En la columna “Chile, la juventud y la nueva democracia” –publicada en este medio hace pocos días– el profesor Guido Risso critica el modelo vigente en las democracias liberales, tomando como ejemplo el caso chileno. Ya sea por desconocimiento o por error, Risso postula que el proceso constituyente que hoy se desarrolla en Chile no tiene una raigambre institucional y que es, más bien, fruto de la presión de algunos que desafiaron al sistema y que, en un clima de represión, salieron a protestar a las calles.
Conocer el contexto de la crisis político-social vivida en Chile, la forma en que ha evolucionado y la manera en que se ha conducido, resulta fundamental para entender cómo se vive la democracia allende la cordillera. Teniendo presente, además, que estamos viviendo una era global de protestas sociales sin precedentes históricos, tal como se afirma en el reciente informe La era de protesta social: una tendencia global, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
En el estallido social chileno de octubre del 2019 se conjugaron dos elementos: por una parte, una inusitada y desconocida violencia, cuya más clara expresión fue la destrucción de estaciones de metro, iglesias, negocios y edificios públicos muy queridos, como el propio museo de Violeta Parra. Por otra, manifestaciones y protestas pacíficas, multitudinarias y transversales, donde libremente los ciudadanos dieron a conocer sus demandas.
En ese contexto binario, Chile optó por un camino institucional y democrático para avanzar en los cambios que la ciudadanía demandaba. La noche del 15 de noviembre, en el edificio del Congreso Nacional, todas las fuerzas políticas –con la sola excepción del Partido Comunista– suscribieron un acuerdo que fijó el itinerario para redactar una nueva Constitución, incluyendo un plebiscito ciudadano y la elección democrática de los constituyentes. Ese acuerdo, denominado Acuerdo por la Paz, dejó plasmada una reforma constitucional respaldada por el gobierno y aprobada por la unanimidad de los parlamentarios, salvo por aquellos pertenecientes a las filas del comunismo.
Respecto del enfrentamiento de la violencia vivida durante esos días, el gobierno hizo todo lo posible por garantizar el respeto a los derechos humanos, en medio de un clima inusitado de caos: modificó y modernizó los protocolos existentes en las policías; convocó a las principales organizaciones de derechos humanos del mundo, para garantizar en conjunto el estricto cumplimiento de estos; y llevó a la Justicia los casos de violaciones a los derechos humanos para que sean los tribunales los que sancionen de acuerdo al ordenamiento legal vigente.
Pese a lo que el profesor Risso intenta construir, el proceso constituyente chileno no fue fruto de las manifestaciones violentas de esos días, sino de la unión de todos aquellos agentes sociales que institucionalmente y por la vía de la paz, salieron tranquilamente a las calles. No en vano, unos meses después, millones de chilenos concurrieron masivamente a las urnas en cada una de las etapas del proceso, desafiando la pandemia y cualquier otro obstáculo. Solo el Partido Comunista se ha restado de este proceso y ha legitimado la violencia como herramienta política… quizá por ello en las recientes elecciones primarias presidenciales fue el más derrotado en las urnas.
Mantener el espíritu de paz, el respeto a las instituciones y la buena salud de nuestra democracia es el gran desafío que el próximo gobierno y Parlamento tienen por delante. El capital institucional de Chile es la plataforma que nos permitirá hacer los cambios profundos que se requieren, resolver las diferencias políticas y proyectarnos hacia el futuro.
*Embajador de Chile en Argentina.
