El juicio contra un empresario y su familia por los “vuelos de la droga” que aterrizaban en un campo de la zona de General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, llegó a su fin después de casi dos años y con un polémico y cuestionado veredicto. Es que Gustavo Sancho (61), el presunto cabecilla de la organización, recibió una pena de 11 años y 6 meses de prisión, pero en dos años ya estaría en condiciones de recuperar su libertad.
Sancho (61) llegó a juicio acusado como el jefe de una organización criminal que descargaba cocaína y marihuana en avionetas, aunque su nombre saltó a la fama por el caso Candela, el secuestro y posterior asesinato de la nena de 11 años en Hurlingham, ocurrido en agosto de 2011.
Conocido también como “Rey” o “Capo”, el presunto cabecilla está detenido desde el 15 de noviembre de 2017. Además del empresario, fueron juzgados sus tres hijos Franco (25), Ayrton (26) y Alan (34); su pareja Claudia Espíndola (49) y la empleada doméstica de la familia, Zulma Margarita Retamar (48). También sus socios y presuntos colaboradores en la organización, como el comerciante Pablo Gonzalo Calandria (46) y el agricultor Gustavo Rodríguez (60), entre otros.
De todos los acusados que llegaron a juicio, Calandria fue el que recibió la pena más alta: 13 años de prisión. Según fuentes judiciales, lo condenaron como organizador del tráfico ilícito de estupefacientes y lavado de dinero, pero además le sumaron dos delitos más que a Gustavo Sancho: tenencia ilegítima de arma de guerra y falsificación de documento público.
Alan, el hijo del empresario que más comprometido estaba, recibió 9 años y 6 meses, mientras que a Franco le dieron 2 y a Ayrton 1 y 9 meses por tenencia simple de estupefacientes. Estos últimos dos pasaron más tiempo detenidos que la pena que recibieron.
Espíndola, profesora de gimnasia y pareja del supuesto cabecilla, fue sentenciada a 3 años de prisión en suspenso, la misma pena que Sergio Sanzetenea Dimoff. En cambio, Zulema Retamar, la empleada doméstica, y Rodolfo Tamborini, fueron absueltos.
Por su parte, Gustavo Edgardo Rodríguez, otro de los diez imputados, terminó condenado a 4 años de prisión y recuperó su libertad.
La acusación contra la familia Sancho surgió a partir de cuatro operaciones narco fallidas (dos de ellas en Paraguay), detectadas entre agosto de 2015 y septiembre de 2016, y que los investigadores del caso atribuyeron a Sancho y su banda.
Sin embargo, el juicio no pudo probar la vinculación de esta supuesta organización con esos cargamentos, aunque dieron por válida la acusación de que formaban parte de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y lavado de dinero.
Según la instrucción, el empresario (dedicado a la compra y venta de autos), su hijo Alan –piloto de TC Pista–, Rodríguez y Calandria habrían “conformado una organización criminal dedicada al tráfico a gran escala de cocaína y al lavado de dinero”.
“Les atribuyo la dirección y coordinación de todas aquellas conductas inherentes a la planificación, organización, logística y materialización del envío, recepción, acondicionamiento y traslado para sus posterior comercialización de importantes cantidades de cocaína que sería distribuida en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, principalmente en San Martín y Mar del Plata”, entendió el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, a la hora de pedir la elevación a juicio.
“El narcótico provendría de Bolivia y sería transportado en aviones marca Cessna, modelo 210, Centurión, hasta locaciones emplazadas en cercanías de General Belgrano y Azul, donde las aeronaves descargaron la droga, para su posterior traslado por miembros de la organización, en vehículos acondicionados, hasta su lugar de almacenamiento”, detalló Domínguez.
El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Martín, comenzó el 9 de agosto de 2021, pero los fundamentos recién se darán a conocer el martes 4 de julio próximo.
Las penas dictadas por los jueces Walter Venditti, Silvina Mayorga y Daniel Gutiérrez coincidieron con el pedido del fiscal, Alberto Gentili, quien acusó por narcotráfico y lavado de dinero a Gustavo Sancho, y reclamó una condena a once años y seis meses.
La defensa del clan, a cargo de los abogados Juan Manuel Casolati y César Albarracín, no solo reclamó la absolución de los acusados sino que cuestionó duramente el fallo y denunció, además, que el juicio desnudó un “mecanismo de impunidad” para el verdadero jefe narco de la provincia de Buenos Aires.
“Estamos convencidos de que no hay ninguna prueba conducente para sostener la acusación. Ahora vamos a estar a la espera de los fundamentos y después analizaremos qué planteos realizar”, señaló a PERFIL Albarracín.
“También –agregó el letrado– vamos a intensificar los pedidos de alternativas y morigeraciones y excarcelaciones que correspondan en función de estas penas no firmes que se fijaron porque ya por el tiempo, larguísimo tiempo de prisión preventiva que vienen sufriendo, ya empiezan a estar en condiciones de recuperar la libertad, así que vamos a analizar cada uno de los casos y hacer los pedidos correspondientes”.
La acusación
◆ El empresario Gustavo Sancho, sus tres hijos, Alan, Ayrton y Franco, su esposa, Claudia Espíndola, y la empleada doméstica de la familia, Zulma Retamar, fueron detenidos en 2017 acusados de formar parte de una organización que traficaba droga en avionetas.
◆ Para el fiscal de instrucción se encargaban de la planificación, organización, logística y materialización del envío de importantes cantidades de cocaína en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, principalmente en San Martín y Mar del Plata.
“Es un fallo arbitrario y sin fundamentos”
La defensa de la familia Sancho anunció que recurrirá el fallo en Casación porque entienden que fue “arbitrario” y que no se pudieron probar los hechos “porque no había elementos”.
“Vamos a recurrir la sentencia porque entendemos que es sumamente arbitraria. No pudieron probar los hechos de tráfico de estupefacientes en su modalidad de transporte porque no había elementos para hacerlo. Otra de las cosas arbitrarias del juicio es que nunca nos permitieron hacerle una sola pregunta al testigo de identidad reservada y a otro testigo que ofrecimos”, aseguró a PERFIL Juan Manuel Casolati, uno de los abogados. “En el caso del testigo de identidad reservada el argumento fue no develar su identidad o su seguridad. Y el 75% de las audiencias fueron con la aplicación Zoom, con lo cual ese testigo bien se podría haber hecho de la misma manera sin que se vea su cara o sea de espalda. Y así todo no nos permitieron ni siquiera hacerle preguntas”, argumentó.
En su alegato, el defensor denunció una conspiración policial y ciertas complicidades del Poder Judicial en el caso, y por ello el tribunal decidió remitir copias al Colegio de Abogados de Capital Federal para que investigue si cometió una inconducta en su exposición.
