La Justicia avanza sobre una causa que salpica al ministro de Finanzas, Luis Caputo; al jefe de la Anses, Emilio Basavilbaso, y al ex director de Fondos de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de ese organismo, Luis María Blaquier. Están sospechados de aprobar con fondos públicos operaciones financieras que habrían perjudicado a las arcas del Estado y beneficiado a la empresa Pampa Energía SA.
La denuncia sostiene que Marcelo Mindlin, dueño de las acciones de Pampa Energía, habría adquirido el Grupo de Obras, Desarrollo y Servicios al entonces dueño, Angelo Calcaterra. El primo del presidente Mauricio Macri habría vendido dicho conjunto de empresas a Mindlin “con el propósito expreso de desligarse de la obra pública en la Argentina”, indicaron a PERFIL fuentes judiciales.
Esta semana, el fiscal Jorge Di Lello imputó a Caputo, Basavilbaso, Blaquier y otros dos funcionarios: Pedro Lacoste, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, y Gustavo Marconato, secretario de Hacienda. El caso está en manos del juez Claudio Bonadio, que había recolectado documentación en las oficinas de la sede central de la Anses, en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en Pampa Energía.
Di Lello también reclamó al juez Bonadio determinar quiénes son los controladores de esas empresas a través de la Inspección General de Justicia y exhortos a los Estados Unidos. También pidió que la Comisión Nacional de Valores informe qué empresas emitieron obligaciones negociables durante 2017, la fecha de colocación de esos valores, las condiciones de esas emisiones y el detalle de cuáles eran de alto riesgo.
La causa la inició en julio pasado la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), a cargo del fiscal Gabriel De Vedia. Allí se sostuvo que en enero de 2017 los integrantes del Comité Ejecutivo del FGS habían comprado obligaciones negociables emitidas por Pampa Energía por unos 15 millones de dólares, a diez años y con un rendimiento nominal anual del 7.625%. “La compra de esas obligaciones con elevado riesgo financiero habrían favorecido a determinadas personas cercanas al presidente de la Nación”, dijo De Vedia.
Tras hacer un repaso de la composición societaria de Pampa Energía SA, accionista mayoritaria de Petrobras Argentina, De Vedia remarcó que la firma integra “Pampa Holding LLC, la que a su vez se integra con Pampa F&F LLC, que estaría controlada por Marcelo Mindlin y por Labmex Internacional SARL, controlada presuntamente por el grupo Tavistock, conglomerado empresarial cuyo titular sería Joseph Lewis, amigo del presidente de la Nación”. Ahora, Di Lello quiere saber si hubo negociaciones compatibles con la función pública.
Caputo ya tiene abiertos varios frentes: Paradise Papers, compra de dólar futuro, el bono a cien años. Pero tiene una a favor: en diciembre le cerraron la causa por comprar Lebacs con plata del FGS.
Acciones en el desmonte ilegal
El ministro de Finanzas, Luis Caputo, se encuentra envuelto en otro escándalo: Greenpeace –junto a otras organizaciones– le entregó una carta al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para denunciar el desmonte ilegal de 500 hectáreas por parte de la firma Sacha Rupaska SA, de la cual es socio el funcionario. También fue denunciada por intentos de desalojo violentos por casi un centenar de familias que vivían en la zona antes de 2007. Según su última declaración jurada, de 2016, Caputo es socio de la firma Sacha Rupaska SA, una empresa que se dedica a la compra de terrenos. Su participación accionaria asciende a los $ 310.219,22 y los créditos en el país (es decir, la deuda que mantiene la empresa con Caputo) es de $ 3.857.763,53.
Greenpeace le reclama al gobierno santiagueño que detenga el desmonte en Copo.
