La acusación contra dos comisarios de la Policía Federal –uno retirado y otro en disponibilidad preventiva– refleja el otro costado del negocio ilegal de los manteros que hace diez días fueron desalojados del barrio porteño de Once, y demuestra que las viejas prácticas del aparato recaudatorio de las fuerzas de seguridad no pasaron de moda.
En la causa -que se abrió en 2013- se habla de pedido de coimas, amenazas y extorsión a comerciantes y vendedores ambulantes de parte de la brigada de la comisaría séptima de la Ciudad de Buenos Aires, en cuya jurisdicción el negocio ilegal y la venta de mercadería falsificada aumentó en los últimos años mucho más que en otras zonas de la capital.
En ese marco, los ex jefes policiales Claudio Lucione (56) y Osvaldo Tapia (52) quedaron expuestos a partir de su elevado crecimiento patrimonial: el primero se compró una casa con pileta en Cariló que, según su declaración jurada, pagó 219 mil pesos, y el otro adquirió un lujoso yate, entre otros bienes.
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Para el juez de instrucción porteño Hernán López ambos “recibieron indebidamente sumas dinerarias de parte de distintos comerciantes, entre los años 2008 hasta el año 2012 inclusive”. Según el magistrado cobraban “dádivas a cambio de más seguridad en la zona, permitir el libre comercio y el ingreso de mercadería ilegítima (ropa de marca falsificada, perfumes importados carentes de documentación respaldatoria, etc.) que luego era ofrecida a la venta”.
Valeria Corbacho, abogada defensora de Lucione y Tapia, dijo a PERFIL que “esta causa tuvo un origen político y lo sigue teniendo”. “El juez –por Hernán López– admite que no tiene pruebas de ningún hecho de exacciones ilegales y que tampoco hay inconsistencias; por lo tanto elucubra”, asegura a este diario. “Le pedimos más de treinta pruebas y no las hizo. Le presentamos varias carpetas de prueba y no las consideró. Hace cinco años que tiene la causa muerta y ahora, sin pruebas en contra desde que dictó la falta de mérito, procesa”.
Tanto Lucione como Tapia están imputados por los delitos de “concusión” y “enriquecimiento ilícito”. A ambos se les trabó también un embargo por un millón de pesos.
En el expediente judicial –al que tuvo acceso PERFIL– un testigo asegura que los policías de la brigada “cobraban entre 500 y 600 pesos” por permitir la descarga de los containers, y “entre 200 y 300 pesos por semana a los comerciantes de la zona para impedir que les secuestren mercadería o simplemente para que no los hostiguen con inspecciones y denuncias falsas”.
También destaca cómo era el trato con los manteros: “Los vendedores ambulantes que se encuentran ubicados sobre la avenida Pueyrredón, entre las calles Valentín Gómez y Bartolomé Mitre, entregan dinero a cambio del permiso para su negocio. Esto lo sé porque cuando íbamos a labrar un acta, avisábamos al superior e inmediatamente recibíamos la orden de que iría el encargado de la brigada de contravenciones, Héctor Cardozo. Hasta los mismos vendedores te decían que ellos arreglaban con Cardozo. Es increíble, lo hacen con total impunidad”.
Negocios, bienes y lujos. En su declaración jurada, Lucione –ex jefe de seguridad de Boca Juniors– asegura que en el año 1989 –14 años después de haber ingresado en la fuerza– se compró su primer inmueble: un departamento de 55 metros cuadrados ubicado en el barrio de Villa Soldati, a pocos metro del Parque Indoamericano. Seis años después adquirió una casa de 180 metros cuadrados en Parque Avellaneda. En 2005 compró otra casa en la calle Monte, y tres años más tarde escrituró una vivienda en el lujoso balneario de Cariló, a metros del Club de Golf.
La casa de fin de semana está ubicada sobre la calle Fresno y cuenta con una superficie de 1.100 metros cuadrados. Lucione declaró que “pagó 219.000 pesos” , aprovechando una oportunidad increíble.
Tapia ingresó en la fuerza en abril de 1982. En su declaración se presenta como una persona austera: asegura “cobrar un sueldo de 40 mil pesos y ahorrar 30 mil pesos”.
Dice que en el año 2009 cobró una herencia de 120 mil dólares y que con ese dinero se compró un yate modelo SK-33 que llamó No Sé, un departamento de 55 metros cuadrados y un auto cero kilómetro, marca Peugeot modelo 207. Asimismo, “consigna la venta de un departamento que nunca había declarado poseer”.
En el procesamiento, el juez entiende que se encuentra acreditado el aumento en el patrimonio de Lucione y de Tapia, “el cual no se compadece con las declaraciones juradas formuladas por éstos, siendo además que las explicaciones por ellos vertidas no resultan satisfactorias ante las conclusiones vertidas en el informe pericial contable”. Para López, los ex comisarios “acrecentaron su patrimonio como resultado de un delito contra la administración pública: la concusión”.
Una caja de 22 millones
El desalojo de Once enfrentó a los vendedores con los policías que participaron del operativo. Y las acusaciones por el pago de coimas no tardaron en llegar. “Le damos 400 pesos diarios a la brigada”, denunció una mujer que tenía un puesto.
De hecho, el fiscal Luis Cevasco admitió la complicidad policial: “La única manera de estar allí era coimeando a la policía”. Para la fuerza la permanencia de los manteros representaba un ingreso millonario. Si bien en la causa que se tramita en el juzgado de López no se mencionan cifras respecto del pago de coimas a los vendedores ambulantes, un policía que declaró como testigo reconoce que la brigada cobraba coimas. En Once había más de 1.800 puestos. Si por cada uno de ellos se pagaban 400 pesos diarios, podría estimarse que la recaudación mensual rondaba los $ 22 millones.
