El segundo juicio por el caso Ramoncito empezó esta semana. En él se juzga a Daniel Alegre, de 26 años, acusado de ser autor material del crimen ritual de Ramón González, un nene de 12 años, cometido el 7 de octubre de 2006 en Mercedes, provincia de Corrientes.
Hace tres años, en esa ciudad ubicada a 260 kilómetros al sur de la capital provincial, se condenó a nueve personas a prisión perpetua por los delitos de homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía, y en concurso de dos o más personas; y abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad.
Entre los condenados está Martina Bentura, madre de Alegre y líder del grupo que atribuyó significados mágicos religiosos al crimen, según estableció la investigación en la que participaron peritos expertos en antropología cultural.
El caso Ramoncito es el primero en la historia judicial argentina en el que un tribunal determina en su sentencia que se cometió un crimen ritual de culto. Las condenas del primer juicio, que terminó en marzo de 2011, fueron confirmadas por la Corte Suprema de la Nación, luego de ser apeladas por algunos de los sentenciados. Alegre habría dado la estocada final a la víctima en un ritual que incluyó un mix de símbolos de distintas creencias, vejámenes y torturas. Habría violado y decapitado a Ramón González, apodado Moná. Los testigos agregaron que Alegre fue consagrado en otro ritual realizado días antes, en el que lo vistieron con una sotana.
El acusado se negó a declarar este jueves ante el Tribunal Oral Penal de Mercedes, según contó a PERFIL Marcelo Hanson, el abogado querellante, quién agregó que “el objetivo es avanzar en el descubrimiento de los autores intelectuales del crimen”. Los investigadores creen que Alegre es el nexo con los financistas del ritual en el que mataron a Ramón González, y que lideraba una red de distribución de drogas y de trata de menores en Mercedes.
Alegre había huido de esa ciudad correntina en 2007 y estuvo prófugo cuatro años. Lo arrestaron en 2011 en Unquillo, Córdoba, donde había sido contratado por el municipio local como inspector de tránsito.
Cuando se enteró de que su inspector era un supuesto asesino, Marcos Mingorance, secretario de Gobierno de Unquillo, dijo a este diario que “estaba a prueba, su certificado de buena conducta estaba en trámite y había presentado un currículum con antecedentes de empresas de Corrientes y Córdoba”.
Danela Simion, empleada de Supermercados Valig, de Unquillo, donde Alegre había trabajado antes de dirigir el tránsito, lo describió como “un muchacho tímido. Vino a pedir varias veces si lo podíamos ayudar con un empleo”.
Hace un año, Alegre recibió a PERFIL en la Comisaría 1ª de Mercedes, donde fue trasladado tras su captura. Estuvo tranquilo y entró riéndose a la sala en la que se desarrolló una breve entrevista. “Es mentira lo que dicen de mí. Ni siquiera me había enterado que estaba prófugo. Me fui a Córdoba porque necesitaba trabajar. Soy grande y no me gusta estar sin hacer nada”, dijo el hombre sobre el que pesa la acusación de haber asesinado al niño indefenso que había sido dopado para el ritual.
