Siempre es bueno que los planes económicos partan de una concepción global que dé sentido y coherencia al conjunto y a cada una de las políticas que lo integran. Un plan económico sin una concepción global no ofrece una guía clara a los factores económicos de la producción, lo que genera el descontrol de las expectativas; además, a medida que aparecen los problemas, al no existir una orientación general que asegure la coherencia de las medidas que se requieran adoptar, se terminan generando contradicciones.
Al mismo tiempo, nuestro país ha llegado a una profundidad tal en sus problemas económicos y sociales que no acepta más programas parciales o dirigidos exclusivamente a salvar algunas situaciones críticas, tal como lo hace el programa recientemente acordado con el FMI. Este acuerdo, aceptado por muchos como un mal menor, lleva irremediablemente a agravar los problemas y a crear una mayor frustración.
Las alternativas fundadas en concepciones globales son pocas y conocidas: descartados los planes de base marxista que no tienen sustento ni político ni social y que han demostrado su fracaso en cualquier lugar donde fueron implementados, quedan los que se pueden originar en la socialdemocracia, en el neoliberalismo o en el nacionalismo, de exclusión o de inclusión, dentro del cual se encuentra la doctrina peronista. Pero la socialdemocracia, al haber abandonado el marxismo y al no tener una construcción económica propia, es tributaria del neoliberalismo, al que intenta moderar con políticas redistributivas que, al no tener una base productiva firme, pierden rápidamente el efecto que pretenden lograr. Es decir, se trata de un neoliberalismo edulcorado.
En cuanto al neoliberalismo, las alternativas hoy van desde las propuestas de Milei, en un extremo ideologizado, a las de Melconian, en una variante pragmática. Pero el neoliberalismo ha demostrado que, por un lado, nunca ha tenido éxito en nuestro país, quienquiera sea que haya intentado aplicarlo, desde Martínez de Hoz hasta Cavallo, y finalmente Macri y, por otro, no da respuesta a las profundas ansias de progreso social de nuestro pueblo.
Además, el fracaso de la globalización y de los Acuerdos de Washington ha destruido la fantasía de que los países centrales se guiarían por reglas internacionales justas y parejas para todos y dejado en claro la regla inmutable de su comportamiento: la defensa de sus intereses nacionales sin descartar la fuerza, si ello se hace necesario. Así que el neoliberalismo, en cualquiera de sus variantes, pierde la justificación para una de sus políticas liminares: la apertura económica y financiera irrestricta.
Así que quedan los programas económicos fundados en el nacionalismo. Juntamente con Guillermo Moreno y un equipo de economistas del partido Principios y Valores, hemos desarrollado un plan económico integral dentro del nacionalismo de inclusión, basado en la Doctrina Social de la Iglesia y en la Doctrina Peronista.
El obejtivo fundamental del plan es asegurar de forma permanente el bienestar del pueblo y la grandeza de la Patria, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social; al mismo tiempo que se propugna la armonía entre el capital y el trabajo, lo que da origen y sustento al acuerdo social denominado, en nuestro plan, Acuerdo Magno.
La base del plan, que consta de más de cincuenta medidas a aplicar en todos los ámbitos, es la consecución de los superávits gemelos; sin ellos no habría ninguna posibilidad de lograr la estabilidad en los precios y el crecimiento sostenido con justicia social, simplemente porque las políticas no podrían mantenerse en medio de la inestabilidad que se crearía por el agotamiento de las fuentes de financiación de los déficits gemelos. El plan, entonces, fue diseñado para posibilitar esos superávits juntamente con la estabilidad de precios y el desarrollo económico.
Sin pretender agotar el análisis de todas las medidas, reseñaré brevemente algunas de ellas. El superávit operativo del sector público se logra por el aumento de las retenciones en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, compensada por la baja del precio del arrendamiento cobrado por los sectores rentísticos de la zona, que se verán compensados por un bono negociable en moneda dura y a largo plazo; de esta manera no se afectará la producción. Se propenderá a la eficiencia del gasto y a un pacto fiscal que materialice el nuevo paradigma: se buscará el superávit fiscal, no como condición de la apertura irrestricta de la economía sino como condición y resultado del fomento de la producción nacional y del empleo. No es el gasto púbico el que genera la riqueza de las naciones sino la riqueza de las naciones la que provee los recursos que requiere el Estado para cumplir sus fines.
El BCRA se verá liberado de financiar al sector público, de tal manera que los recursos monetarios puedan dedicarse a la financiación de la producción y del empleo. El directorio del BCRA dejará de ser exclusivo para financistas y académicos y estará conformado por representantes de la CGT, de los empresarios y de las provincias, agrupadas por regiones, materializándose así el apoyo que se requiere a la producción y el empleo. El sector financiero deberá competir para ubicar sus recursos entre las empresas y se reemplazará la máxima de que la salud del mismo se encuentra en medidas precautorias cada vez más extensas y rígidas por la de que la misma depende de la cantidad y calidad de los préstamos otorgados.
Se mantendrá un tipo de cambio competitivo para el fomento de las exportaciones y una adecuada protección de la producción nacional, al mismo tiempo se sostendrá una prudente pero decidida administración del comercio.
La política de ingresos perseguirá, como el resto, una recuperación del empleo productivo y de los salarios; consistirá en dos instrumentos básicos: el acuerdo social, o Acuerdo Magno, y el Congreso de la Productividad. Por medio del primero se logrará el encauzamiento de las expectativas y la asunción de compromisos por parte del sector privado, basados en el explicitamiento del programa de gobierno de corto y mediano plazo y los compromisos asumidos en cuanto a tarifas, impuestos y tipo de cambio. El Congreso de la Productividad dará lugar a políticas sectoriales consensuadas para que, dentro de plazos razonables, haya un alineamiento de productividades en toda la economía.
*Ex secretario de Comercio.
