer lugar, nuestro país ha sancionado un conjunto de normas que forman un sistema de protección integral de los derechos humanos de las mujeres y de las diversidades, entre ellas: Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (2009), Ley de Identidad de Género (2012), Ley Micaela (2019). En segundo lugar, hay un enorme trabajo desarrollado desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, así como desde las estructuras institucionales que en clave de género se crearon en provincias y municipios.
Algunas líneas que podría adoptar la reformulación de las políticas de género en sentido de su profundización son la transversalización, la evaluación y la persistencia. En relación con la transversalización, la implementación de políticas encuentra límites fácticos en la complejidad del problema, por ejemplo, la autonomía que promueven los programas que garantizan ingresos a las víctimas de violencia de género requiere acciones complementarias en empleo, vivienda, educación, justicia. Hay indicios interesantes en la formulación participativa y federal del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de Género. Por su parte, la evaluación permanente posibilitará desarrollar estrategias basadas en la evidencia para enfrentar problemas de articulación, coordinación y eficiencia. Finalmente, a problemas históricos, respuestas sistemáticas. El peor error sería la discontinuidad de las acciones.
El tamaño del desafío es función de la magnitud del problema. Desmontar siglos y siglos de desigualdades de género y de violencias es una tarea tan enorme como imperiosa que demanda compromiso, conocimiento y capacidad de trabajo. Porque vivas y libres nos queremos.
* FHCS-UNPSJB, Red de Politólogas #NoSinMujeres.
