La palabra “inflación” no fue la única prohibida durante la era kirchnerista. “Narcotráfico” casi no fue pronunciada en los discursos del ex matrimonio presidencial. Incluso, a partir del 2007, cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia, cesaron las publicaciones de estadísticas oficiales sobre la problemática en Argentina.
Ante la ausencia de datos actualizados, el Gobierno del PRO trabaja en la elaboración de un estado de situación y la homogenización de los instrumentos destinados a recopilar información para el diseño de políticas y acciones, basado en información del Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). En estos tres meses, se repasaron números y se trabajó en el período comprendido entre 2014 y 2015. Los técnicos también analizan la veracidad de datos de los años anteriores.
PERFIL pudo acceder a un informe preliminar que fue presentado ante la ONU y se perfecciona para dar a conocer ante otros organismos internacionales como la OEA y Unasur.
El diagnóstico de la herencia K no es alentador. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza es el segundo, en el Cono Sur, detrás de San Pablo, de salida de cocaína a Europa; Argentina es el tercer proveedor mundial de esa sustancia, según estableció el informe de la ONU en 2013 al que aludió Mauricio Macri en la apertura de sesiones parlamentarias el pasado martes.
El costo anual del tráfico y consumo de estupefacientes en el país asciende a más de mil millones de dólares anuales. Además, el aumento del tráfico coincidió con el crecimiento de la violencia: la tasa de homicidios aumentó un 45% desde 2008.
El documento admite la existencia de carteles de droga mexicanos, colombianos y peruanos en el país. Recuerda la detención de Ignacio Alvarez Meyendorff, alias “Gran Hermano”, considerado uno de los principales financistas del Cartel del Norte del Valle; la aprehensión del capo Henry de Jesús López Londoño, conocido como Mi Sangre; la ruta de la efedrina, vinculada al cartel de Sinaloa y el control de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, en manos de narcos peruanos.
Laboratorios. El desmantelamiento de centros clandestinos de refinación, fabricación de comprimidos, corte y empaquetado de drogas oscilan en un promedio de 28 desde 2008. En 2014, se notificaron 12 laboratorios de cocaína.
Desde el 2003, la incautación de cocaína registra una tendencia ascendente hasta llegar a un pico máximo en 2010. La cifra se estabilizó entre 2011 y 2014. Se incautaron entre 10.500 y 11.500 kilos de cocaína, aunque la cantidad de procedimientos “ha bajado en los últimos años”. El 75% se secuentra en la zona fronteriza con Bolivia, la Ruta 34 y la 9. Los datos de consumo de cocaína son llamativos: entre el año 2004 al 2006 hubo un incremento del 766%, y desde ese año al 2008, se registró una disminución del 62% . En 2010, se duplicó el consumo.
Sobre la efedrina, el documento destaca que en 2008, “Argentina se transformó en el tercer importador mundial. Dicha situación se conoció más tarde porque la sustancia era desviada a canales ilegales”. Según detalla, en el período comprendido entre 2004 y 2008 se importaron alrededor de 47 toneladas del precursor. En cambio, entre 2012 y 2015, ingresaron 69 kilos.
La incautación de marihuana por parte de las fuerzas de seguridad de todo el país registra una tendencia ascendente desde 2005. En 2014, se secuestraron 140.645 kilos. Gendarmería, con más del 40%, es la fuerza que más canabbis incauta. La zona de mayor tráfico es la frontera con Paraguay, la Ruta 12 y 14, y la hidrovía Paraguay-Paraná. El consumo de esta sustancia se triplicó entre 2000 y 2010.
Drogas de diseño. En cuanto al secuestro de anfetaminas, se detalla que en Argentina, entre 2011 y 2015 aumentó dos mil veces el decomiso de drogas sintéticas y aparecieron laboratorios con capacidad para producir individualmente más de medio millón de unidades. La gestión anterior no exploró demasiado sobre el consumo de este tipo de estimulantes. La Sedronar de CFK sólo midió el éxtasis y estableció que en 2010 alcanzó al 0,05% de la población de entre 16 y 65 años.
La ausencia de datos es el principal escollo con el que se encontró el macrismo en materia criminal.
“Llegamos a una situación crítica. Sin estadísticas, con pocas herramientas y unas fuerzas de seguridad desprotegidas”, evaluó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El secretario Eugenio Burzaco destacó en ese sentido: “Estamos reconstruyendo el sistema de estadísticas, es muy importante tener un buen diagnóstico y dimensionar el circuito del narcotráfico, para actuar con medidas concretas y más efectivas para combatirlo”.
Entre 2011 y 2014 se incautaron cerca de 11.500 kilos de cocaína
El informe oficial indica que entre 2011 y 2014, el tráfico de cocaína se estabilizó oscilando en la incautación entre los 10.500 y 11.500 kilogramos. Dos casos emblemáticos dan cuenta de la dimensión que alcanza el narcotráfico en Argentina.
El caso Carbón Blanco es considerado el juicio más importante de la narcocriminalidad argentina por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), una fiscalía especializada creada en 2013 por la procuradora Alejandra Gils Carbó.
La causa, que se inició en 2012, investigó el envío de tres cargamentos de carbón vegetal, con destino a Europa, que escondían mil kilos de cocaína.
La Procunar, conducida por Diego Iglesias, trabajó de forma articulada con los fiscales Carlos Sansserri, Federico Carniel y Carlos Amad, quienes fueron amenazados después del juicio, por lo que se cree que la organización sigue activa, pese a que los jefes de la organización, un abogado, dos empresarios y dos comerciantes fueron condenados a penas de entre 12 y 21 años de prisión.
De forma paralela, se investigó la ruta de lavado de dinero de la banda de forma coordinada con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el Poder Judicial de la Nación, la AFIP, la UIF y organismos internacionales.
El operativo Narcoarroz, que investigaba Sandra Arroyo Salgado y luego tomó Sergio Torres, develó que un importante cartel colombiano operaba en Argentina y traficaba cocaína enduida en arroz. La organización contaba con una compleja estructura de lavado que investiga la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, a cargo de Néstor Roncaglia. Los jefes de la banda trasnacional continúan prófugos, con pedido de captura internacional.
