El Estado diseña políticas para resolver problemas sociales. Con aciertos o errores, los funcionarios intentan cubrir necesidades en salud, educación, economía o seguridad entre otras. Los conflictos del ámbito privado, sin embargo, presentan una arista más compleja aún porque en esos casos el Estado solo puede intervenir si las personas así lo solicitan.
La violencia doméstica es una de esas situaciones porque, para pedir ayuda, la persona violentada debe vencer enormes obstáculos personales. El violento ejerce su control haciendo valer su poder familiar, institucional o hasta político sobre el otro. La víctima se siente completamente inerme ante el agresor. Teme defenderse, no tiene fuerzas o no se siente capaz de hacerlo. En ese contexto la denuncia suele presentarse luego de lesiones repetidas y cada vez más graves.
Pedir ayuda a la policía en caso de violencia doméstica implica un acto de enorme coraje y supone un infinito salto de confianza: con esa denuncia la víctima se pone bajo el cuidado pleno del Estado. Confía en que las instituciones la van a defender a ella y, de haberlos, también a sus hijos. Sin importar la forma de esa violencia, ya sea psicológica, simbólica, económica o, por supuesto, física, es imperativo separar al violento de esa víctima lo más rápidamente posible. Pero, ¿cómo podemos lograr que las víctimas de violencia recurran más temprano en el Estado? ¿Cómo generar esa confianza?
El Estado debe acompañar a las víctimas desde el momento que llegan a pedir ayuda
Debe correrse la voz de que es fácil hacer la denuncia y ser amparado por las instituciones. Para que esta noción se generalice es imperativo mejorar la comunicación directa con las víctimas buscando una relación cercana, amable y franca con ellas. Nada da más tranquilidad a las víctimas que comprender que las leyes están de su lado y que el mecanismo oficial está diseñado para ayudarla.
La persona violentada tiene que comprender con sencillez lo que se le pregunta y lo que se le informa para así poder acceder a sus derechos de manera simple, concreta y rápida. La excesiva burocratización en medio de una situación tan crítica da lugar a temor y frustración en las personas que, además de haber sido amedrentadas, deben completar trámites innumerables e incomprensibles. En estos casos de alta sensibilidad es clave que los funcionarios planteen las preguntas de manera simple y que ofrezca algo tan sencillo y útil como formularios redactados con consignas claras para facilitar así las respuestas de las denunciantes.
El Estado debe acompañar a las víctimas desde el mismo momento en el que llegan a pedir ayuda. Debe simplificarles la vida y debe asumir la carga emocional y el trauma con el que las personas hacen su denuncia y ponen sus vidas en manos de los organismos públicos. La función del Estado en estos casos va mucho más allá de impedir que el agresor siga atacando: se trata de lograr que la persona agredida deje de verse a sí misma como víctima y pueda recuperar el control de su propia vida. Para ello, la certeza de sentirse protegido es tan relevante como la protección en sí misma.
*Secretaria Legal y técnica del GCBA.
