Hay 14 violadores, 3 asesinos y la ex policía que torturó y mató a Andrea Viera con pulseras, en sus casas

El tema de las pulseras para controlar prisiones domiciliarias sigue generando sorpresas en la provincia de Buenos Aires. Hoy el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, advirtió  que sobre 300 beneficiarios de la morigeración de detención a través del sistema de pulsera electrónica existen 22 casos de condenados altamente peligrosos.

En conferencia de prensa, Casal confirmó que enviarán a los jueces de cada uno de esos casos sugerencias para que revoquen la medida, tras la masacre de una familia en Campana.

Según precisó, de los 300 casos 22 fueron otorgados a imputados por delitos graves: 14 por violación, 3 por promoción de prostitución de menores de edad, 3 por homicidio, 1 por doble homicidio y el último por torturas seguida de muerte, "uno de los delitos más graves del Código Penal".

Este último caso es el de la ex policía Marta Jorgelina Oviedo, condenada a prisión perpetua en 2006 por haber torturado y asesinado a la detenida Andrea Viera. El caso es de una violencia tan extrema que, meses después, hasta un testigo del juicio fue asesinado.

Volviendo a Oviedo, cuando la condenaron recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, pese a la perpetua y de los delitos que se trataba. Oviedo tiene 46 años, no tiene hijos menores, no está enferma y recibió la gracia de una perpetua en su casa, se supone, sólo por el hecho de haber sido policía. Lo más grave es que los vecinos hablan de que "lleva una vida normal, sale todos los días y es normal verla en la calle".

"En base a casos como estos se resolvió sugerirle a cada uno de los jueces intervinientes que se revoquen las medidas dado que por la calificación de los delitos por los que se los investiga o por los que están detenidos o condenados, no existe garantía para la seguridad jurídica", aseguró Casal.

En el marco de la masacre de Campana, Casal ratificó que el gobernador Daniel Scioli resolvió incluir restricciones al otorgamiento de la excarcelación extraordinaria y morigeración de penas en los casos graves, en un proyecto de reforma al Código Procesal Penal, que está siendo analizado.

Casal volvió a referirse a la actuación "errónea" del juez Nicolás Schiavo, quien firmó la morigeración de la prisión preventiva para Angel Fernández, ahora acusado por la masacre de Campana, y rechazó sus argumentos sobre razones humanitarias.

"Al momento de dictar esta medida, Fernández estaba en plena etapa de libertad condicional, que había recibido en el 2002 por el 2 por 1. Cumplía condena de 25 años por triple homicidio en ocasión de robo, violación y lesiones gravísimas seguidas de muerte", sostuvo.

"Luego, en el 2005, violentó esa libertad con una tentativa de robo, donde también estaba imputada la víctima del homicidio (Sandra Rabago), y en el 2006 hubo un segundo procesamiento por tenencia de arma civil", aseguró.

Asimismo, dijo que "ni Schiavo ni el otro juez avisaron al tribunal oral que condenó a Fernández que éste había violado su libertad condicional. Evidentemente este episodio amerita que nos comuniquemos con los jueces y les hagamos saber nuestras sugerencias; después cada uno sabrá justificar o revocar la medida adoptada". Si bien aclaró que el jury deberá evaluar el accionar de Schiavo, Casal remarcó que el magistrado no pidió informes de concepto o psicológicos al Servicio Penitenciario y desmintió que hubiera habido una recomendación de la asesoría judicial para enviarlo a la casa.
También anunció que consultarán a los jueces sobre otro sistema sustituto de monitoreo, porque -insistió- la tobillera es una "barrera moral" y "no es aconsejable en violentos ni reiterantes".

"El epicentro de esta tragedia está centrado en la mala concesión de un arresto domiciliario. Como Poder Ejecutivo, somos los auxiliares en el cumplimiento de las órdenes judiciales, por lo tanto en ese rol tenemos el derecho a hacer la sugerencia para la revisión de las medidas", añadió.

Fuente: DYN