Necesitamos pasar de un desarrollo exclusivo a un desarrollo inclusivo. Ocho de cada diez nuevos pobres generados por la pandemia viven en países de ingreso medio. Estos países tienen a su vez un menor espacio fiscal para atender las necesidades más urgentes, apremiados por el peso de la deuda pública: de los 77 países que se enfrentan a la posibilidad de reestructurar sus deudas, casi la mitad son economías de ingreso medio.
Esta falta de recursos económicos contrasta en la mayoría de los casos con su riqueza natural, con una biodiversidad que requiere especial protección, con la capacidad de contribuir a la defensa planetaria del medioambiente.
La gobernanza global precisa afrontar de forma simultánea la problemática del sobreendeudamiento de los países y la lucha contra el cambio climático. Subsanar así una falla de coordinación que tiene, por un lado, deudores ambientales y acreedores financieros y, por el otro, deudores financieros y acreedores ambientales.
La iniciativa de Deuda por Clima puede ser uno de los puentes entre ambas realidades: entre la huella ecológica formada en un 80% por las emisiones de los países desarrollados y la huella social de la crisis sanitaria en América Latina.
Este mecanismo posibilita la reducción de la deuda externa bilateral, multilateral y/o privada a cambio de invertir los fondos liberados en programas nacionales de adaptación y mitigación del clima, que contribuyan a la lucha global contra el cambio climático y que, por lo tanto, representen un beneficio para todo el planeta.
Entre otras ventajas, los swaps de deuda por clima permiten avanzar en reestructuraciones ordenadas y creativas. Una parte de los pasivos externos reestructurados puede pagarse en moneda local para financiar proyectos ambientales y de conservación, aliviando así la salida de divisas del balance de pagos.
Los proyectos involucrados pueden ser monitoreados por organismos multilaterales y organizaciones civiles, incluso podrían ser consensuados con los acreedores, incorporando la participación de empresas del sector privado en licitaciones internacionales transparentes para la inversión en infraestructura resiliente.
Las inversiones comprometidas en esos proyectos deben apuntar a la transferencia de capacidades tecnológicas para el cuidado ambiental, al desarrollo de energías limpias y al fortalecimiento de las cadenas de valor ecosistémicas.
Los canjes de deuda por clima necesitan escalarse para redireccionar el ahorro hacia acciones de mitigación a gran escala. Hasta ahora, la experiencia ha sido embrionaria –apenas 6 mil millones de dólares en treinta países– y requiere un impulso novedoso para resultar significativa.
Como lo señaló el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en el último seminario compartido en la Academia de Ciencias del Vaticano, resulta fundamental minimizar los costos de transacción y establecer reglas que consideren las ventajas para deudores y acreedores, públicos y privados. Por ejemplo, los acreedores se ven beneficiados con la reducción de riesgo de impago, con la mejora de la calificación global de sus carteras y con los beneficios fiscales de la inversión verde.
Hay experiencias del pasado que vale la pena explorar, como el EcoFund de Polonia y Bulgaria, que financió con eficacia proyectos de ecoinnovación y protección medioambiental con recursos procedentes del alivio de la deuda. También Costa Rica y Ecuador abordaron diferentes iniciativas. Y en Centroamérica, junto a España también ha habido experiencias que podrían equipararse, como los canjes de deuda por educación.
Un informe de la OCDE concluyó que los canjes de deuda por clima pueden reducir “el estrés fiscal al mismo tiempo que contribuyen al crecimiento económico y la protección del medioambiente”.
La directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, explicó que los canjes de deuda por clima tienen el potencial de acelerar la recuperación de los países en desarrollo. La CEPAL y la Secretaría del Commonwealth se expresaron en el mismo sentido, y hay propuestas que abordan la cuestión en el Caribe.
La iniciativa cuenta con el apoyo de académicos de prestigio, como Kevin Gallagher, de la Universidad de Boston, y fue validada por 23 ex ministros de Economía y presidentes de bancos
centrales. Necesitamos más voces y ampliar el consenso para dar pasos firmes en la implementación. La próxima Cumbre Climática COP26 de noviembre debería ser un punto de inflexión sobre este aspecto.
El FMI y el Banco Mundial ya han realizado avances para la creación de una plataforma global integrada que catalice el financiamiento disponible para la acción climática y ambiental, acercando la demanda y la oferta y brindando asesoramiento a los países para identificar y acceder a instrumentos financieros innovadores.
Un vacío esencial es la ausencia de un banco de proyectos listos para ser financiados, pues la inercia de un modelo productivo agotado muchas veces sigue replicando iniciativas de inversión en infraestructura alta en emisión de carbono.
Esta plataforma de los multilaterales es sin duda un paso adelante en la dirección correcta. También lo es la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI), que procuró brindar una ayuda para los países de ingresos bajos. Sin embargo, la DSSI no tiene en cuenta cómo las calificadoras de riesgo no acompañaron la iniciativa y que, asimismo, los países de ingreso medio son los más endeudados y los que fueron más golpeados por la pandemia.
La propuesta de Deuda por Clima se suma a otras que apuntan en la misma dirección: los bonos verdes; la reducción del costo financiero multilateral a partir de tasas de interés diferenciales según metas ecológicas; y la movilización de recursos concesionales que impliquen un mayor alivio a los países que cumplan compromisos ambientales ambiciosos. También los bancos regionales deben aumentar su portafolio de proyectos hacia más ambición climática: Argentina propone que el BID alcance el 50% de sus préstamos con este propósito.
La sinergia es inevitable: no puede haber finanzas sostenibles sin finanzas ecosistémicas. La justicia social ecológica es clave en la discusión de la nueva arquitectura financiera global. Necesitamos desatar el nudo gordiano del subdesarrollo y reemplazarlo por un poliedro de cooperación edificado con solidaridad ambiental.
*Presidente del Consejo Económico y Social. Secretario de Asuntos Estratégicos de la Argentina. Miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales.
