La Justicia confirmó los procesamientos y el embargo a ex empleados en la causa que investiga un millonario fraude a la Anses de Santiago del Estero. Creen que otorgaban de pensiones falsas, a jóvenes que aparecían "casadas" con personas fallecidas.
De esta manera, la resolución del tribunal de apelaciones santiagueño determinó que Graciela Saad, Cesar Luis Cortes, Luis Manuel Paz y Marcos Chazarreta continúan procesados por los delitos de "asociación ilícita, defraudación, violación de los deberes de funcionario público y utilización de documentos falsos adulterados".
En el procesamiento dictado por el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, se especifica que los empleados de la Anses local sean embargados por 10 millones de pesos cada uno. Todos ellos estuvieron detenidos, pero luego fueron liberados. Es el mismo caso de Cecilio Ibáñez, al que el magistrado señaló como el "gestor" de pensiones falsas, por los delitos de "asociación ilícita, defraudación y utilización de documentos falsos adulterados".
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En tanto, los beneficiarios de pensiones apócrifas Celeste Lucatelli, asesora y sobrina de la diputada nacional Mirta Pastoriza; su hermano Héctor Lucatelli, Paola Conte, Rita del Valle Lescano y Luis Villar fueron procesados por "defraudación" a la administración pública, falsificación y uso de instrumentos públicos falsificados en concurso real" y embargos por 2,5 millones de pesos, indicaron fuentes de la causa a Télam.
Por otro lado, las jóvenes que aparecen en los registros casadas con personas fallecidas fueron beneficiadas con una excarcelación anticipada bajo caución real de 1,5 millones de pesos.
En el caso del empresario cordobés Angel Jawahar, dueño de una cadena de helados, y Daiana Jaqueline Zanon fueron procesados bajo la figura de "defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de instrumentos públicos falsificados, en grado de tentativa", indica el fallo del tribunal.
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Por último, otros 18 beneficiarios de la Anses fueron procesados sin prisión preventiva, por los delitos de "defraudación en perjuicio de la administración pública, falsificación y uso de instrumentos públicos falsificados en concurso real", con un embargo de 1,5 millones de pesos.
El caso fue denunciado hace un año por la Anses, a partir de irregularidades detectadas por la titular de la delegación Santiago del Estero. A la fecha, la causa no tiene detenidos.
